TERRENO COSTERO

Concesión del edificio Windrose en Coco del Mar, aún sin aprobación

La Asociación Ambiental de Residentes de Coco del Mar y Viña del Mar señala que ese terreno pertenece al Estado panameño.

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La Autoridad Nacional de Administración Tierras (Anati) informó que aún no ha aprobado la solicitud de concesión que presentó la sociedad Inmobiliaria G.S. del Mar, S.A. sobre un terreno de mil 599 metros cuadrados. La Autoridad Nacional de Administración Tierras (Anati) informó que aún no ha aprobado la solicitud de concesión que presentó la sociedad Inmobiliaria G.S. del Mar, S.A. sobre un terreno de mil 599 metros cuadrados.
La Autoridad Nacional de Administración Tierras (Anati) informó que aún no ha aprobado la solicitud de concesión que presentó la sociedad Inmobiliaria G.S. del Mar, S.A. sobre un terreno de mil 599 metros cuadrados.

La Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) informó que aún no ha aprobado la solicitud de concesión que presentó la sociedad Inmobiliaria G.S. del Mar, S.A. sobre un terreno de mil 599 metros cuadrados, situado detrás del proyecto Windrose, en Coco del Mar, San Francisco.

Carlos González, director de la Anati, señaló que el expediente está en etapa de evaluación y que realizan las consultas del caso con entidades como el Ministerio de Ambiente y la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá, antes de tomar una decisión.

Las declaraciones de González se dan en medio de los reclamos de la Asociación Ambiental de Residentes de Coco del Mar y Viña del Mar, que plantea que esos terrenos son estatales.

La organización presentó un recurso de oposición a la concesión y solicitó a Anati que ordene la “demolición” de una cerca que rodea ese lote, bajo el fundamento de que esa concesión no ha sido avalada.

Los residentes también se han opuesto en los últimos años al proyecto Windrose.

Al respecto, Juan Manuel Suárez, representante de Inmobiliaria G.S. del Mar, S.A., dijo que en el lote solicitado en concesión levantarán un parque de uso público.

Los promotores de la obra sostienen que en el área quieren construir un parque comunitario. Expandir Imagen
Los promotores de la obra sostienen que en el área quieren construir un parque comunitario. LA PRENSA/Ana Rentería

DISPUTAN

Tanto residentes de Coco del Mar, en el corregimiento de San Francisco, como representantes de la Inmobiliaria GS del Mar, S.A., que construye el proyecto Windrose en esa comunidad, tienen una disputa por un terreno que pertenece al Estado panameño.

Por un lado, la inmobiliaria solicitó a la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) la concesión de mil 599 metros cuadrados que están detrás del edificio que espera concluir a finales del próximo año, mientras que la Asociación Ambiental de Residentes de Coco del Mar y Viña del Mar considera que a ese terreno de “dominio público” se le debe dar uso ecológico por estar, precisamente, en la zona costera y de amortiguamiento del manglar.

A raíz de esto, la Asociación le ha insistido este año a la Autoridad Nacional de Administración de Tierras para que “aclare” el estado de la solicitud de concesión que hizo la inmobiliaria, ligada al exministro de Obras Públicas Federico Suárez, investigado en estos momentos por presuntas anomalías en obras estatales del gobierno pasado.

Según Catia Rojas, secretaria de la Asociación Ambiental de Residentes de Coco del Mar y Viña del Mar, esos terrenos han perdido el carácter de tierras del Estado y de dominio público, debido a la existencia de una cerca, con el “agravante” de que dentro de esta valla se encuentra parte de la zona de amortiguamiento del manglar de la comunidad.

LAS SOLICITUDES

Por esto, la organización comunitaria solicitó el 29 de mayo a la Anati que ordene la demolición del muro, ya que esa concesión no ha sido otorgada. Además, que se instale un letrero que anuncie que esa finca es propiedad del Estado.

Posteriormente, el pasado 11 de julio, los residentes de Coco del Mar presentaron la solicitud de concesión de un área aproximada de 500 metros cuadrados, dentro del área cercada, que es la porción de tierra que queda después de segregada la zona de amortiguamiento del manglar.

