JUSTICIA

Colombia sigue buscando el origen del conflicto armado

La JEP fija parámetros para la atención de las víctimas y la materialización de sus derechos,

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El exministro de Justicia de Colombia y gestor de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Yesid Reyes Alvarado, participó ayer en el XXIX Congreso Panamericano de Derecho Procesal del Instituto Panamericano de Derecho Procesal. El exministro de Justicia de Colombia y gestor de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Yesid Reyes Alvarado, participó ayer en el XXIX Congreso Panamericano de Derecho Procesal del Instituto Panamericano de Derecho Procesal.
El exministro de Justicia de Colombia y gestor de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Yesid Reyes Alvarado, participó ayer en el XXIX Congreso Panamericano de Derecho Procesal del Instituto Panamericano de Derecho Procesal. Cortesía

En Colombia, las huellas de medio siglo de conflicto armado están latentes. Los recuerdos de 250 mil muertos, 90 mil desaparecidos, 7 millones de desplazados, 9 millones de víctimas y 10 millones de delitos no se han borrado, y no es para menos.

Por ello, para enfrentar la ignominia surgió hace año y medio la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), mecanismo en el que se juzga a exguerrilleros, militares, agentes de Estado y civiles involucrados en el conflicto que desangró a Colombia.

Yesid Reyes Alvarado, exministro de Justicia de Colombia e impulsador de las JEP, sostiene que este mecanismo no se presta para la impunidad de quienes resulten culpables, idea que algunos esparcen.

Explicó que la justicia ordinaria no tenía ni tiene la capacidad de atender este tipo de delitos, que en medio de un conflicto armado son cometidos por una colectividad y no de manera individual.

“...nunca dejaré de defender los principios que han motivado al pueblo colombiano para que tengamos una paz con justicia...”.

Iván Duque Presidente de Colombia.

“Si hubiéramos dejado estos casos a la justicia ordinaria nunca conoceríamos las causas del origen y evolución del conflicto”, aseguró Reyes Alvarado, quien ayer participó en el XXIX Congreso Panamericano de Derecho Procesal del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, celebrado en un hotel de la localidad.

Objeciones

En marzo pasado, el presidente de Colombia, Iván Duque, objetó la ley que reglamentaba la JEP, pronunciamiento que provocó manifestaciones en el país suramericano.

La reparación económica de las víctimas, la suspensión de procesos de extradición, la selección de quienes podrían someterse a esta justicia especial y el rol de la justicia ordinaria frente a los tribunales de la JEP, eran los reclamos que hacía el mandatario.

La Cámara de Representantes y el Senado colombiano rechazaron los cambios que proponía Duque, por lo que el caso fue traslado a la Corte Constitucional, que mantuvo igual posición.

Por ello, en junio Duque tuvo que sancionar la ley tal y como fue aprobada en el proceso de paz con la guerrilla.

“La acato como colombiano y defensor de la legalidad”, dijo el presidente en esa oportunidad. “Pero nunca dejaré de defender los principios que han motivado al pueblo colombiano para que tengamos una paz con justicia, una paz en la que todos creamos”, agregó.

Avances

Reyes Alvarado detalló que a partir de la luz verde dada por Duque, la JEP ya cuenta con todas las herramientas legales para adelantar su trabajo, y está justamente avanzando en investigaciones, tanto de antiguos guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) como de integrantes de la Fuerza Pública, que están siendo investigados por la posible comisión de algunos delitos durante el conflicto armado.

Añadió que también se investigan casos de terceros que se han presentado voluntariamente ante la jurisdicción.

Desde hace año y medio la JEP tiene un plazo de 15 años para hacer su trabajo, manifestó el exministro de Justicia de Colombia. Mientras, continúan latentes las huellas del conflicto bélico.

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