Caso de ‘call center’ de CD será devuelto a la fiscalía

La apelación que presentó María Cristina González debe ser enviada al Segundo Tribunal Superior para que tome una decisión.

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En el edificio H2O de avenida Balboa funcionó el centro de llamadas de Cambio Democrático. En el edificio H2O de avenida Balboa funcionó el centro de llamadas de Cambio Democrático.
En el edificio H2O de avenida Balboa funcionó el centro de llamadas de Cambio Democrático.

El Juzgado Decimotercero Penal concedió la apelación presentada por la exdirectora del Servicio Nacional de Migración María Cristina González, en el proceso seguido a ella y a otras cinco personas por la operación de un centro de llamadas (call center) pagado con fondos públicos para hacer proselitismo político a favor del partido Cambio Democrático (CD).

En resolución del 22 de diciembre, el juzgado admitió la apelación que presentó Roniel Ortiz, abogado de González, en contra de la prórroga dada a la Fiscalía Segunda Anticorrupción para continuar las investigaciones.

La jueza Alina Hubieda concedió la apelación “en efecto devolutivo”.

Según fuentes judiciales ello significa que el recurso será resuelto por el Segundo Tribunal Superior, pero el expediente será enviado a la fiscalía para seguir las investigaciones por supuesto peculado.

El juzgado fijó un edicto el pasado 23 de diciembre para notificar a las partes por cinco días hábiles. El expediente será enviado a la fiscalía en el mes de enero, una vez sea desfijado el edicto.

Mediante resolución del 3 de diciembre pasado, el juzgado había concedido la solicitud de prórroga pedida por la fiscal Lizzett Chevalier en el mes de noviembre.

Además de González, están acusados por este caso Luis Eduardo Camacho González, exviceministro de Comercio Interior; Giancarlo Terán Rebolledo, exfuncionario de esa entidad; Daphne Burgos, Plinio Samaniego y Rodrigo Ureña.

Además de la apelación, el juzgado debe resolver dos recursos presentados por González: un incidente de nulidad y otro de preclusión de la investigación.

Este proceso fue iniciado de oficio por la fiscalía, luego de que Terán declarara en los medios de comunicación, que recibía dos salarios del Ministerio de Comercio e Industrias y de la Asamblea Nacional, pero que trabajaba en el call center de CD.

Según Terán, el call center operaba en el edificio H2O de avenida Balboa y en este se hacía proselitismo político en contra de opositores de CD.

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