PROCESO ADMINISTRATIVO

Compensación de buses, sin concluir

En 2010 se aprobó un rescate administrativo para sacar del sistema de transporte unos 2 mil 700 ‘diablos rojos’ y esto aún no termina.

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Desde que en el año 2010 se inició el proceso de compensación con los transportistas, el Estado ha desembolsado unos $95 millones. Desde que en el año 2010 se inició el proceso de compensación con los transportistas, el Estado ha desembolsado unos $95 millones.
Desde que en el año 2010 se inició el proceso de compensación con los transportistas, el Estado ha desembolsado unos $95 millones. Archivo

El proceso que se inició en 2010 para sacar de circulación a los buses conocidos como “diablos rojos” todavía está en marcha, y los propios transportistas dudan de que finalice en los 18 meses que faltan de la actual gestión gubernamental.

Cifras de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) indican que al comenzar este gobierno –en julio de 2014– estaban pendientes de revisión en esa entidad 738 expedientes.

Al inicio del proceso en 2010, el gobierno de turno se propuso sacar de las calles a 2 mil 700 “diablos rojos”.

Entre 2010 y 2014, el pasado gobierno pagó indemnizaciones por 94 millones de dólares, aunque se desconoce con exactitud cuántos buses fueron compensados con ese dinero.

De acuerdo con los registros actuales de la ATTT, en los dos últimos años, entre 2015 y 2017, se han revisado 300 expedientes, de los cuales 200 ya habían sido pagados, 70 fueron rechazados por diferentes anomalías y 30 fueron pagados, para lo cual la institución desembolsó menos de $1 millón.

Los restantes 438 expedientes siguen pendientes de revisión.

Julio González, director de la ATTT, detalló que los expedientes rechazados incumplían los requisitos fijados por la Contraloría General de la República en el manual de compensación aprobado en 2015.

Entre las anomalías detectadas en los 70 expedientes rechazados, González citó, por ejemplo, buses que estaban prestando servicio en otras rutas que ya habían sido compensadas en el año 2009.

Además, dijo, encontraron buses cuyas placas estaban ligadas a vehículos del transporte público en otras provincias, como Colón y Panamá Oeste.

REQUISITOS

Entre los requisitos que deben cumplir los propietarios de estos vehículos para hacer efectivos los pagos figuran las certificaciones de que contaban con seguros por daños a terceros y por asientos; tener un certificado de operación o permisos temporales de circulación; el registro único de propiedad; el certificado de inspección vehicular, entre otros.

“Consideramos que hemos avanzado, pero debemos reconocer que es un proceso muy complejo, porque se debe cumplir con una serie de reglas ”, expresó González.

El pago por cada uno de estos vehículos fue fijado en 35 mil dólares para los dueños de buses que operaban en rutas troncales y de 75 mil dólares para aquellos que brindaban sus servicios en los corredores.

EXPECTATIVA

Los transportistas reconocen que se trata de un proceso complejo, pero solicitan que sea más expedito.

Lenín Zorrilla, vocero del Grupo Unido por el Rescate Administrativo, que aglutina a los operadores de “diablos rojos” que no han sido compensados, señaló que el proceso se desarrolla de manera “poco eficiente” y en detrimento de los operadores.

Acotó que el manual aprobado por la Contraloría para hacer efectivo el pago “no responde a la realidad” de los transportistas.

Frente a este escenario, Zorrilla sostuvo que el grupo que dirige contempla confeccionar un nuevo manual que permita a los transportistas poder acceder a los pagos que les corresponde, aunque indicó que eso tomará algo de tiempo y que sería presentado después de las elecciones de 2019.

A su juicio, los actuales directivos de la ATTT no lograrán cerrar este proceso de compensación.

Por su parte, Tomasito López, secretario general del Sindicato de Conductores de Transporte Colectivo, agregó que como transportistas entienden que se trata de una situación “delicada”, que está en investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción de Descarga, debido a indemnizaciones efectuadas entre 2010 y 2014.

Durante ese periodo, como se dijo, fueron pagados 94 millones de dólares a transportistas, pero fueron presentadas varias denuncias en la esfera penal, debido a una serie de presuntas irregularidades en los pagos que, según López –quien citó documentos de la Fiscalía Anticorrupción–, causaron una posible lesión patrimonial al Estado por 30 millones de dólares.

“Lo que nosotros le pedimos a la Fiscalía Anticorrupción es que haga el trabajo, que acelere los procesos y que se le pague a los transportistas lo antes posible”, expresó López.

Añadió que desde el año 2010, cuando comenzó el proceso, son varios los operadores que se han quedado sin sustento económico.

Este medio solicitó al Ministerio Público información sobre el estatus de la investigación de las compensaciones a los propietarios de “diablos rojos”, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.

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