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Chong Chon Gang

Caso del buque tuvo fallas

La detención del barco se produjo luego de que las autoridades recibieron una alerta en la cual se establecía que contenía un cargamento de drogas.
Los tres marinos sindicados en este proceso aún se mantienen en la cárcel La Joya, luego de que el fiscal contra la delincuencia organizada, Roberto Moreno, presentara una apelación al fallo del juez. LA PRENSA/Archivo. Los tres marinos sindicados en este proceso aún se mantienen en la cárcel La Joya, luego de que el fiscal contra la delincuencia organizada, Roberto Moreno, presentara una apelación al fallo del juez. LA PRENSA/Archivo.
Los tres marinos sindicados en este proceso aún se mantienen en la cárcel La Joya, luego de que el fiscal contra la delincuencia organizada, Roberto Moreno, presentara una apelación al fallo del juez. LA PRENSA/Archivo.

La investigación relacionada con el hallazgo de un lote de armas y aviones de guerra Mig 21 dentro del barco norcoreano Chong Chon Gang, detenido en julio de 2013, parece haber fracasado por fallas en su manejo cometidas por los funcionarios de instrucción.

Esto se desprende de las consideraciones contenidas en el fallo del juez tercero penal, Carlos Villarreal, quien absolvió de los cargos al capitán Ri Yong Il, el primer oficial Hong Yong Hyon y al oficial político Kim Yong Gol, únicos tripulantes a quienes se les formularon cargos por el hallazgo de equipo de guerra encontrado en contenedores que se encontraban bajo 208 mil quintales de azúcar.

Según el juez Villarreal, la Fiscalía Primera de Drogas no era la competente para iniciar la investigación, ordenar allanamientos y tomar declaración a la tripulación del barco. Esto le correspondía a la Fiscalía Superior Especializada contra la Delincuencia Organizada.

También plantea que en el proceso no existe constancia que la Fiscalía de Drogas cumplió con el artículo 2179 del Código Judicial, que establece el mecanismo procesal para allanar una nave de abanderamiento extranjero, a saber, "para el allanamiento y registro de las casas y naves que conforme al Derecho Internacional gozan del beneficio de instrucción, se pedirá autorización al respectivo agente diplomático, por oficio, en el cual le rogará que conteste dentro de 24 horas, este oficio será remitido por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores".

El citado artículo plantea además que "si el agente diplomático niega su autorización o no contesta dentro del término indicado, el funcionario de instrucción se abstendrá de practicar el allanamiento, pero podrá tomar medidas de vigilancia que se expresan en este código".

El juez también cuestionó que tampoco se atendió lo que indica el artículo 2189, que dice "Para el registro de las casas de cónsules y oficinas de los cónsules o naves mercantes extranjeras, el funcionario dará aviso al cónsul respectivo".

En ese aspecto plantea que si bien es cierto Corea del Norte no tiene representación diplomática en Panamá, entonces a falta de ello se utiliza la vía diplomática de un país amigo, que en este caso es Cuba.

En su fallo, el juez también concluye que en este caso los tripulantes jamás debieron ser detenidos, ni la embarcación retenida, ni el azúcar decomisada, porque violaron derechos internacionales, diplomáticos y el debido proceso.

En su análisis el juez estimó que si se violan normas de carácter internacional por la posesión de armamento de guerra, la autoridad competente para establecer algún tipo de sanción sería al Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas.

A su juicio, las disposiciones que habría violado el Chong Chon Gang son de carácter internacional, y por ende escapan de la esfera interna y judicial de Panamá.

El juez concluyó que no se logró la perfección del delito de posesión y tráfico de armas, por lo que absolvió a los tres tripulantes del Chong Chon Gang que permanecían bajo arresto.

Se violó el debido proceso

El abogado Julio Berrío, representante legal de los marinos del Chong Chon Gang, sostiene que el Ministerio Público violó el debido proceso, ya que hubo una sanción administrativa, y no se podía realizar un doble juzgamiento.

Según Berrío, tras cancelar la multa de 693 mil con 33 dólares impuesta por la Autoridad del Canal de Panamá, el barco y su tripulación no podían ser sometidos a un segundo proceso.

También explicó que en este caso ni el capitán ni el resto de la tripulación conocían el contenido de los contenedores en donde se encontró el material bélico.

A su juicio, la tripulación del barco solo cumplió órdenes de transportar una carga de Cuba hacia Corea del Norte, sin el conocimiento del contenido de los contenedores, ya que fueron cargados sin su supervisión.

Juan Manuel Díaz C.

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