Cerca del fin del gobierno paralelo

Pedro M. González, Luis Barría, Zulay Rodríguez y Samir Gozaine. LA PRENSA/Jorge Fernández. Pedro M. González, Luis Barría, Zulay Rodríguez y Samir Gozaine. LA PRENSA/Jorge Fernández.
Pedro M. González, Luis Barría, Zulay Rodríguez y Samir Gozaine. LA PRENSA/Jorge Fernández.

El llamado pacto de gobernabilidad se reactivó con la aprobación en primer debate del proyecto de ley 3 que elimina el llamado gobierno paralelo.

Luego de enfrentar algunos escollos, la iniciativa se discutió en la comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional.

La propuesta presentada por el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, busca reducir a cinco años el nombramiento de directivos de entidades a las cuales se les extendió el período más allá de 2014.

Estas reformas se hicieron en la gestión del expresidente Ricardo Martinelli, y cobijan a la Autoridad Nacional de Ingresos Públicos (Anip), la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, la Autoridad Panameña de Pasaportes, la Secretaría de la Cadena de Frío, la Autoridad Marítima de Panamá, el Aeropuerto Internacional de Tocumen, la Empresa Nacional de Autopistas, la Agencia Panamá Pacífico, el Banco Hipotecario Nacional y la Autoridad de los Servicios Públicos.

Otras autoridades fueron incluidas en las modificaciones en este primer debate, entre ellas el director y subdirector del Cuerpo de Bomberos de Panamá, directivos del patronato Sume 911, al igual que el fiscal de Cuentas. Su período también era de siete años.

El proyecto fue avalado por los diputados de diversas fuerzas políticas: Leandro Ávila, Zulay Rodríguez y Pedro Miguel González, del Partido Revolucionario Democrático (PRD); Luis Barría, y Edison Broce –suplente de Luis Eduardo Quirós–, del Partido Panameñista; y Ana Matilde Gómez, independiente.

Cobranzas del Istmo

Durante el debate en la comisión de Gobierno, la perredista Zulay Rodríguez presentó una propuesta para plasmar en la ley la suspensión del contrato entre la Anip y la empresa Cobranzas del Istmo, encargada de recaudar los impuestos de los contribuyentes.

La diputada se mostró a favor de una petición del abogado Miguel Antonio Bernal de que se declarase inconstitucional ese contrato, tal cual ocurrió con la Ley 24 del 8 de abril de 2013. Esta norma creó la Anip, entidad dirigida por Luis Cucalón.

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