FALLO DE LA SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Condenan al Santo Tomás

El magistrado Luis Ramón Fábrega salvó su voto, al alegar que los médicos del Santo Tomás se esforzaron para lograr la mejoría de la paciente.

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El Patronato del Hospital Santo Tomás deberá buscar los recursos económicos para hacer frente al fallo de la Sala Tercera de la Corte. El Patronato del Hospital Santo Tomás deberá buscar los recursos económicos para hacer frente al fallo de la Sala Tercera de la Corte.
El Patronato del Hospital Santo Tomás deberá buscar los recursos económicos para hacer frente al fallo de la Sala Tercera de la Corte. Archivo

Un fallo de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia ordenó al Patronato del Hospital Santo Tomás pagar $225 mil en concepto de indemnización a los familiares de Lourdes Núñez Navarro, quien falleció en ese centro médico el 24 de marzo de 2005 por sepsis, peritonitis y pancreatitis aguda.

La sentencia, del pasado 26 de abril de 2016, bajo la ponencia del magistrado Abel Zamorano y el salvamento de voto del magistrado Luis Ramón Fábrega, obliga al Patronato del Hospital a pagar $75 mil en concepto de daño material y otros $150 mil por daño moral a los padres de Núñez Navarro.

De acuerdo con la demanda presentada por el abogado Alexander Valencia, el 21 de enero de 2005, todo ocurrió así: la paciente ingresó al Hospital Santo Tomás el 21 de enero de 2005, porque tenía dolores abdominales. Según los pronósticos médicos, estaba estable y permaneció varios días en observación, pero el 25 de enero de 2005 una evaluación médica le diagnóstico fiebre e ictericia, así como abdomen blando, y fue sometida a una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE), prueba que resultó fallida, pues no logró que sus vías biliares se llenaran.

Un día después, fue evaluada nuevamente y se ordenó enviarla a la sala de operaciones, pero esta indicación no se cumplió. El 27 de enero de 2005 se giró una nueva orden para que la paciente fuese trasladada al salón de operaciones, pero por orden de una médica esta disposición no se cumplió.

Al día siguiente [28 de enero de 2005], de forma “urgente”, le realizaron un CAT abdómino pélvico, que reveló que tenía una perforación del duodeno, el páncreas inflamado, entre otros.

El expediente dice que, debido a las complicaciones, a la paciente le realizaron 17 procesos quirúrgicos entre el 25 de enero de 2005 y el 21 de marzo de ese mismo año. Tres días después de la última operación, Lourdes Núñez Navarro, de 28 años de edad, murió.

LAS ANOMALÍAS

La evaluación clínica hecha por peritos médicos independientes arrojó que la pancreatitis diagnosticada en la paciente se produjo a raíz de una perforación en el duodeno, a causa de la prueba de CPRE realizada el 25 de enero de 2005.

Los expertos también certificaron que hubo una falla en el servicio médico al no habérsele dado “una oportuna, razonable y eficaz atención, cuando los diagnósticos, exámenes y condiciones de salud de la paciente indicaban la imperiosa necesidad de darle el debido tratamiento para evitar su empeoramiento”.

Explicaron, además, que la salud de Núñez Navarro, quien dejó una niña huérfana, empeoró luego de que se le practicó el CPRE, y sustentaron que las órdenes para atender esta situación no se acataron por parte del personal y que el tiempo transcurrido entre el 25 y el 29 de enero de 2005 fue determinante para el desarrollo de un cuadro infeccioso y su posterior fallecimiento.

PROCEDE INDEMNIZAR

Con estas pruebas, los magistrados de la Sala Tercera estimaron que el Hospital Santo Tomás no prestó un buen servicio, por lo que debe indemnizar el daño causado. Argumentan que en el centro médico se actuó de “forma deficiente, ya que ello causó el fallecimiento de la paciente”.

Sin embargo, dicha Sala no acogió el monto de $5 millones que la familia de la víctima exigía. La razón: los análisis hechos por contadores y peritos forenses estimaron que la paciente pudo haber recibido en salarios en su vida productiva solo la suma de $179 mil 625, tomando en cuenta el salario mínimo de ese entonces y el hecho de que al momento de su muerte no laboraba.

En cuanto al daño moral, se estableció que Samuel Núñez, el padre de la víctima, presenta dolores en la espalda y malestares, depresión, angustia, tristeza y que sigue afectado emocionalmente por los hechos.

En la evaluación hecha a Irma de Núñez, madre de la víctima, se observó que se deterioró físicamente tras la muerte de hija. Se determinó, a la vez, que todo el entorno familiar “sufrió un grave daño”, ya que la joven era la encargada del manejo de la administración de la casa y del negocio de albañilería de su padre. Por ello, el fallo dice que sí existe un daño moral grave para la familia de la víctima, dado los errores en el manejo del caso.

El magistrado Luis Ramón Fábrega, empero, discrepó con el resto de sus colegas y estimó que en este caso no se le puede atribuir responsabilidad al Estado.

Sustentó que las pruebas aportadas no revelan un nexo de causalidad directo entre la supuesta falta de un servicio administrativo y la muerte de la paciente.

Detalló“que el personal del hospital realizó los esfuerzos necesarios para mejorar su condición de salud”.

PATRONATO SE NOTIFICA

En tanto, la presidenta del Patronato del Hospital Santo Tomás, María Arosemena, reveló que ya fueron notificados de la decisión asumida por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, pero que esta es objeto de análisis por parte de sus asesores legales.

Arosemena no adelantó ninguna opinión sobre los alcances del fallo ni suministró información sobre cómo obtendrían los recursos para hacer frente al pago de la indemnización.

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