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casos de corrupción

Petición de comisión independiente genera diferencias

Pese a la opinión del ministro Álvaro Alemán, las organizaciones empezaron ayer a recoger firmas para la creación de la comisión.

María Mercedes Riaño, con orden de captura

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Las organizaciones de la sociedad civil han exigido que el Gobierno rompa los contratos que mantiene con la constructora brasileña Odebrecht. Las organizaciones de la sociedad civil han exigido que el Gobierno rompa los contratos que mantiene con la constructora brasileña Odebrecht.
Las organizaciones de la sociedad civil han exigido que el Gobierno rompa los contratos que mantiene con la constructora brasileña Odebrecht. Archivo

Mientras que dirigentes de la sociedad civil organizada abogan por la conformación de una Comisión Internacional Independiente, apoyada por las Naciones Unidas o la Organización de Estados Americanos, para esclarecer en el país el escándalo de corrupción sobre el caso Odebrecht, ayer el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, rechazó tal iniciativa.

Alemán, que participó en el programa Radar de TVN, dijo que en su opinión personal es “escéptico” del tema, y contó que ha escuchado opiniones negativas de personas que en sus países se ha instaurado dicha comisión.

“Yo no puedo hablar por el Gobierno, puedo dar mi opinión, yo soy muy escéptico en cuanto a eso”, afirmó.

En ese sentido, explicó“que recientemente Rafael Zúñiga, director ejecutivo de la Cámara de Comercio, me llevó a un excanciller de Guatemala y presidente entrante de Fedecámaras de Centroamérica, Jorge Briz, y me dio una mala opinión del papel de esa comisión en Guatemala. Me dijo que eso empezó bien, pero lamentablemente se ha convertido en una cacería de brujas”.

Incluso, el ministro planteó que en el caso Odebrecht la “fórmula para llegar a la verdad, más que una auditoría, es que la Asamblea Nacional apruebe en tercer debate mañana [hoy] lunes el proyecto de ley 245 y se permita que se lleguen a acuerdos como ha sucedido en varios países”.

En tanto, aseguró a La Prensa, que lo que planteó en el programa es que “tuviéramos cuidado con ese tema”.

La iniciativa de crear una comisión, según han señalado dirigentes de más de 22 diferentes organizaciones que impulsan la propuesta, surge como un apoyo al Ministerio Público en las investigaciones que se siguen por los millonarios pagos de la empresa Odebrecht a funcionarios y particulares entre 2010 y 2014.

Por ejemplo, Magaly Castillo, de la Alianza Ciudadana, manifestó que se requiere la comisión porque en la actualidad los ciudadanos no tienen confianza en las instituciones de justicia del país.

Manifestó que este tipo de iniciativas está respaldada por experiencias de países como Guatemala, Honduras y República Dominicana.

“La lucha no es un asunto de una nación, es un problema global que requiere de la colaboración internacional”, dijo.

Esta opinión la respaldó el también miembro de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, Carlos Lee, quien agregó que desde el año pasado ha estado pidiendo la intervención de organismos internacionales para que se investiguen las “grandes” denuncias de corrupción que se han venido presentando.

“Esta comisión no pretende usurpar funciones que le corresponden al Ministerio Público (…) se necesita el aval del Gobierno para que haga la solicitud a las Naciones Unidas y así se establezca un mecanismo legal que deba enmarcar las funciones de esta comisión, y que todas las entidades estén abiertas a su intervención”, explicó.

Además de la creación de la comisión, las organizaciones exigen a los fiscales y jueces del país “ firmeza y contundencia en todos los casos de corrupción, peculado y blanqueo de capitales que hoy se encuentran sometidos al sistema de justicia, y que se les decomise el dinero mal habido a todos los responsables de este latrocinio”.

Igualmente, que el contralor de la República, Federico Humbert, “realice las auditorías de todas las obras de Odebrecht en Panamá”, y a la Asamblea Nacional “que apruebe cuanto antes las reformas electorales y que se establezcan normas claras de transparencia en el financiamiento de los partidos y campañas políticas”.

