EPIDEMIA

Conflicto por norma para afrontar el VIH

El proyecto de ley fue aprobado en tercer debate por el pleno de la Asamblea Nacional. Actualmente, está a la espera de sanción o no por parte del Ejecutivo.

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La polémica gira en torno al abordaje del VIH, específicamente en la población de mujeres embarazadas. Archivo- La polémica gira en torno al abordaje del VIH, específicamente en la población de mujeres embarazadas. Archivo-

La polémica gira en torno al abordaje del VIH, específicamente en la población de mujeres embarazadas. Archivo-

Orlando Quintero, de Probidsida.  Orlando Quintero, de Probidsida.

Orlando Quintero, de Probidsida.

La aprobación en tercer debate del proyecto de ley que regula el nuevo abordaje para la atención integral de las enfermedades de transmisión sexual y del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) tiene enfrentadas a organizaciones que trabajaron en la elaboración del documento.

La Sociedad Civil Unificada en VIH de Panamá –conformada por 12 organizaciones locales–, y 5 redes regionales exigieron al presidente de la República, Juan Carlos Varela, que no promulgue el proyecto de ley 518, aprobado la semana pasada.

Estos grupos están inconformes por las modificaciones que sufrieron los artículos 7 y 8 de la propuesta de ley, ya que, según aseguran, “violan los derechos humanos”.

Las organizaciones responsabilizaron a la Fundación Pro Bienestar y Dignidad de las Personas Afectadas con VIH/sida (Probidsida) de las modificaciones, que establecieron pruebas de VIH obligatorias en algunos casos, pese a que esto atenta contra derechos humanos, según alegan.

A estas críticas se unió el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (Onusida, por sus siglas en inglés), que en un comunicado expresó que la “nueva ley contrasta con el lenguaje positivo y alentador de la campaña Cero discriminación que se ha liderado en el país”.

Los casos

Entre los casos resaltan las mujeres embarazadas –a quienes el médico tratante pediría el examen a discreción–, y las parejas que vayan a contraer matrimonio civil. En este último caso, los contrayentes deben presentar un certificado de salud.

Según la norma, el funcionario del juzgado no podrá solicitar los resultados de las pruebas de laboratorio, pero deberá verificar que la pareja conoce dicho diagnóstico.

La directora de la oenegé Viviendo Positivamente, Dayra García, consideró que solicitar la prueba obligatoria para contraer matrimonio civil viola los derechos humanos, sobre todo cuando hay un tercero que debe estar informado que la prueba se realizó.

García aseguró que con estos cambios se ignoró la labor del 90% de las organizaciones que trabajan en el país para dar respuesta a esta epidemia.

Por su lado, Onusida indicó a través de un comunicado que el proyecto tiene “bondades”, pero también resalta “sorpresa y decepción” por la inclusión en los artículos 7 y 8 de una excepción al principio de voluntariedad de la prueba de VIH.

Onusida resaltó que esta modificación es contraria a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y que la voluntariedad de la mujer embarazada a hacerse esta prueba es un elemento fundamental para una respuesta al abordaje del virus, basado en los derechos humanos .

A su vez, planteó que contar con la voluntad para hacerse la prueba es la “mejor forma” de reconocer la capacidad de las personas al pleno goce de todos los derechos civiles, económicos y políticos consagrados en los instrumentos internacionales de derechos humanos.

Para Onusida, la presunción de ser VIH positivo “no debe ser un factor que justifique el menoscabo de los derechos de las personas, particularmente el derecho a la intimidad, a la autonomía de la voluntad y la autodeterminación”.

Las modificaciones

Al respecto, el fundador de Probidsida, Orlando Quintero, a quien se responsabiliza por los cambios en la norma, expresó que el requisito para contraer matrimonio ya estaba contemplado en la Ley 3 de enero de 2000.

Precisó que los miembros de las organizaciones de la sociedad civil lo eliminaron.

Quintero subrayó que está a favor de que las parejas que van a contraer matrimonio conozcan si alguno es portador del virus, porque se supone que es una relación para toda la vida.

En ese sentido, expresó que está de acuerdo en que es un derecho humano que las pruebas sean voluntarias y confidenciales, pero también dijo defender el derecho de un niño, quien no tiene por qué llegar al mundo infectado porque uno de sus padres “irresponsablemente” no comunicó que portaba el VIH.

Agregó que está a favor del derecho al tercero y manifestó que no acepta que por su actuar lo acusen de atentar contra los derechos humanos de esta población, ya que él mismo es portador del virus.

Por su lado, el ministro de Salud, Miguel Mayo, se limitó a mencionar que en la discusión de esta norma había consenso entre las partes involucradas.

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