Rojas subrayó que espera que las autoridades actúen en “concordancia” con las normas constitucionales y jurídicas y que se resuelvan las contradicciones que se presentan, como lo es que se permita a un privado la acción de cercar este terreno, lo que desnaturaliza el carácter de dominio público del área adyacente al manglar.

“Nuestro objetivo es rescatar un espacio público para la comunidad, es decir, que le sea devuelta la condición de dominio y uso público e iniciar un plan, por ejemplo, de reforestar el manglar. Crear un sendero y un área para la comunidad. Todo este esfuerzo debe ir acompañado de una campaña educativa en torno a la importancia que tienen los manglares frente a las secuelas que deja el cambio climático”, puntualizó.

Por su parte, Carlos Solís, uno de los representantes de la organización comunitaria Somos San Francisco, manifestó que “no es posible” que grupos privados se tomen bienes del Estado y que pertenecen a los ciudadanos. “Si eso se permite ahora, todos van a querer hacerlo en un futuro”, aportó.

Solís usó como ejemplo lo que ocurrió recientemente con el proyecto Sea Point en Paitilla, donde por varios meses se ordenó la suspensión de la construcción, debido a que se alegaba que parte de la obra estaba sobre terrenos de la nación. “Los promotores están apostando porque ya hay un hecho consumado y su principal argumento para que no les detengan la construcción es la seguridad jurídica. Pero dónde queda la seguridad jurídica de los ciudadanos”, añadió.

LA ANATI EVALÚA

Sobre este tema, el director de la Anati, Carlos González, argumentó que la concesión solicitada por Inmobiliaria GS del Mar, S.A. no ha sido aprobada, ya que están evaluando la solicitud.

En lo concerniente a la petición de los moradores de demolición de la cerca, el funcionario explicó que la entidad se encarga de administrar las tierras del Estado, pero no son los custodios.

“Si alguno pone una cerca, yo no puedo ir a tumbarla, ya que eso debe hacerlo el corregidor. En la mayoría de los casos, es la comunidad la que pide eso al corregidor”, dijo.

De acuerdo con González, el hecho de que haya una cerca no quiere decir que la concesión se les vaya a dar. En ese sentido, planteó que en la práctica de derecho posesorio se permite a la gente cercar, pero eso no quiere decir que la persona o promotor es dueño de la propiedad.

EMPRESA NO CERCÓ

Por su parte, Juan Manuel Suárez, representante de Inmobiliaria GS del Mar, S.A., indicó que ese terreno está cercado desde antes de que compraran la propiedad hace varios años, aunque aclaró que prefiere que la cerca no se quite por seguridad.

En cuanto a la concesión, expresó que si bien comenzaron con el proceso, ahora mismo no ha avanzado.

A su vez, detalló que han limpiado y preservado permanentemente el área de manglar. “Nuestra intención es continuar con la concesión y ponerla a disposición de la comunidad”, sostuvo.

Con base en ello, el empresario señaló que para conservar el ambiente tienen planeado desarrollar un parque comunitario y ecológico de uso público sobre el lugar pedido en concesión.

Además, precisó que el proyecto inmobiliario Windrose será entregado a finales de 2018 y actualmente tiene más de 50% de avance. En cuanto a la inversión, detalló que entre terreno y construcción han destinado $75 millones.

LÍNEA COSTERA

Para la vicealcaldesa del distrito de Panamá, Raisa Banfield, la línea costera de la ciudad capital tiene que ser un espacio público.

Banfield manifestó que los antecedentes que existen sobre concesión de terrenos a privados generalmente terminan solo para uso de ellos mismos, mientras que cuando los asume una asociación comunitaria, el problema es que cambian con frecuencia de administración y se olvidan del mantenimiento del espacio público.

“Si realmente quieren darle un uso público a este terreno en la costa, lo mejor es traspasarlo al Municipio de Panamá”, concluyó.

(Con información de Rosalía Simmons).

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