INVESTIGACIÓN

Cierran caso por presunto pago de coimas en contrato

Por intervención de correos electrónicos a directivos de Inassa, se detectaron supuestos pagos de coimas.

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El juzgado consideró que no se pudo conocer la lesión al Estado. Archivo - El juzgado consideró que no se pudo conocer la lesión al Estado. Archivo -
El juzgado consideró que no se pudo conocer la lesión al Estado. Archivo -

El Juzgado Decimocuarto Penal dictó un sobreseimiento definitivo en la investigación por presunta corrupción en la adjudicación del proyecto para construir el alcantarillado de La Pintada, Penonomé, a un costo de 4.9 millones.

El contrato fue adjudicado por el Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible (Conades) en 2013 a un consorcio integrado por dos empresas españolas: Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios, S.A. (Inassa) y Compañía Levantina de Edificación y Obras Públicas (Cleops).

Según un fallo de la jueza Vilma Urieta, con fecha del pasado 11 de julio, el proceso no prosperó debido a que la Contraloría General de la República no entregó una auditoría del caso, a pesar de que a la Fiscalía Anticorrupción de Descarga, que investigó el caso, se le concedió una prórroga de dos meses para terminar la instrucción.

De acuerdo con Urieta, sin la auditoría no se puede conocer verdaderamente si hubo una lesión al Estado y la vinculación de sus posibles partícipes.

Una investigación en España

El fallo destaca que tampoco se pudo conocer el estado de asistencias judiciales solicitadas al Reino de España y a Islas Vírgenas Británicas.

Las autoridades españolas abrieron en 2016 una investigación a Inassa por presunto pago de coimas para la adjudicación de contratos de obras públicas en Panamá, conocido como el “caso Lezo”.

En esa pesquisa se identificaba a un alto ejecutivo de Inassa como el responsable de las presuntas coimas entregadas a funcionarios panameños.

Algunas de las evidencias recabadas por las autoridades de España son correos electrónicos de Inassa, los cuales levantaron sospechas sobre el supuesto pago de sobornos a intermediarios para adquirir los contratos.

En junio de 2017 Conades rescindió el contrato a Inassa y la inhabilitó para contratar con el Estado por dos años a partir de esa fecha.

Vea también:

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