piden a varela participación ciudadana

Comisión de Estado demanda consultas sobre elección de magistrados

El presidente Juan Carlos Varela aseguró que ‘no hay tiempo’ para consultas ciudadanas. Grupos civiles cuestionan esta decisión.

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Procurador Rigoberto González, coordinador de la Comisión. Procurador Rigoberto González, coordinador de la Comisión.
Procurador Rigoberto González, coordinador de la Comisión. Archivo

Luego de que el presidente Juan Carlos Varela anunciara que no tendrá en cuenta las recomendaciones de la Comisión de Estado por la Justicia para escoger a los magistrados que reemplazarán a Oydén Ortega y a Jerónimo Mejía en la Corte Suprema de Justicia, los grupos que participan en ese foro de la sociedad civil se activaron.

Exigen al mandatario que reconsidere su decisión y no descarte la participación ciudadana, mecanismo que incentiva la transparencia y la democracia. La comisión se reunirá el miércoles 7 de febrero, a fin de analizar el escenario.

El procurador de la Administración, Rigoberto González, coordinador de la Comisión, aclaró a Varela que en 2015, cuando el Ejecutivo escogió a Ángela Russo y a Cecilio Cedalise como magistrados de la Corte, ellos solo se limitaron a entrevistar a las 10 personas que estaban en la lista que el Ejecutivo les envió “para que la ciudadanía los conociera”.

En esa línea también opinó Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, quien recordó “que en ningún momento” ellos le recomendaron candidatos al presidente.

PIDEN PARTICIPACIÓN CIUDADANA

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Comisión de Estado demanda consultas

Miembros de la Comisión de Estado por la Justicia rechazaron ayer las declaraciones del presidente de la República, Juan Carlos Varela, quien descartó tomar en cuenta las recomendaciones de ese organismo para escoger a los dos magistrados que reemplazarán a Jerónimo Mejía y a Oydén Ortega en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Consideran que el mandatario debe cumplir con lo que prometió en su plan de gobierno: impulsar reformas y recomendaciones consensuadas en la Comisión de Estado por la Justicia, entre otros foros.

Por eso, esperan que el gobernante reconsidere su decisión. El primero en exponer su oposición a los planteamientos del presidente Varela fue el procurador de la Administración y coordinador de la Comisión de Estado por la Justicia, Rigoberto González, quien anunció que el próximo miércoles 7 de febrero, a las 3:00 p.m., los nueve miembros que conforman ese grupo analizarán el tema.

El pasado miércoles 31 de enero, el presidente Varela manifestó que en 2015 siguió al pie de la letra lo que establece la Comisión de Estado por la Justicia para la selección de los magistrados, pero que aun así la población no está contenta con el sistema de justicia.

“La vez pasada se hizo exactamente lo que dice el Pacto de Estado por la Justicia y al final sigue la población descontenta con la justicia del país”, manifestó el gobernante en una gira por la provincia de Darién.

En diciembre de 2015, el Ejecutivo envió a la Comisión de Estado por la Justicia una lista de 10 candidatos a magistrados para que les hiciera entrevistas públicas. En ese grupo figuraban los nombres de Ángela Russo y Cecilio Cedalise, a quienes días después el Ejecutivo nominó como magistrados, y posteriormente la Asamblea Nacional los ratificó.

El procurador González recordó que quien eligió a esas personas fue la propia Presidencia de la República. “No fue el Pacto de Estado, fue el Ejecutivo”, aseguró González.

El funcionario le recordó a Varela que, ante la crisis que vivía la administración de justicia en 2005, nació el Pacto de Estado por la Justicia, hoy Comisión de Estado por la Justicia, que, según añadió González, permite la “participación” ciudadana. Ellos, dijo el procurador, no quieren quitarle la potestad constitucional al presidente de escoger a los magistrados.

En efecto, el Pacto de Estado por la Justicia se creó en 2005 durante el gobierno del entonces presidente de la República, Martín Torrijos Espino. Allí participan la Procuraduría de la Administración, la Asamblea Nacional, el Órgano Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y el Órgano Ejecutivo. También están en ese grupo la Alianza Ciudadana Pro Justicia, el Colegio Nacional de Abogados, y el Instituto Ecumenismo, Sociedad y Desarrollo.

El perfil que, de acuerdo con la Comisión de Estado por la Justicia debe tener un magistrado, incluye aspectos como: solvencia y prestigio reconocido, experiencia jurídica y preparación académica. (ver tabla).

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Piden participación ciudadana

‘INCUMPLE PROMESA’

Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, le recriminó al presidente Varela que no cumpla con sus promesas de campaña en lo que tiene que ver con el sistema de justicia. Y, al igual que el procurador González, afirmó que en 2015, cuando se escogió a Russo y a Cadalise, ellos solo se encargaron de entrevistar públicamente a los candidatos, “para que el ciudadano los conociera”.

Añadió que “en ningún momento” recomendaron que se eligiera a alguno de los aspirantes. “Solo se expuso lo que dijeron en las entrevistas”, agrego.

También cuestionó que la Comisión de Credenciales de la Asamble Nacional pretenda eliminar las consultas ciudadanas. Esto, a raíz de que el presidente de ese organismo legislativo, Luis Eduardo Quirós, del Partido Panameñista, dijera que evalúan modificar la resolución número 94 del 31 de octubre de 2009, que, entre otras cosas, obliga a que en los medios de comunicación se publiquen las designaciones hechas por el Ejecutivo para que la ciudadanía las cuestione o aplauda. Esto, según Quirós, para “agilizar el proceso”.

Desde el Colegio Nacional de Abogados advirtieron que evitar la participación ciudadana “es un craso error”. Así lo planteó Alfonso Fraguela, vicepresidente de ese gremio.

El abogado manifestó que el mensaje que está mandando la sociedad es que quiere participar en el proceso y dinámica que se da en la relación gobernante-gobernado, como el proceso de la elección de los nuevos magistrados de la Corte.

Mientras, la diputada independiente Ana Matilde Gómez, representante de la Asamblea en la Comisión de Estado, expresó que el presidente Varela “debería recapacitar”, ya que la coyuntura política y la descomposición institucional que vive el país exigen la mayor confianza ciudadana.

El Ejecutivo tiene previsto abordar el tema de las designaciones de magistrados a la Corte después de las fiestas de Carnaval (del 10 al 13 de febrero), según dijo Varela.

El pasado martes 30 de enero, la Asamblea Nacional, liderada por las bancadas de Cambio Democrático y del Partido Revolucionario Democrático, rechazó a Zuleyka Moore y Ana Lucrecia Zarak de Tovar, nominadas por la Presidencia de la República para reemplazar a Mejía y Ortega. A ambos se les venció su periodo como magistrados el 31 de diciembre, pero se mantienen en sus despachos, a la espera de sus reemplazos.

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