ELECCIONES en el bebedero, tonosí, provincia de los santos

´Compra de votos no anula comicios´: fiscal electoral

El exmagistrado del TE Guillermo Márquez Amado dijo que el fiscal Peñaloza está desacertado en su interpretación de la ley.

El fiscal electoral, Eduardo Peñaloza, opinó ayer que la compra de votos y el uso de recursos del Estado a favor de un candidato no son causales para anular unas elecciones.

Peñaloza se refirió en esos términos al explicar su opinión enviada al Tribunal Electoral (TE), en la que solicitó desestimar una denuncia de nulidad de las elecciones a representante de corregimiento, celebradas en diciembre pasado en El Bebedero de Tonosí y que fue presentada por el opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD).

Las elecciones en El Bebedero fueron ganadas por la candidata del oficialista Cambio Democrático (CD) Nidia Cureña, en medio de denuncias de que se utilizaron recursos estatales a su favor.

Según el fiscal Peñaloza, en el artículo 339 del Código Electoral se establecen catorce causales por las cuales se puede anular una elección, y la compra de votos y uso de recursos del Estado para un candidato no aparece dentro de estas causales. (Ver cuadro).

Peñaloza dijo que su opinión en el caso de El Bebedero no es vinculante y puede o no ser acogida por los magistrados del TE. “Hemos actuado en estricto derecho apegados a la objetividad, imparcialidad”, dijo.

El fiscal explicó que en las elecciones de El Bebedero puede haber delito penal y las investigaciones por este caso siguen su curso por la fiscalía delegada de Veraguas.

Fiscal ´está desacertado´

El exmagistrado del TE Guillermo Márquez Amado dijo que el fiscal Peñaloza “está desacertado”, en su opinión.

De acuerdo con Márquez Amado, el artículo 136 de la Constitución Política señala que “las autoridades están obligadas a garantizar y respetar la honradez del sufragio”. Además, destacó que el numeral 1 de esa misma norma establece que “se prohíbe el apoyo oficial directo o indirecto a candidatos a puestos de elección popular aun cuando fueren velados los medios empleados a tal fin”.

El exmagistrado señaló que el numeral 14 del artículo 339 del Código Electoral indica que unas elecciones se pueden anular si no se cumplió con las garantías requeridas en la Constitución y en el Código Electoral.

“De manera que, si de acuerdo con la Constitución no se puede apoyar directa ni indirecta ni disimuladamente a un candidato –lo cual es una garantía constitucional– y si una elección se lleva a cabo sin esa garantía, entonces esa elección se debe anular”, sostuvo el exmagistrado.

Indicó que para anular las elecciones se necesita un requisito adicional: que se pueda acreditar la prueba de que el apoyo oficial alcanzó a un número de personas de manera tal que influyó en el resultado de las elecciones entre los candidatos.

Solís evita opinar

El magistrado presidente del TE, Gerardo Solís, evitó adelantar comentarios sobre los criterios del fiscal Peñaloza para evitar quedar impugnado durante la audiencia.

Solís dijo que el viernes pasado recibió la opinión del fiscal electoral y que esta semana ha comenzado a girar los oficios para recoger las pruebas y una vez las tenga, llamará a audiencia por esta demanda.

El magistrado estimó que este proceso podría demorar un mes más.

Recusan a Peñaloza

Abogados del opositor PRD presentaron ayer ante el Tribunal Electoral un incidente de recusación contra el fiscal electoral, por su actuación en la demanda de nulidad contra los comicios en El Bebedero.

“El fiscal electoral le está haciendo el juego al Gobierno de detentar el poder absoluto en todas las instituciones del Estado y la última que le hace falta, en todo este rejuego político indebido, es el Tribunal Electoral”, dijo José Góndola, uno de los abogados del PRD.

El abogado acusó al fiscal de pretender “esconder todas las artimañas” que se utilizaron en El Bebedero y que haya razones para que el oficialismo las vuelva a utilizar en los comicios de 2014.

Mientras que el fiscal Peñaloza dijo que estará a la espera de que le remitan la recusación presentada por el PRD para dar su opinión en derecho.

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