INFORME DE S&P GLOBAL RATING

Clase media ataca la corrupción

Este grupo de la población de América Latina creció a 38% y ha presionado desde adentro las acciones corruptas.

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Las organizaciones de la sociedad civil, en conjunto con otros organismos, han protestado para exigir una administración de justicia transparente. Las organizaciones de la sociedad civil, en conjunto con otros organismos, han protestado para exigir una administración de justicia transparente.
Las organizaciones de la sociedad civil, en conjunto con otros organismos, han protestado para exigir una administración de justicia transparente. Archivo

Un mayor acceso a la información, a herramientas de comunicación y el crecimiento de la clase media durante la última década se han convertido en factores determinantes para que haya menos tolerancia a la corrupción en América Latina, admite un análisis de la agencia de calificación S&P Global Rating.

En el caso de Panamá, la organización plantea que la presión para atacar la corrupción “viene del extranjero y de dentro”.

El rápido crecimiento de la clase media ha aumentado la presión política interna para atacar la corrupción. A su vez, se ha complementado la presión externa de las organizaciones internacionales y de los Gobiernos extranjeros para fortalecer de manera similar el sistema financiero.

El reporte no habla de casos específicos ni menciona el cáncer de corrupción que se propagó por toda la región a través de Odebrecht. Sin embargo, la admisión del pago de sobornos por parte de los exdirectivos de esta empresa es lo que ha detonado las exigencias por parte de la ciudadanía.

En Panamá, parte de la presión de la que habla la calificadora se vio reflejada el pasado 31 de octubre, cuando representantes de grupos de la sociedad civil, gremios empresariales y ciudadanos en general se manifestaron en contra de la corrupción y la impunidad en el caso del pago de coimas por parte de Odebrecht.

“¡Queremos la verdad, no más impunidad!”, “¡Devuelvan el dinero, partida de coimeros!”, “¡Queremos la lista!”, gritaban los asistentes a la manifestación, que se dio justamente después de que el Juzgado Duodécimo Penal negara la prórroga de dos meses que solicitó la Fiscalía Especial Anticorrupción del caso Odebrecht, en la investigación relacionada por el pago de coimas a través de bancos suizos, y ordenó a la agencia de instrucción que remita el expediente con la vista fiscal “para no caer en violación del debido proceso”. Esto se ha puesto de manifiesto en casi todos los países de América Latina donde la población ha salido a denunciar los actos de corrupción cometidos por los gobernantes de turno y sus subalternos.

Aquí ha jugado un papel importante la utilización de las redes sociales para convocar a los encuentros o manifestaciones en las calles para rechazar la corrupción.

De acuerdo con los datos del Banco Interamericano de Desarrollo, la clase media creció a 38% de la población en América Latina en 2013, desde 24% en 2005.

“Las recientes revelaciones de actos indebidos en los niveles más altos de Gobierno en muchos países han contribuido a la creciente indignación pública y han afectado la formulación de políticas”, indica el documento.

La corrupción puede frenar la inversión privada, fomentar negocios ineficientes y limitar el crecimiento del producto interno bruto (PIB) del país.

En toda la región, añade, se observa una frustración pública cada vez mayor frente a la impunidad que se percibe de la clase política y de segmentos poderosos de la sociedad.

REGULACIÓN

Desde la visión de la calificadora, también se ha observado que algunas administraciones han aprobado leyes para combatir actos de corrupción.

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Clase media ataca la corrupción

Por ejemplo, menciona que “la actual administración del presidente Juan Carlos Varela ha respondido a los escándalos con el fortalecimiento de las leyes, regulaciones y organismos responsables de supervisar al sector financiero y de tomar medidas en contra del lavado de dinero y de la evasión fiscal”.

Para la agencia calificadora, Varela ha dado los pasos para controlar el uso de acciones al portador y ha llevado a sectores, como los de bienes raíces, agencias de remesas y abogados, dentro de una supervisión financiera más fuerte.

Hay que recordar que esta decisión responde a exigencias de organismos internacionales. Panamá firmó un convenio con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que agrupa a 35 países, para el intercambio automático de información fiscal con otros gobiernos.

Igualmente en muchos países latinoamericanos se aprobaron regulaciones para combatir la corrupción a través de un mejor acceso a la información, controles más estrictos sobre el lavado de dinero y el financiamiento de campañas, entre otros.

“Diversos líderes políticos de alto nivel en América Latina han sido acusados y encarcelados en años recientes, incluso expresidentes, lo que probablemente indica que el nivel de impunidad está bajando en gran parte de la región”, expresa el informe.

En este sentido señala que quizás el cambio institucional más grande ha sido el reportado en Brasil.

“El país reformó muchas leyes y prácticas a principios del siglo XXI para fortalecer y dar más autonomía a sus organismos judiciales y de investigación, y les asignó un presupuesto considerablemente mayor para hacer su trabajo”.

Para fortalecer la lucha contra la corrupción, Guatemala y Honduras empezaron a trabajar con organizaciones internacionales como la Organización de los Estados Americanos, las Naciones Unidas y la OCDE. Estas iniciativas derivaron en importantes cambios políticos en los años siguientes, añade.

PANAMÁ CON PIB ALTO

La agencia S&P destaca que en Panamá la corrupción también ha sido un importante problema político, pero su tasa de crecimiento del PIB no se ha afectado. En 2016 el PIB de Panamá fue de 5% y para 2017 se proyecta en 5.5%.

La correlación entre las percepciones de corrupción y el desempeño económico no es muy clara. Por ejemplo, tanto China (49) como India (47) tienen una mala clasificación en el “control de la corrupción” (COC, por sus siglas en inglés) del Banco Mundial. No obstante, Panamá y Bolivia, con sistemas políticos muy diferentes, se han beneficiado de un rápido crecimiento del PIB durante varias décadas, pero ambos tienen una clasificación relativamente mala en el COC.

“Hemos mantenido nuestra calificación de Panamá estable en BBB en los últimos años, lo que refleja su continuo crecimiento económico y la continuidad en las políticas económicas clave”, dice la calificadora.

Recuerda que las autoridades estadounidenses arrestaron al expresidente Ricardo Martinelli en Miami a mediados de 2017 y este está tratando de evitar la extradición a Panamá donde enfrenta cargos por corrupción e intervención telefónica ilegal.

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