AUTOPISTA ARRAIJÁN-LA CHORRERA

Contraloría confirma lesión en obra de Transcaribe Trading

Según el informe de auditoría, el MOP pagó por trabajos que no cumplieron con las especificaciones del pliego de condiciones.

La Contraloría remitió a la fiscal Tania Sterling la auditoría relacionada con los pagos que efectuó el MOP a TCT por la ampliación de la vía.

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Autopista Arraiján- La Chorrera. Autopista Arraiján- La Chorrera.
Autopista Arraiján- La Chorrera. LA PRENSA

La Contraloría General de la República calculó en $7 millones 914 mil 068 con 72 centésimos la posible lesión patrimonial al Estado por los pagos efectuados por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) a la empresa Transcaribe Trading, S.A., para el proyecto de rehabilitación y ensanche de la autopista Arraiján-La Chorrera.

Según el informe de auditoría de la Contraloría –al que tuvo acceso este medio–, la lesión se originó porque se ejecutaron y pagaron trabajos que no cumplieron con las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de condiciones del contrato, que fue suscrito entre el MOP y la constructora TCT el 17 de septiembre de 2010.

El informe, remitido a la fiscal anticorrupción Tania Sterling el 18 de agosto pasado, señala como presuntos responsables de la lesión al extitular del MOP Federico Pepe Suárez (2009-2012) y al representante legal de TCT, Daniel Ochy Diez.

Suárez tiene impedimento de salida del país por este caso y Ochy está detenido preventivamente.

El informe de la Contraloría también identifica como posibles responsables a Marco Antonio Saavedra, representante de la empresa Técnica y Proyectos, S.A., encargada de la supervisión privada de la obra, a dos exfuncionarios del MOP y a cuatro exfiscalizadores de la Contraloría.

SEÑALAN A SUÁREZ Y OCHY POR LESIÓN

En el proyecto de rehabilitación y ensanche de la autopista Arraiján- La Chorrera, a cargo de Transcaribe Trading, S.A. (TCT) “se ejecutaron y pagaron trabajos que no cumplieron con las especificaciones establecidas en el pliego de cargos, que constituyeron una lesión patrimonial al Estado por $7 millones 914 mil 068 con 72 centésimos”.

Así concluye la auditoría que realizó la Contraloría General de la República sobre los pagos efectuados por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) a TCT para esta obra, que inicialmente fue contratada por $152.6 millones, pero terminó costando $161.8 millones.

Sin embargo, en el siguiente párrafo del informe, la Contraloría advierte que hay un saldo de $10.5 millones en trabajos pendientes que tiene el contratista para ejecutar en la obra, y otros $7.6 millones en retenciones por devolver a la empresa, que sumarían unos $17.1 millones, que también podrían constituirse en un perjuicio económico si no se atienden los ajustes.

Foto del exministro Suárez, tomada en junio pasado, a su salida de la Fiscalía Anticorrupción.

RESPONSABLES

La auditoría, entregada a la fiscal anticorrupción Tania Sterling, quien investiga un posible peculado en este contrato, señala como presuntos responsables de la lesión patrimonial al exministro del MOP Federico Suárez (2009-2012) y a Daniel Ochy, representante legal de TCT.

En el informe se señala a Suárez como posible responsable de una lesión de $3.1 millones, por trabajos que se pagaron fuera de las especificaciones del pliego de condiciones, mientras que a Daniel Ochy se le atribuyó la presunta responsabilidad de la totalidad de la lesión al Estado, que como se dijo fue calculada en $7.9 millones.

Suárez fue detenido por la fiscalía como parte de este caso el 4 de julio pasado y quedó en libertad el 22 de agosto, tras consignar una fianza de $500 mil, concedida por el Juzgado Decimoquinto Penal.

También recibió fianza por este caso el exministro Jaime Ford (2012-2014), a quien se le vinculada “por incosistencias e irregularidades en el contrato”.

En tanto, Daniel Ochy está detenido como parte de la investigación desde el 22 de junio pasado. La fiscal también ordenó la detención para ser indagado de su hermano, David Ochy, pero este no ha comparecido.

La Contraloría también implica en la posible lesión al Estado a Marco Antonio Saavedra, representante de Técnicas y Proyectos, S.A., (Typsa), encargada de la inspección privada de la obra.

Además, el informe señala como presuntos responsables de la lesión a dos exfuncionarios del MOP: Eduardo Rodríguez, coordinador de proyectos; y Edder Márquez, inspector de obras.

Asimismo, se menciona a cuatro exfuncionarios de la Contraloría, encargados de fiscalizar obras: Enrique Pérez, Alcibiades Vásquez, Lester Mendoza y Miguel González.

Tanto al representante de Typsa como a los exfuncionarios del MOP y de la Contraloría, se les formuló cargos por la presunta comisión de delitos contra la administración pública en la modalidad de peculado.

Inicialmente la obra costaría $152.6 millones, pero el Estado terminó pagando $161.8 millones.

OBRAS FUERA DEL PLIEGO E INCONCLUSAS

El informe detalla los trabajos no realizados y los que se ejecutaron, pero que no cumplieron con las especificaciones del pliego.

