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Contraloría enfrenta a la Asamblea Nacional por contratos

Una de las millonarias planillas de los diputados tendrá que justificarse si la Asamblea Nacional pretende que la Contraloría la refrende. Se avecina una guerra entre estas dos entidades estatales.

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Suman mil 868 los contratos temporales de trabajo por servicios profesionales girados por diputados de la Asamblea Nacional. Agustín Herrera-MD Suman mil 868 los contratos temporales de trabajo por servicios profesionales girados por diputados de la Asamblea Nacional. Agustín Herrera-MD
Suman mil 868 los contratos temporales de trabajo por servicios profesionales girados por diputados de la Asamblea Nacional. Agustín Herrera-MD

La Asamblea Nacional sufrió un revés la semana pasada, luego de que la Contraloría General de la República se negara a refrendar una de sus múltiples planillas para contratos temporales de trabajo.

Al igual que ha sido su patrón de conducta en los últimos meses sobre el uso del dinero, la Asamblea Nacional no aclaró las dudas expresadas por la Contraloría sobre estos contratos por servicios profesionales.

La Prensa envió un cuestionario a la presidenta de la Asamblea, Yanibel Ábrego, sobre el uso de fondos millonarios para hacer contrataciones de servicios profesionales, pero al cierre de esta edición no había respuesta.

La Contraloría no ha recibido respuesta de la Asamblea, desde el año pasado, cuando comenzó a cuestionar el uso de los fondos de las planillas, pero en esta ocasión detuvo el refrendo.

Varias fuentes oficiales y legislativas confirmaron a este diario que existen funcionarios a lo interno de la Asamblea que llevan a cabo fraudes con los contratos de trabajo, para lo cual utilizan cómplices, que prestan sus nombres para justificar los gastos de estas planillas.

La Contraloría General de la República lleva adelante auditorías a las planillas de los diputados, pero todavía están en proceso y se desconocen sus resultados.

Contralor devuelve contratos a AN por falta de justificación

Las planillas temporales de trabajo parecen ser hoy objeto de una profunda discordia entre la Asamblea Nacional (AN) y la Contraloría General de la República (CGR).

Esta última rechazó el pasado 27 de abril una de esas planillas, que los diputados llaman cándidamente cash back (o devolución de dinero).

El contralor, Federico Humbert, dirigió una carta a la presidenta de la Asamblea, Yanibel Ábrego –recibida en ese Órgano del Estado el pasado lunes 30 de abril–, en la que le devuelve, “sin el refrendo solicitado”, mil 868 contratos de trabajo por servicios profesionales, asignados a la partida 172 de la Asamblea Nacional, que oficialmente se denomina de “servicios especiales”.

Contralor Federico Humbert. Expandir Imagen
Contralor Federico Humbert. LP/LA PRENSA/Archivo

Se trata de una planilla cuyo monto total asciende a 7 millones 525 mil dólares y que comprende contratos por servicios profesionales que arrancan desde el 2 de enero de 2018 hasta el 30 de junio del mismo año, con variaciones en su duración, que van de 3 hasta 6 meses. Es decir, son contratos temporales que corresponden al primer semestre del año en curso, incluso, algunos ya vencidos en abril de este año.

El contralor basa su negativa de refrendar los mil 868 contratos en el hecho de que la Asamblea no ha justificado estos gastos. Humbert envió, según su carta, dos notas fechadas el 14 de febrero de 2017 y 13 de abril de 2018, en las que le pidió, tanto al expresidente de la AN Rubén De León como a su actual presidenta, Yanibel Ábrego, la justificación del gasto, sin tener una respuesta.

Diputada presidenta Yanibel Ábrego. Expandir Imagen
Diputada presidenta Yanibel Ábrego. LP/LA PRENSA/Archivo

En 2014, de la partida 172 –a la que se le ha asignado la planilla rechazada por la Contraloría– se gastaron solo 200 mil dólares en contratos por servicios profesionales (tanto en el reglón de inversión como de funcionamiento). En 2015, los contratos por servicios profesionales en el renglón de funcionamiento subieron a 13 millones de dólares, y en 2016, treparon a 57 millones de dólares.

Hasta octubre de 2017, los gastos de la partida 172 en contratos por servicios profesionales fueron de 22.6 millones de dólares (tanto en inversión como en funcionamiento).

