CORRUPCIÓN

Colombia inicia período para elegir juez en sonado caso de Odebrecht

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Odebrecht y sus socios tratan de cobrar una inversión de mil 300 millones de dólares. Odebrecht y sus socios tratan de cobrar una inversión de mil 300 millones de dólares.
Odebrecht y sus socios tratan de cobrar una inversión de mil 300 millones de dólares.

Las medidas legales del gigante brasileño de la construcción Odebrecht, S.A. para recibir el pago por obras realizadas en una carretera de Colombia se han aplazado hasta el 11 de septiembre a fin de reemplazar al fallecido juez principal de arbitraje. Las obras se realizaron antes de la paralización del proyecto debido a un escándalo de soborno.

La Agencia de Infraestructura de Colombia, conocida como ANI, y el negocio local de Odebrecht, junto con sus socios, lograron una ampliación de 30 días el 9 de agosto para el caso de los trabajos realizados en Ruta del Sol 2, según personas cercanas a la decisión. Jorge Arango Mejía, el principal conciliador del panel de tres miembros del Centro de Arbitraje y Conciliación, falleció el mes pasado.

El panel otorgó una suspensión de 45 días a finales de junio.

El centro lleva tres años trabajando en el caso, debido a que las partes no han podido llegar a un acuerdo sobre la cifra que se pagará a la sociedad conjunta dirigida por Odebrecht.

Odebrecht y sus socios están tratando de recuperar su inversión en la vía de mil 300 millones de dólares; el contrato fue cancelado por el Gobierno de Colombia en febrero de 2017, después de que la empresa brasileña admitiese haber pagado un soborno para obtenerlo.

Henry Sanabria Santos, abogado representante de ANI, confirmó la autenticidad de la petición enviada al centro de arbitraje para prorrogar la fecha de elección del juez principal, pero rehusó ofrecer detalles adicionales. Ángel Castañeda, abogado de Ruta del Sol 2, no quiso hacer comentarios, al igual que Andrés Flórez Villegas, el letrado que representa a los siete bancos que financiaron el proyecto de la autovía. Odebrecht sobornó a docenas de funcionarios y ejecutivos colombianos para obtener seis contratos con el gobierno desde 2009 a 2014, dijo el fiscal general Néstor Humberto Martínez.

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