Entre estos últimos destaca el uso de la técnica rubblizing para la trituración de la losa del pavimento. Según el informe, esta técnica no debió usarse ni tampoco pagarse, porque no estaba contemplada en el pliego de condiciones.

Un informe que maneja la fiscalía precisó que el 82% de la losa estaba en buen estado y fue triturada usando este método, lo que pudo aumentar el costo de la obra.

Además, se detectó que la Estación de Pesas y Dimensiones debía ubicarse en la antigua caseta de peajes de la autopista; “sin embargo, se pudo observar que no fue ubicada en el área dispuesta en la adenda No. 1 sobre el pliego de cargos del contrato. Es más, esta obra, que tenía un costo de $750 mil, a la fecha no se ha culminado en su totalidad”.

En cuanto al intercambiador de Vista Alegre-El Tecal, el informe indica que tenía un costo de $4.7 millones, pero solo se canceló $1.7 millones al contratista. La obra estaba contemplada en el contrato, pero se agregó en una adenda en 2013 con un costo más elevado: $9.4 millones. Incluía vigas tensadas por cuatro tréboles (orejas), pero no se ejecutó con esas especificaciones. Se optó por construir un túnel.

El intercambiador –señala el informe– también incluía un dique entre el río Aguacate y la barriada Vista Alegre, que no se hizo.

También fue eliminado un viaducto que se contemplaba en el pliego.

En cuanto a la iluminación, la auditoría de la Contraloría señala que quedaba un saldo de $239 mil del monto pagado por estos trabajos; sin embargo, aparecía en los registros que el saldo era de $176 mil.

El informe indica, asimismo, que se hicieron pagos adicionales por excavación de hombros y que se aumentó sin ningún tipo de explicación la cantidad de metros cuadrados en los trabajos de riego de imprimación.

En cuanto a la barrera de New Jersey, que separa en dos partes los seis carriles de la autopista (tres para ir y tres para regresar), la auditoría destaca que no se cumplió con lo indicado en el anexo del pliego de condiciones, debido a que la misma se hizo seccionada en tramos individuales y no continua, como se indicaba.

“Podemos concluir que la actividad denominada barrera tipo New Jersey no cumplió con las especificaciones técnicas, de las cuales se pagó la suma de $4 millones 469 mil 178 más el Itbms, por lo que se considera un incumplimiento en las especificaciones técnicas y forma parte del perjuicio económico establecido”, señaló el informe de auditoría.

El expresidente Ricardo Martinelli y el empresario David Ochy, quien fue miembro del 'círculo cero' del entonces mandatario.

TCT, PENDIENTE DE PAGAR MULTA

Mediante resolución del 31 de diciembre de 2014, el MOP impuso una multa de $26 mil 710 a TCT por atrasos injustificados de 76 días en la ejecución del contrato. La empresa apeló, pero el 6 de agosto de 2015 se confirmó en todas sus partes la multa, la cual aún no ha sido pagada por el contratista, resaltó la Contraloría en el informe, que además recomienda la disminución de este monto del valor total del contrato.

En total, la Contraloría recomienda al MOP aplicar $17.1 millones en disminuciones al valor total del contrato, que fue de $161. 8 millones, entre las que incluye el costo del intercambiador El Tecal ($4,9 millones); barrera de New Jersey ($2.7 millones); remoción de hombros ($1.7 millones); cunetas pavimentadas (799 mil), entre otras. Si no se hacen estas recomendaciones, podría aumentar la lesión al Estado, indica el informe.

SUÁREZ: ‘NO RECIBÍ NADA DE TCT’

El exministro Federico Suárez remitió a la Contraloría sus descargos sobre este informe a través de su abogado, Rosendo Miranda.

Suárez indicó que no tuvo participación en la gestión de cobro del contrato y que no hay evidencia contable ni material de que haya recibido directa o indirectamente algún beneficio de los pagos realizados a TCT.

En cuanto al pago de la técnica del rubblizing, precisó que cuando esta se pagó ya había sido aprobada y que ello fue refrendado por la Contraloría.

Alegó que el intercambiador de El Tecal no se hizo con las especificaciones detalladas, porque luego de evaluar el diseño, este afectaría a una gran cantidad de personas, utilidades públicas y propiedades.

Sobre la barrera de New Jersey, indicó que esta fue aprobada por el MOP en 2012 y sugirió que para corregir el problema se aplique un anclaje en la obra.

Mientras, Daniel Ochy también envió sus descargos a la Contraloría a través de su abogado, Félix Martín.

En cuanto a las barreras de New Jersey, aseguró que TCT cumplió con la instalación según las especificaciones del contrato, pero que por una observación de la empresa Typsa se propuso usar un sistema de anclaje para minimizar los efectos de colisiones de los conductores. Indicó que esto fue considerado como un defecto subsanable y no como un incumplimiento del pliego de condiciones.

Respecto al uso de la técnica rubblizing, Ochy respondió que era un derecho de la empresa introducir en el desarrollo de la obra metodologías de construcción, siempre que fueran previamente aprobadas por el MOP. Aseguró que esta autorización estaba contemplaba en la adenda No. 1 y que erróneamente la Contraloría ha dicho que se trata de una violación al pliego de condiciones.

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