INVESTIGACIÓN JUDICIAL

Caso de Vernon Ramos no prescribirá

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Vernon Ramos desapareció en noviembre de 2012. Vernon Ramos desapareció en noviembre de 2012.
Vernon Ramos desapareció en noviembre de 2012.

La pesquisa que adelanta el Ministerio Público por la desaparición de Vernon Ramos no se archivará. David Mendoza, fiscal primero contra la Delincuencia Organizada, informó a este medio que investigan un delito contra la humanidad y esto, añadió, “tiene otras connotaciones”.

“Los delitos de lesa humanidad tienen otra connotación con respecto al tema de la prescripción”, explicó.

El numeral tres del artículo 116 del Código Procesal Penal establece: “en los delitos de terrorismo, contra la humanidad y desaparición forzada de personas, no prescribirá la acción penal”.

Ramos, quien laboraba en la Dirección de Auditoría de la Superintendencia del Mercado de Valores, desapareció en noviembre de 2012. Desde entonces su caso ha estado en manos de al menos cinco fiscales del Ministerio Público: Marcelino Aguilar, Roberto Moreno, Nahaniel Murgas, Rafael Baloyes y Mendoza.

¿DÓNDE ESTÁ VERNON RAMOS?

Vernon Ramos desapareció el viernes 16 de noviembre de 2012, entre la 1:30 p.m. y las 2:00 p.m., en los predios de su casa en Chanis, en la capital. Faltan pocos días para que se cumplan cinco años de ese hecho y no hay pistas sobre el paradero del hombre que fungió como subdirector de análisis financiero de la Dirección de Auditoría de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

La Fiscalía contra la Delincuencia Organizada del Ministerio Público, a cargo del fiscal David Mendoza, sigue buscando información para determinar ¿dónde está? y ¿qué fue lo que pasó?

Por lo pronto, Mendoza asegura que el expediente no se cerrará, y que investigan un delito contra la humanidad y eso, argumentó, “tiene otras connotaciones por el tema de la trascendencia”.

“Los delitos de lesa humanidad tienen otra connotación respecto al tema de la prescripción. (...) Lo importante es que el Ministerio Público no ha archivado el caso (...) lo mantiene como un expediente activo”, explicó el fiscal Mendoza.

El numeral 3 del artículo 116 del Código Procesal Penal establece que “los delitos de terrorismo, contra la humanidad y desaparición forzada de personas no prescribirán”.

Mientras, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en un cuadernillo de jurisprudencia de derechos humanos en el que analiza ampliamente la desaparición forzada y sus implicaciones, define a esta figura como: “la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado. Seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”.

La Corte IDH también advierte que este delito será considerado como permanente mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima.

Este tribunal advierte también que los Estados tienen la obligación de no practicar ni tolerar la desaparición forzada de personas en cualquier circunstancia, y de sancionar a los responsables de la misma en el ámbito de su jurisdicción. Dice también que los familiares de las víctimas tienen el derecho, y los Estados la obligación, a que lo sucedido sea efectivamente investigado y se siga un proceso contra los presuntos responsables de los ilícitos.

EL MOMENTO

La desaparición de Ramos ocurrió en momentos en que formaba parte de un equipo de la SMV que adelantaba auditorías a la extinta casa de valores Financial Pacific (FP), que estaba en el ojo de la tormenta a raíz de un presunto desfalco de $12 millones.

Ramos, según contó en 2012 a este diario una fuente de la SMV, era la persona que debía refrendar los informes de auditoría, y si era necesario debía presentarlos a la fiscalía para su respectiva investigación.

LOS FISCALES

Desde su desaparición, al menos cinco fiscales del Ministerio Público han trabajado en el caso: Marcelino Aguilar, Roberto Moreno, Nahaniel Murgas, Rafael Baloyes y ahora David Mendoza.

Aguilar emprendió las primeras pesquisas. Gestionó, por ejemplo, los permisos ante la Corte Suprema de Justicia para inspeccionar el ordenador en el que trabajaba Ramos en la SMV.

Moreno pidió muestras de ADN a cuerpos no identificados que se encontraban en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, para determinar si alguno era el exfuncionario.

Murgas tramitó asistencias judiciales a otros países, entre ellos, Estados Unidos; le tomó declaración a varios testigos, y descartó la versión de un preso de la cárcel La Joya, quien aseguró que Ramos había sido asesinado y lanzado al mar.

Mientras que en noviembre de 2016 Baloyes contó a los medios de comunicación que en 2014 Ramos mantuvo una breve comunicación vía correo electrónico (Gmail) con un familiar, posiblemente fuera del país.

La circunstancia en la que desapareció: se despidió de su hijo homónimo, usaba ropa informal y se llevó pertenencias, de acuerdo con uno de los fiscales que ha manejado el caso, y que pidió el anonimato, es uno de los aspectos que más ha dificultado la pesquisa.

En tanto, Roberto Moreno, otro de los fiscales que ha tratado el expediente, asegura que “todo indica que se trata de una desaparición forzosa, y efectivamente esos delitos no prescriben y se pueden mantener bajo investigación”.

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