Factoraje

La Prensa pudo confirmar con fuentes oficiales, tanto del Palacio Justo Arosemena como de altas autoridades de otras instituciones estatales, que con los contratos temporales de trabajo se practica el factoring o factoraje.

Según las fuentes, a cada diputado –que así lo desee– se le asigna cierta cantidad de dinero (fuera de los 30 mil dólares mensuales para su “personal de confianza”), destinada a la contratación de personas cuyas funciones no son definidas.

El dinero de esas contrataciones temporales de trabajo se gira contra la partida 172. Estos contratos son los llamados cash back, en los que solo una fracción del dinero se paga a su destinatario final, mientras que el saldo, que oscila entre el 90% y 95% del total del contrato, retorna al gestor de estos contratos (de ahí que se le llame cash back), siempre que se ocupe de la burocracia.

“El uso de este objeto de gasto obliga a la definición del objetivo y/o producto final de cada contratación, según se establece en el tercer párrafo del artículo 265 de las normas presupuestarias; según el cual, el pago de los honorarios pactados en el contrato se hará contra la aprobación del producto final de los servicios contratados”, indica Humbert a Ábrego.

En otras palabras, el contralor le pide a Ábrego que le diga qué servicios prestarán estas personas y qué obtendría de ellos la Asamblea.

Curiosamente, un tercio de esta planilla, aproximadamente, es para la contratación de “promotores comunales”, título genérico que no define las funciones de los contratados.

Los otros dos tercios –casi mil 300 personas– son “asistentes administrativos”, cuyas funciones tampoco fueron definidas por la AN.

Humbert no obtuvo respuesta sobre el lugar en donde laborarían las personas contratadas o el sitio donde prestarían sus servicios.

Tampoco le informaron sobre las funciones que tendrían que desempeñar ni la forma en que serían remuneradas. Mucho menos recibió respuesta sobre los nombres de los diputados que solicitaron o gestionaron los contratos de trabajo.

En vista de que no ha recibido respuesta alguna a estas preguntas, Humbert devolvió la totalidad de los contratos, advirtiendo que la Contraloría no los refrendará (ver facsímil de la carta).

Facsímil de la carta enviada por la Contraloría el 27 de abril pasado a la Asamblea Nacional, en la que el contralor Federico Humbert niega el refrendo a los contratos temporales de trabajo. Expandir Imagen
Facsímil de la carta enviada por la Contraloría el 27 de abril pasado a la Asamblea Nacional, en la que el contralor Federico Humbert niega el refrendo a los contratos temporales de trabajo.

Pero, dado que el trámite requiere reclutar personas dispuestas a prestar su nombre para el fraude, los gestores buscan a funcionarios –que están en la misma Asamblea– que, a cambio de un porcentaje del monto del dinero asignado a cada diputado, se hacen cargo de reclutar a las personas, cuadran los porcentajes que le pagarán a cada uno de sus cómplices y se ocupan del papeleo.

De esta forma, si a cada gestor de contratos se le asignan 100 mil dólares en contratos semestralmente, en el factoraje podría recibir entre 80 mil y 85 mil dólares, mientras que la persona que hace el factoraje recibiría la diferencia, dinero del que saldría su “comisión” y el porcentaje que tendría que pagar para el prestanombre.

Según las fuentes, este procedimiento es común en la AN, de ahí que haya reticencia en definir las funciones de los contratado o dónde trabajará o quién fue el gestor de los contratos por servicios profesionales.

La Prensa, en investigaciones anteriores, reveló que los diputados gestores de contratos y donaciones eran identificados con códigos numéricos, para mantener sus identidades en secreto.

El año pasado, fuentes legislativas explicaron que, con raras excepciones, los diputados –de gobierno y oposición– recibían también dinero de las “donaciones” que gestionaban para terceros.

En un documento llamado “gestión de cobro” se escribía a mano el código numérico de cada diputado, con lo que quedaba identificada discretamente la nómina de donaciones de cada diputado.

Este medio envió un correo a la Contraloría para conocer mayores detalles, pero se excusó. “Las acciones que emanan del proceso de fiscalización de Contraloría se notifican a la entidad solicitante [...], le corresponde a esta subsanar los requerimientos de la Contraloría General de la República en caso de una negación de refrendo. De existir cualquier consulta con referencia a la carta en mención, esta debe ser dirigida a la entidad correspondiente”.

La Prensa también envió un correo a Yanibel Ábrego para recibir sus descargos, pero al cierre de esta edición no había respuesta.

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