PRIMERAS FIRMAS

Por tal razón, desde ayer las diferentes agrupaciones que impulsan la creación de la comisión empezaron a recoger las firmas.

Al menos así lo hizo la Asamblea Acción Ciudadana, que hasta la mañana de ayer, domingo, en la plataforma mundial change.org, donde se encuentra la petición, había 336 firmas a favor de la creación de la comisión.

La posibilidad del establecimiento de una comisión independiente internacional es avalada por la procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, quien ha dicho que cualquier iniciativa que contribuya a la tranquilidad y paz de la ciudadanía es bienvenida.

No obstante, considera que es importante verificar la legalidad de la iniciativa.

“Panamá es un país con un sistema jurídico y una institución como el Ministerio Público (MP) encargada de perseguir el delito, por lo que es importante determinar si la idea es viable de acuerdo con nuestra Constitución Política”, sostuvo.

VETO PARA ODEBRECHT

Por su parte, la directora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, Angélica Maytín, dejó claro que el caso Odebrecht es un tema del Ministerio Público, no obstante, lo catalogó de “grave delito” e indicó que urge que “no solo se devuelvan los 59 millones, sino que se le ponga una multa ejemplar a la empresa y que se conozca quiénes son los beneficiarios de esas coimas”.

Indicó que se requiere la aprobación del proyecto de ley que reforma la ley de contrataciones públicas en el país para que la empresa Odebrecht y otras no vuelvan a contratar con el Estado.

“Ojalá no pueda seguir haciendo negocio en este país ninguna empresa que ha sido sancionada por actos de corrupción fuera de Panamá, eso es algo que pedimos, porque si empresas panameñas condenadas por corrupción no pueden hacer negocios en el país, empresas extranjeras condenadas por corrupción tampoco pueden hacerlo”, adujo.

Acotó que “Odebrecht ni otras empresas deben hacer negocios con Panamá. Hay que cerrarle las puertas a los corruptos”.

MOSSACK FONSECA

Mientras, la batalla judicial entre los implicados en el caso de lavado de dinero a través de la firma Mossack Fonseca llegó el pasado viernes a la Corte Suprema de Justicia, tras la presentación de cuatro recursos de habeas corpus.

Los cuatro habeas corpus fueron presentados a favor de Ramón Fonseca Mora, Jürgen Mossack y Edison Teano, cuya detención fue ordenada la semana pasada por el fiscal segundo especializado contra la Delincuencia Organizada, Rómulo Bethancourt.

En un reparto extraordinario celebrado en la Secretaría de la Corte la tarde del viernes, los habeas corpus de Fonseca, Mossack y Teano quedaron radicados en los despachos de los magistrados Ángela Russo, Harry Díaz y Luis Ramón Fábrega, respectivamente.

En tanto, otro habeas corpus presentado a favor de Fonseca y Mossack quedó adscrito al despacho del magistrado Hernán De León.

Fuentes judiciales informaron que la Corte deberá decidir si acumula estos recursos en un solo expediente, por tratarse de un mismo proceso judicial y los mismos imputados.

Ahora, el fiscal Bethancourt deberá contestar a la Corte los fundamentos de las órdenes de arresto dictadas en esta ocasión a los directivos de esa firma de abogados.

En este caso existe una orden de conducción contra María Mercedes Riaño Quijano, quien formaba parte de la representación de Mossack Fonseca en Brasil. Fiscales de ese país la buscaban a ella y a otros miembros de la oficina legal para responder sobre la creación de sociedades offshore vinculadas a supuestos pagos de coimas investigadas en Brasil.

María Mercedes Riaño, con orden de captura

En el caso que sigue la Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada a Mossack Fonseca (MF), por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, se ordenó la detención de María Mercedes Riaño, encargada de las oficinas de la firma en Brasil.

Riaño no ha comparecido ante la fiscalía, por lo que se emitió una orden de captura. Al cierre de esta edición, aún se encontraba prófuga, dijo una fuente ligada al proceso.
María Mercedes Riaño, encargada de la oficina de Mossack Fonseca en Brasil.

 

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