RESIDENCIAL QUE TRANSFORMARÍA LA CALZADA DE AMADOR

Ciudad Marina traería mayor contaminación para Amador

El relleno para obras residenciales sería el primero de múltiples, que convertirían la calzada en un complejo de edificios.

Los creadores del plan maestro para el desarrollo de un proyecto turístico en Amador se lamentan.

El objetivo sociocultural que motivó a sus creadores se ha tergiversado para dar lugar a un proyecto residencial llamado “Amador Ciudad Marina” que, a su juicio, sería el comienzo de múltiples proyectos inmobiliarios en una zona que es de uso recreativo para todos los ciudadanos.

La propuesta de Maritime City, S.A. de rellenar 36.8 hectáreas de fondo marino para construir islotes que albergarán, al menos, 19 rascacielos y 60 lotes para residencias individuales, así como una marina privada, rompe el concepto de la calzada de Amador.

El representante legal de la empresa, Mario Bárcenas Chiari –hijo de Rafael B. Bárcenas, amigo personal del presidente, Ricardo Martinelli–, presentó para su evaluación en su estudio de impacto ambiental (EIA) un complejo turístico, aunque mucho más del 50% de los rellenos está destinado al uso residencial.

El único uso que no es residencial es un hotel con casino y locales comerciales a sus costados.

El concepto de Amador como zona turística buscaba desarrollar en las islas proyectos de muy bajo impacto a fin de conservar sus delicados ecosistemas: El desarrollo de proyectos de medio impacto se volcaría en tierra firme, específicamente hasta donde se ubica el actual museo de la Biodiversidad.

También se planteó que el transporte a las islas fuera público para evitar el congestionamiento vehicular, explicó el arquitecto Ricardo J. Bermúdez, quien diseñó el plan maestro original de Amador en 1996, para la extinta Autoridad de la Región Interoceánica.

El ambicioso proyecto comenzaría en el museo de la Biodiversidad y terminaría casi contiguo a la isla de Naos, con vista a la ciudad y al Canal de Panamá.

Precedente PELIGROSO

El plan maestro original especificó una altura máximo de dos pisos para comercios y cinco para hoteles, y proscribe los proyectos residenciales.

Maritime City presentó para su evaluación a la Autoridad Nacional del Amabiente (Anam) su EIA el 18 de enero pasado. Ya debería conocerse si cumple con los requisitos para su admisión y análisis, pero la institución se ha negado desde hace días a responder a este medio si lo ha hecho.

Si la Anam admite y aprueba el proyecto, se abriría la puerta para que la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) le conceda el uso de fondo marino, un trámite que se adelanta desde abril de 2011, cuando se presentó por primera vez “Amador Ciudad Marina”.

“Me preocupa muchísimo la informalidad en el manejo del fondo mar”, se quejó Bermúdez. El arquitecto opina que se crearía un precedente y nada impediría que un tercer grupo solicite hacer lo mismo en esa zona.

“Vamos a terminar con la ciudad de Panamá pegada tanto a Taboga como a Contadora y Saboga, a punta de rellenos”, dijo.

Aunque dejó claro que no se opone a las inversiones o la empresa privada, “estoy en contra de que prime el bien particular sobre el bien común, y en este caso se estaría afectando el bien común de una manera peligrosa y sensitiva”, concluyó

Nicolás Ardito Barletta, exadministrador de la antigua Autoridad de la Región Interoceánica y propulsor del plan maestro turístico de Amador, también rechaza la iniciativa.

“No me parece conveniente. Disminuye la vista, altera el propósito recreativo turístico de Amador, aumenta excesivamente la densidad de población. No genera servicios de exportación”, indicó.

Contaminación

Maritime City, S.A. admite en su EIA que será obstruida la vista de la ciudad de Panamá, bordeada por la bahía, una de las más lindas que tienen los ciudadanos desde la calzada de Amador.

El promotor propone mitigar el daño de obstruir la visibilidad creando parques y espacios “públicos”, aunque en los planos se muestran restringidos por una garita para sus residentes.

El EIA de la “Ciudad Marina” expone que se saneará el área eliminando desechos y que se limpiarán las aguas adyacentes al proyecto.

La Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA) –que dijo que este proyecto ya había sido expuesto al colegiado– le hizo múltiples críticas, como que el sistema sanitario de Amador y su planta de tratamiento no está funcionando correctamente y las aguas residuales se vierten directo al mar, por lo que desarrollar más proyectos con esta situación sería “lamentable”.

Precisamente, el EIA expone que durante la operación de la “Ciudad Marina”, las aguas residuales domésticas serán conducidas por medio del alcantarillado interno del proyecto al sistema de tratamiento existente en la calzada de Amador, el mismo que, según la SPIA, no funciona adecuadamente.

El EIA precisa que habrá impactos positivos, como la generación de mil 500 empleos directos y 5 mil indirectos, aunque tal afirmación no está sustentada.

Otro impacto “positivo”, según el EIA, es que se ampliará a cuatro carriles la calzada de Amador y que el Estado no tendrá que pagar por ello.

No menciona, empero que la densidad de población que generarán los condominios, las residencias, el hotel y los locales comerciales suponen la necesidad de ampliar la calzada de Amador dado el tráfico vehicular que generará una ciudad de estas dimensiones, así como la necesidad de estacionamientos, que según dice el EIA, la empresa promotora construirá para uso público.

Gobierno niega información, pero hace reclamos a ´La Prensa´

La Presidencia emitió ayer un comunicado en en el que acusa a La Prensa de desarrollar el “inapropiado rol de opositor” porque “volvió a manipular la información sobre temas de gobierno”, refiriéndose al proyecto de la tercera fase de la cinta costera y una posible conexión con la vía que conduciría a un lujoso desarrollo inmobiliario en la calzada de Amador (ver facsímil).

Igualmente, poco antes, diferentes cuentas del partido Cambio Democrático publicaron en Twitter de forma simultánea un mensaje que decía: “Señores prensa.com no manipulen información. ¿Y así pretenden firmar el pacto ético? Sus periodistas carecen de imparcialidad y objetividad...”.

Este diario ha dirigido innumerables peticiones de información al Ministerio de Obras Públicas (MOP) –específicamente a su antiguo jefe, Federico José Suárez–, incluso a la empresa contratista Odebrecht, para conocer el diseño final de la cinta costera en su tercera fase, pero sistemáticamente ha sido negada con silencios o con promesas de entrega que nunca han sido respetadas.

Las peticiones de información se originaron luego de que el Gobierno convocó a una licitación para construir la tercera fase de la cinta costera, que fue adjudicada a Odebrecht por su amplia experiencia en hacer túneles, requisito que le sirvió para ganarle a sus competidores.

Pero luego el Gobierno decidió hacer un viaducto marino –rodeando el Casco Antiguo, Patrimonio de la Humanidad– aduciendo que sería más económico el proyecto, pero el monto del contrato no disminuyó un solo centavo.

Recientemente, Jaime Ford, el nuevo ministro de Obras Públicas, reveló que el relleno que se había proyectado hacer entre el último tramo de la segunda fase de la cinta costera y la sede de la Presidencia de la República se eliminó. Este relleno tampoco figuraba en los planes originales y se incluyó luego para ahora hacerlo desaparecer por órdenes del ministro, sin que se sepa cuánto se ahorrará el Estado por esta reducción de obras.

Este diario también ha intentado obtener información de la construcción de un cuarto puente sobre el Canal –que serviría para unir la Panamericana con la tercera fase de la cinta costera–, pero también ha sido inútil.

El hoy extitular del MOP Federico Suárez declaró en enero de 2012 que su gobierno licitaría la construcción de un cuarto puente sobre el Canal de Panamá y que estaba en busca del financiamiento para construirlo, pero en agosto de ese mismo año dijo que su gobierno dejaría licitado el puente para su eventual construcción en el próximo período presidencial.

El comunicado de la Presidencia concluye que La Prensa continúa “violando el derecho ciudadano de acceder a información veraz, libre de manipulaciones motivadas por intereses políticos o económicos”.

Pero lo cierto es que ha sido el Gobierno el que le ha negado sistemáticamente a este medio la información para que sea transmitida a los ciudadanos.

Rolando Rodríguez B.

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