DOS INVESTIGACIONES, UN ESCÁNDALO

Cierran filas con el regulador

Exigen que la Corte Suprema se pronuncie sobre el amparo de garantías presentado por los directivos de Financial.

“Compartimos la preocupación por el caso Financial Pacific”. Así se expresó ayer Felipe Chapman, presidente de la Bolsa de Valores de Panamá (BVP), en una conferencia de prensa celebrada en las oficinas de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

La reunión tenía como fin dar una señal pública de respaldo a la SMV ante las actuaciones legales relacionadas con la casa de valores Financial Pacific (FP).

Esta empresa ha estado en el centro de una tormenta de denuncias penales y resoluciones administrativas, luego de que se descubriera un desfalco de $14 millones que, según sus directivos, fueron sustraídos por Mayte Pellegrini, una exempleada de FP.

Luego de que la SMV ordenara la reorganización de la casa de valores, el 16 de octubre del año pasado, los directores de Financial Pacific, West Valdés e Iván Clare Arias, lograron que la Corte Suprema de Justicia admitiera el 6 de noviembre un amparo de garantías, y así se ordenara la suspensión del proceso administrativo.

Desde este momento, la licencia operativa de la empresa ha sido suspendida en cuatro ocasiones, impidiendo la compra y venta de valores en el mercado.

Chapman, sentado ayer al lado del titular de la SMV, Alejandro Abood, indicó que cuantitativamente el mercado de valores no se ve amenazado por las irregularidades en FP, que maneja una cartera de $135 millones.

Esta cartera administrada por la empresa representa menos de una fracción de un 1% del mercado de valores de Panamá. Sin embargo, sí dijo que los efectos cualitativos del manejo de este caso pueden tener ramificaciones importantes.

El giro de este caso tomó más notoriedad la semana pasada, cuando los directores de FP interpusieron una querella penal contra Abood, convirtiendo al investigador en el investigado.

Abood es señalado por la supuesta comisión de los delitos de abuso de autoridad e infracción de los deberes del servidor público.

El mercado reacciona ante esta actuación; y Roberto Brenes, gerente de la BVP, indicó que detrás de la denuncia contra el superintendente habría interés de sacar a Abood de su puesto.

Así, el primer día hábil de esta semana los representantes de los gremios financieros y comerciales claves del país decidieron cerrar filas.

En la conferencia de prensa se hallaban miembros de la Cámara de Comercio, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, del Colegio Nacional de Abogados, y de la Cámara Panameña del Mercado de Capitales, entre otros.

Según Chapman, el encuentro fue pactado para “generar conciencia ciudadana” sobre la situación.

De acuerdo con el presidente de la BVP, los clientes extranjeros están viendo con “muchísima atención cómo Panamá maneja este caso, ya que sirve como ejemplo”, recalcando que la “institucionalidad financiera es importantísima”.

Chapman aprovechó la cita para hacerle un llamado a la Corte. Su máxima autoridad, Alejandro Moncada, admitió hace 68 días el amparo de garantías interpuesto por FP, y todavía no se ha dictado un fallo, cuando la ley establece que eéste debe emitirse en un período de dos días después de su admisión.

Chapman comentó que al mercado “lo que le gustaría ver es que la Corte se pronuncie [sobre el tema]”.

A su juicio, el caso debe ser manejado con prudencia por los efectos negativos que podría tener en la reputación del mercado.

La SMV, representada por Abood, también reaccionó ayer. La entidad emitió un comunicado en el que busca esclarecer la situación de la entidad y defender su actuación. Según la nota, la SMV decidió reorganizar la casa de valores, una “medida [que] ha sido exitosamente aplicada en el pasado” y que “no representa de ninguna forma una sanción para la empresa o sus administradores”.

Abood indica que “indistintamente de la medida de reorganización, Financial Pacific enfrenta en este momento múltiples investigaciones administrativas [las cuales] siguen su curso, ya que no se encuentran paralizadas debido al amparo admitido en la Corte”.

Aclaró que “en este momento existen tres acciones penales relacionadas con el caso” y que la SMV confía en “que las autoridades competentes aplicarán la ley objetivamente en las tres acciones”.

Concluye el comunicado indicando que la SMV busca “garantizar la eficiencia y transparencia del mercado de valores panameño y la salvaguarda de los recursos económicos de los inversionistas de Financial Pacific”.

Admiten querella contra Abood Alfaro

El Ministerio Público (MP) admitió ayer la querella penal presentada el pasado 10 de enero por los directivos de la casa de valores FP contra el titular de la SMV, Alejandro Abood Alfaro, por abuso de autoridad, a pesar de que los abogados de la Superintendencia señalaron que esta no procedía porque no se había aportado el requisito de la prueba sumaria.

Fuentes del MP informaron que la entidad acogió esta acción legal basándose en el Código de Procedimiento Penal, que establece que en los casos cuyo juzgamiento sea facultad de la Corte se elimina la exigencia de la prueba sumaria. Abood Alfaro, por ser un funcionario con mando y jurisdicción a nivel nacional debe ser investigado por la procuradora de la Nación, Ana Belfon, y la terminación del proceso debe ser conocida por la Sala Penal de la Corte.

Al respecto, Rolando Rodríguez, abogado de FP, explicó que la Ley 63 de 2008, que establece la entrada en vigencia del sistema penal acusatorio en septiembre de 2011, indica que los casos que deben ser conocidos por el pleno y la Sala Penal de la Corte no necesitan de prueba sumaria en procesos contra servidores públicos.

Añadió que de manera equivocada los abogados de Abood Alfaro indicaron que esta querella tenía que estar respaldada por la prueba sumaria basados en lo estipulado en el Código Judicial, cuando lo que imperaba eran las normas que rigen para estos casos en el sistema penal acusatorio.

Abilio Batista, que el pasado jueves presentó un poder para representar a Abood Alfaro, señaló que esta acción debería ser archivada porque no se incluyó la prueba sumaria a la que se refiere el artículo 2467 del Código Judicial. Este artículo indica que al promover una “querella por delito o denuncia de la clase a que se refiere el artículo 2464 (abuso en el ejercicio de sus funciones oficiales o por falta de cumplimiento de los deberes de su destino), deberá acompañar la prueba sumaria de su relato. En caso contrario o si tal prueba no constara por otro medio cualquiera, se ordenará su archivo”.

Ayer, Rodríguez también presentó un incidente de recusación ante la junta directiva de la SMV en contra de Abood Alfaro. Rodríguez alega que Abood Alfaro “debió declararse impedido, ya que concurrió ante el Ministerio Público a poner denuncias”, acción que, según el abogado, demuestra un descuido en la “imparcialidad de la investidura que tiene”.

ELIO NÚÑEZ

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