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Concertación aprueba paquete de reformas

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En el foro de la Concertación están representadas más de 20 organizaciones.Dalia Pichel En el foro de la Concertación están representadas más de 20 organizaciones.Dalia Pichel
En el foro de la Concertación están representadas más de 20 organizaciones.Dalia Pichel

El paquete de reformas constitucionales consensuado por el Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo está listo tras una sesión de más de cinco horas el día de ayer.

Se eliminaron propuestas controversiales, como el artículo que identificaba al foro de la Concertación como “la instancia de diálogo nacional”. Sin embargo, dicho organismo sí estaría a cargo de la terna para la escogencia de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

El documento será entregado al Ejecutivo entrante. Laurentino Cortizo, presidente electo, ha asegurado que la “propuesta base” es compatible con sus intenciones de reformar la Constitución.

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Concertación concreta paquete de reformas

Concertación concreta paquete de reformas

El futuro de las reformas constitucionales queda en manos del gobierno entrante, liderado por Laurentino Cortizo a partir del 1 de julio. Según miembros del Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo, “el trabajo apenas comienza”. El paquete de reformas a la Constitución está listo tras una última jornada de sesión plenaria de más de cinco horas en el día de ayer.

Entre otros temas, destacan la propuesta para limitar la reelección de los diputados a un periodo, la creación de un tribunal constitucional y cambios al mecanismo de nombramiento de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

El paquete de reformas es de carácter público y queda a disposición del gobierno entrante para usarlo como documento base para el paquete de reformas que presentará vía Consejo de Gabinete a la Asamblea Nacional.

¿No a la reelección?

Entre las propuestas resalta el hecho de que se limita la reelección de los diputados a un solo periodo.

Sin embargo, se planteó también que los diputados que salieran electos por dos periodos no pudieran volver a aspirar luego de un periodo fuera de la Asamblea.

Al final, ese aspecto de la iniciativa se eliminó, pues algunos sectores consideraron que era casi como aplicar la llamada “muerte civil” y les limitaba sus derechos ciudadanos de aspirar a un cargo público.

También se plantea agregar al capítulo correspondiente al Órgano Legislativo la limitante de que los diputados no puedan “aceptar ningún empleo público ni privado remunerado” durante los cinco años que dure su período. Se exceptúa de esa restricción el ejercicio de cargos “académicos y de enseñanza en centros de educación oficial o particular”.

En cuanto a la postulación a cargos de elección popular, se busca dejar claramente establecido que una persona no pueda postularse a más de un cargo a la vez. Similarmente, se especifica que para los cargos de diputado, alcalde y representante, el suplente no pueda ser cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. La misma restricción aplica a quienes aspiren al cargo de vicepresidente y su relación con el presidente saliente.

Actualmente, los requisitos para ser diputado, representante o alcalde incluyen no haber sido condenado por delito doloso con pena privativa de la libertad de cinco años o más. La modificación eliminaría la especificación de la condena.

Tribunal constitucional

Una de las propuestas de reforma más trascendentales en el documento es la creación de un tribunal constitucional, el cual formará parte del Órgano Judicial. Este estará conformado por cinco magistrados y sus respectivos suplentes, los cuales serán nombrados por el Ejecutivo, escogidos de una terna propuesta por el Consejo de la Concertación. Este mecanismo también será aplicado a la escogencia de los magistrados de la Corte. Esta reforma, explica Enrique de Obarrio, presidente de la Comisión de Modernización del Estado, Justicia y Seguridad Pública dentro de la Concertación, busca reducir el “presidencialismo” del sistema actual.

Al tribunal constitucional le competerá ser “intérprete de la Constitución Política”. Deberá conocer todas las demandas de inconstitucionalidad contra las leyes, decretos y demás, al igual que la inexequibilidad de los proyectos de ley objetados por el Órgano Ejecutivo. Estas competencias, actualmente le corresponden a la Corte Suprema de Justicia.

También se plantean cambios a los requisitos para ser nombrado magistrado. Se plantea elevar el mínimo de edad necesario de 35 a 45 años. Además, se busca agregar el requisito de “estudios de especialización o experiencia profesional en temas afines” para nombrados a la CSJ y al tribunal constitucional.

El triángulo

Según De Obarrio, algunas reformas puntuales buscan reducir la impunidad de diputados y magistrados. La creación del tribunal constitucional crea otra instancia que podrá tratar casos de alto perfil. Actualmente, los diputados son juzgados por la CSJ y los magistrados de la Corte por la Asamblea Nacional.

Las reformas plantean un cambio a ese organigrama. A los diputados de la AN los investigará el procurador general de la Nación y serán juzgados por tres magistrados de la CSJ. Un magistrado de la Sala Penal actuará como juez de garantías.

Por otro lado, toda denuncia o querella que se presente contra los magistrados del tribunal constitucional será investigada por el procurador y en caso de ser acusado, será procesado por una comisión especial de la Asamblea, conformada por nueve miembros. Esa comisión no ejercerá ninguna otra función y un diputado designado actuará como juez de garantías.

Finalmente, toda querella o denuncia que se presente contra los magistrados de la Corte será investigada por el procurador y en caso de ser imputado, este será procesado por tres magistrados del tribunal constitucional.

En cuanto a la certeza de que el documento se use como base para el paquete de reformas que presentará el Ejecutivo entrante a la Asamblea, la actual presidenta de la Concertación Nacional, la ministra de Desarrollo Social, Michelle Muschett, explicó que a partir el 1 de julio, la presidencia del Consejo recaerá sobre Cortizo, pues ese puesto le corresponde al presidente o a quien designe. “El documento será público y de libre acceso”, explicó Muschett, “corresponderá al siguiente presidente continuar el proceso”.

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