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Citan a alcaldes que apoyan a Cataluña

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La Fiscalía General española ordenó ayer, miércoles, citar a los más de 700 alcaldes catalanes que han respaldado un referendo de independencia que Madrid dice es ilegal.

El organismo sostuvo que cualquier conducta de autoridades, funcionarios o particulares relacionada con los actos de organización de la consulta podría incurrir en los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos, penado este último con hasta ocho años de prisión.

La orden llega después de que más de 700 alcaldes hicieran público su apoyo a la celebración de la consulta secesionista a través de una página web y se comprometieran a ceder locales para celebrar el referendo, al que se opone el Gobierno español y fue suspendido por el Tribunal Constitucional.

El fiscal general, José Manuel Maza, ordenó que en caso de que los alcaldes se nieguen a comparecer para declarar, los Mossos d'Esquadra (policía regional catalana) deberán detenerlos.

La Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), que aglutina a estos regidores, reaccionó sorprendida ante un hecho que considera “sin precedentes”.

“Los alcaldes continuaremos haciendo lo que hemos hecho hasta ahora, que es estar al lado de la gente de nuestros pueblos, estar al lado del Parlament y del Govern para hacer aquello que una gran parte de la ciudadanía pide, poderse expresar en las urnas”, dijo Neus Lloveras, presidenta de la AMI y alcaldesa de Vilanova i la Geltrú. “No tenemos nada que esconder, cuando tengamos que ir a declarar, declararemos”, agregó.

El Tribunal Constitucional suspendió, a petición del Gobierno central, la ley y convocatoria del referéndum de independencia, advirtiendo a las autoridades regionales y municipales de que no participaran en la consulta. En otro revés judicial al plan de la Generalitat (gobierno regional catalán) de realizar la consulta, el TC dio ayer, miércoles, 48 horas para que la Sindicatura Electoral catalana -encargada de la planificación de la jornada de votación- informe sobre las medidas adoptadas para cumplir la suspensión cautelar del referendo.

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