procesos de alto perfil

Casos de corrupción, con saldo agridulce para la justicia

La mayoría de las condenas y sobreseimientos han sido apelados por la defensa legal de los imputados y por el Ministerio Público. El Órgano Judicial tiene la última palabra.

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Condenas y sobreseimientos. Condenas y sobreseimientos.
Condenas y sobreseimientos. Infografía - LP

Hasta la fecha, la lucha contra la corrupción en el país deja un resultado agridulce.

De los más de 30 casos de alto perfil en los que se investiga presunta corrupción a exfuncionarios del pasado gobierno y a funcionarios del actual, solo en seis se han dictado sentencias condenatorias, y otros ocho se han decretado sobreseimientos definitivos o provisionales.

Uno de los primeros

En septiembre de 2015, el Juzgado Primero Penal condenó a cinco años de prisión a Ignacio Nacho Fábrega De Obarrio, exdirector de Supervisión de la Superintendencia del Mercado de Valores, por corrupción de servidores públicos.

Fábrega se declaró culpable de suministrar información confidencial a la extinta casa de valores Financial Pacific. Hoy en día, paga su condena con trabajo comunitario en la junta comunal de Calidonia.

Ese mismo año, en diciembre, el juez Duodécimo Penal, Óscar Carrasquilla, condenó a cinco años y tres meses meses de prisión a Gustavo Pérez, exjefe de la Policía Nacional y del Consejo de Seguridad Nacional (CSN), por posesión ilegal de armas de fuego. La sentencia fue apelada ante la Sala Penal de la Corte.

Para esa misma fecha, el Juzgado Decimosexto Penal dictó sentencia de condena de tres años y medio de prisión contra Grimaldo Córdoba, exdirector de Promoción de Salud del Ministerio de Salud, por el ejercicio ilegal de la profesión de medicina. Córdoba era funcionario del gobierno de Juan Carlos Varela. La sentencia está en casación en la Sala Penal.

En 2017 hubo otro fallo condenatorio. El 14 de diciembre , Zaida Cárdenas, titular del Juzgado Décimo Penal, sentenció a dos años de prisión al exdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI) Luis Enrique Cucalón por abuso de autoridad en perjuicio de Digicel. Cucalón apeló.

En junio de 2018, el alcalde de Arraiján, Pedro Sánchez Moró, y el jefe de Recursos Humanos de ese municipio, Omar Rugliancich, fueron condenados a siete años de prisión e inhabilitación de funciones públicas por cinco años por el delito de peculado. Los funcionarios también apelaron.

Mientras, el 14 de este mes, la jueza primera penal, Águeda Rentería, dictó sentencia de ocho años de prisión contra Luis Enrique Cucalón, exdirector de la DGI, por los delitos de peculado y corrupción de servidores públicos. Cucalón aún no ha anunciado si apelará.

Sobreseimientos

Entretanto, en diciembre de 2015, el juez Decimoquinto Penal, Leslie Loaiza, dictó un sobreseimiento definitivo a favor de los exministros Lucy Molinar (Educación) y Federico Suárez (Obras Públicas), y de las exviceministras María Fábrega (Presidencia) y Marta Susana de Varela (Desarrollo Social) en el caso relacionado con la compra de comida deshidratada por $44.5 millones a través del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN).

Por otro lado, la investigación por la posible comisión del delito de blanqueo de capitales relacionado con el enriquecimiento injustificado del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Alejandro Moncada Luna nunca llegó a los tribunales, pues el Segundo Tribunal Superior lo anuló el 23 de septiembre de 2016.

En este caso se investigaba a 15 personas, entre ellas, al directivo de la Autoridad del Canal de Panamá Nicolás Corcione y el exvicepresidente Felipe Pipo Virzi.

Ese mismo año, el Juzgado Undécimo Penal sobreseyó provisionalmente a Miguel Ángel Herrera, Martha Herrera Marcos y Roberto Delgado Herrera, investigados como parte del proceso que se sigue al exministro de Desarrollo Social Guillermo Ferrufino, por supuesto enriquecimiento injustificado.

El 2 de junio de 2017, el Juzgado Decimoquinto Penal sobreseyó provisionalmente al exministro de Economía y Finanzas Frank De Lima, a la ex secretaria ejecutiva de la Junta de Control de Juegos Giselle Brea, y al exsubcontralor de la República Luis Felipe Icaza, en el proceso por supuestas anomalías en el contrato para la operación del bingo televisado Buko Millonario.

En junio pasado, la jueza octava penal, Leira Terán, decretó un sobreseimiento definitivo en el caso de las bolsas navideñas compradas a través del PAN. El fallo favoreció a Pablo Ruiz Obregón, Suleyka Chérigo, Flor Amarilis Morales, Gustavo Barría, Leslie Torres, Aldo Mangravita y Julio Chen. La fiscalía apeló.

En tanto, el juez Loaiza dictó en julio pasado sobreseimiento definitivo para 16 personas en la investigación por la compra de mochilas con dinero del PAN. El Ministerio Público anunció apelación al fallo.

En agosto pasado, el mismo juez Loaiza dictó un sobreseimiento definitivo a favor del excandidato a diputado de Cambio Democrático por el circuito 6-2 (Pesé, Los Pozos y Parita) Heriberto Yunito Vega, y del exdirector del PAN Giacomo Tamburrelli, investigados por proyectos viales en Herrera con fondos del PAN. El MP apeló.

Asimismo, el 22 de agosto pasado, el Juzgado Decimocuarto Penal sobreseyó definitivamente a 22 personas imputadas por la supuesta comisión del delito de peculado en perjuicio de la Caja de Ahorros.

Este sobreseimiento favoreció al expresidente de la junta directiva de la entidad bancaria Riccardo Francolini, al exgerente del banco Jayson Pastor, y al exvicepresidente Felipe Pipo Virzi. La fiscalía apeló.

Acuerdos de pena

El 9 de noviembre de 2016, el Juzgado Duodécimo Penal validó tres acuerdos pactados entre el MP y ejecutivos de Odebrecht: André Rabello, Olivio Rodrigues Junior y Luiz Eduardo Da Rocha Soares. Los delatores señalaron a los funcionarios y particulares que recibieron coimas de la constructora brasileña.

A su vez, Loaiza homologó en diciembre de 2017 el acuerdo de pena entre el exjefe del PAN Rafael Guardia Jaén y el MP, en el que este último fue condenado a cinco años de prisión. Guardia Jaén estuvo tres años detenido provisionalmente.

En mayo pasado, el Segundo Tribunal revocó parcialmente el acuerdo pactado con Guardia Jaén para excluir la devolución de cuentas bancarias y algunas propiedades decomisadas al exfuncionario.

Casos pendientes

Entre los casos de alto perfil pendientes de fallo está el de los pinchazos, cuya audiencia se celebró a inicios de este mes en el Juzgado Decimosexto Penal. Son procesados Alejandro Garuz y Gustavo Pérez, exjefes del CSN.

El resto de los casos de alto perfil que lleva el MP está, en su mayoría, pendiente de audiencia preliminar y en fase de investigación.

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