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Caso Pandeportes: indignación por posible impunidad

Contraloría y Ministerio Público, enfrentados por una auditoría del primero. Empresarios y sociedad reaccionan.

Incorrección no es sinónimo de delito

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Caso Pandeportes: indignación por posible impunidad

Sociedad civil, empresarios y atletas lamentaron que la investigación que adelanta el Ministerio Público sobre el caso del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) pudiera quedar impune tras la presentación de una auditoría de la Contraloría General de la República (CGR)  en la que no se hace mención sobre una posible lesión patrimonial contra el Estado.

Pese a que la auditoría halló incorrecciones en el manejo de más de $13 millones, el hecho de no hacer referencia a una posible lesión contra el Estado ha alertado a diversas organizaciones empresariales y civiles que exigen que el caso no quede impune.

Según la Contraloría, la auditoría aporta la “estructura necesaria” para que el Ministerio Público investigue.

La Fiscalía del caso anunció días atrás que pedirá otra auditoría, pero no se ha concretado.

‘Auditoría pone el caso en impunidad de facto’

La sociedad civil y figuras del deporte nacional deploraron ayer los resultados de una auditoría que presentó la Contraloría al Ministerio Público en el caso del manejo irregular de fondos entregados a federaciones y organizaciones deportivas por el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes).

Dicha auditoría describe una serie de “incorrecciones” en el manejo de los fondos por parte de 17 organizaciones seleccionadas por la Contraloría para llevar a cabo su auditoría. El informe no contiene mención alguna sobre una posible lesión patrimonial, pieza clave en el proceso penal que adelanta el Ministerio Público.

Sin embargo, la Contraloría defendió su auditoría en un comunicado: “Los elementos presentados en nuestra auditoría aportan el sustento y la estructura necesaria para que el Ministerio Público utilice los mismos para iniciar procesos, pues tal cual como lo señala nuestro informe de auditoría, se encontraron hallazgos donde más de $13,213,298.68 no cumplían con lo establecido por la ley, y así fue notificado en los resultados ”.

No obstante, la Contraloría indica que “el informe arroja suficientes elementos y hallazgos que servirán al Ministerio Público para iniciar nuevas investigaciones y apertura de los correspondientes casos penales”.

El comunicado no explica por qué la Contraloría no consideró en su auditoría la documentación que ofreció la Fiscalía, pese a que la falta de información fue una importante limitante en la investigación. La Contraloría previamente había respondido a la Fiscalía que no incluyó la información porque había cerrado la auditoría.

Fiscalía reacciona

La fiscal anticorrupción Leyda Sáenz expuso que una auditoría de la Contraloría es “importante y un elemento de convicción valioso dentro de un delito contra la administración pública... En la auditoría no se menciona nada de los implementos deportivos que no llegaron a su destino y que no hay evidencia de haber sido recibido”.

“No estamos satisfechos [con la auditoría], ya que en esta auditoría se establecen algunas limitaciones [como el acceso a la información] y nosotros pusimos a disposición la información del allanamiento al señor Contralor y esta información no fue evaluada; así lo manifiesta [la Contraloría] en la auditoría de cumplimiento”, indicó la fiscal del caso.

Reacciones en contra

Es “inaceptable” que “la institución que está llamada a garantizar el buen uso de los recursos del Estado realice un trabajo de auditoría tan pobre y que, incluso, ignore la información ofrecida por el Ministerio Público producto de allanamientos” a Pandeportes, se quejó el Movimiento Independiente (Movin).

La falta de la determinación de la lesión pone el caso “en una impunidad de facto”, afirmó la directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Olga de Obaldía, quien dijo no entender por qué la Contraloría no consideró los hallazgos de la fiscalía.

Para Diego Castillo, del Comité de Atletas, la pelota pasa de un lado a otro mientras hay chicos que perdieron sus sueños pues los implementos no llegaron a su comunidad.

Otro decepcionado fue el futbolista Juan Ramón Solís. Dijo que con todas las pruebas, más las diligencias del Ministerio Público, era una buena oportunidad para marcar un precedente, pero con este resultado todo podría volver a repetirse.

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) indicó que la sociedad civil quisiera ver que las entidades de control ejerzan su rol y recordó que en el caso Pandeportes se ventilaron bates e implementos carísimos y que no fueron entregados.“Preocupa que quede en el aire y que no pueda concluir la auditoría por no tener la documentación adecuada”, dijo su presidenta Mercedes Eleta.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá indicó que espera que las investigaciones lleguen hasta las últimas consecuencias. “Es de nuestro entender que la auditoría de la Contraloría General de la República corresponde a una iniciativa de la institución y no por solicitud del Ministerio Público, por lo que, a falta de elementos, esperamos que la Procuraduría General de la Nación pueda solicitar lo que necesite para ampliar su proceso”.

Sin embargo, la auditoría tampoco se efectuó de oficio, como señala la Contraloría, sino a petición de la Fiscalía General de Cuentas.

Incorrección no es sinónimo de delito

En el sistema de justicia penal panameño existe la  “libertad probatoria”, es decir, que se pueden usar todas las pruebas legales para demostrar un hecho.  A pesar de esto, los jueces y magistrados mantienen la tradición de que para probar un peculado se necesita una auditoría de la Contraloría General de la República que demuestre la existencia de una lesión patrimonial al Estado.

En ausencia de esta determinación, el Ministerio Público tiene que recurrir a pruebas indirectas o, en ocasiones a, evidencias que validan la existencia de un acto que perjudicó el patrimonio estatal. Pero esto no siempre  es aceptado por los tribunales.

Usualmente, la primera defensa invocada por los abogados de los imputados es que no hay una auditoría que determine una lesión. El sabor de impunidad que deja esta actuación demuestra una vez más la fragilidad de las instituciones públicas en Panamá.

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