POSIBLES PERJUICIOS AL PATRIMONIO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ

Contraloría: van $18 millones en lesiones

La Contraloría entregó a la Fiscalía de Cuentas un informe pendiente por el arriendo de terrenos de la UP cerca del aeropuerto de Tocumen.

La relevancia de un fallo

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Terrenos alquilados. Terrenos alquilados.
Terrenos alquilados. LA PRENSA/Daniel González

Unos 18 millones de dólares podría ser el perjuicio que ha sufrido la Universidad de Panamá (UP), producto de tres contratos de alquiler de tierras en Tocumen de la entidad educativa.

Un nuevo informe de la Contraloría General de la República cuantificó en $8.4 millones el posible perjuicio por el alquiler de tierras a la empresa Parque Sur. El monto se suma a otros posibles perjuicios ya calculados por la Contraloría.

El informe, empero, solo analizó el alquiler de 33 de las 42 hectáreas que ocupa Parque Sur, cuyo negocio es arrendar bodegas en el terreno universitario.

Según la Contraloría, uno de los posibles responsables del perjuicio a la UP es el exrector Gustavo García de Paredes, quien reiteró que siempre cumplió con la ley. Igualmente, el informe menciona a Vicente Archibold, exdirector de Asesoría Jurídica de la UP; y a Salomón Hanono, representante de Parque Sur, por los pagos discordes al valor del mercado, quien “debe responder por el perjuicio económico”.

OTRO MILLONARIO PERJUICIO CONTRA UP

Según la Contraloría, ‘el centro de estudios [la Universidad de Panamá] estaba indirectamente contribuyendo con la inversión de la empresa’. Expandir Imagen
Según la Contraloría, ‘el centro de estudios [la Universidad de Panamá] estaba indirectamente contribuyendo con la inversión de la empresa’. LA PRENSA/Archivo

A unos $8.4 millones asciende el perjuicio económico que habría sufrido la Universidad de Panamá (UP), producto del alquiler de una de sus fincas próximas al aeropuerto de Tocumen, durante la administración del hoy exrector Gustavo García de Paredes.

Así lo determinó la Contraloría General, que entregó la semana pasada el último informe de ampliación de las auditorías a los contratos de arrendamiento que solicitó la Fiscalía General de Cuentas.

El informe detalla una supuesta lesión contra el patrimonio de la UP por el contrato con la mayor extensión de tierras: las que ocupa el centro logístico Parque Sur.

La Contraloría aún tiene pendiente la entrega de informes sobre la venta de 1.6 hectáreas a la iglesia Hosanna, que habría sido a la mitad del precio de mercado y de los avalúos, entre otros.

UP PIERDE Y PARQUE SUR SE HACE MILLONARIO

A Parque Industrial y Corporativo Sur, S.A. la administración pasada le alquiló 42 hectáreas de una finca de la Facultad de Agronomía –cuyos estudiantes hoy carecen de un sitio para sus prácticas­ para operar un centro logístico, aunque la UP solo cobra el alquiler de 33 hectáreas.

Según este nuevo informe de la Contraloría, por este contrato –que data de 2006– y sus adendas, la UP perdió $8.4 millones de su patrimonio, mientras que Parque Sur –que nació para administrar estas tierras– tiene un patrimonio neto de $131 millones, “compuesto primordialmente de utilidades acumuladas” y ganancias netas por $9 millones, revela su reporte al 30 de junio de 2017 en la Bolsa de Valores de Panamá.

La lesión se calculó con base al avalúo efectuado por la Contraloría en 2016, que estimó que el alquiler debía estar entre $1.30 y $2.40 el metro cuadrado. Sin embargo, la UP cobra únicamente 6 centavos, según el informe.

También se sumaron en el cálculo los dos años del periodo de gracia en el que Parque Sur no pagó arrendamiento, y el descuento del 50% que le hacía la UP al canon de alquiler para devolverle a la empresa parte de su inversión en los terrenos universitarios, términos estos ajenos a la normativa de contrataciones.

Destaca la Contraloría que la falta de avalúos entre 2006 y 2015 impidió calcular el canon con “certeza”.

Según información financiera presentada en la Bolsa de Valores de Panamá, por parte de la empresa, se evidencian las ventajas obtenidas a través del contrato de arrendamiento en referencia, ya que mantuvo un crecimiento constante en el ingreso operativo, producto del subarrendamiento de locales construidos sobre los terrenos de la Universidad, toda vez que se ubican a cinco minutos del Aeropuerto Internacional de Tocumen [...], contrario a las desventajas que han representado estas transacciones para la Universidad, obligada a reembolsar a la empresa parte de la inversión por mejoras efectuadas...” , cita el nuevo informe de la Contraloría.

¿OMISIÓN?

El documento no menciona nada sobre las 9.2 hectáreas de tierras cedidas –sin cobro alguno– por parte de la UP a Parque Sur, bajo la excusa de que serían “servidumbre ecológica”, aunque nada hay parecido a esa figura en el estudio de impacto ambiental que el promotor presentó al Ministerio de Ambiente. De hecho, la Contraloría, en su primer informe de auditoría, señala sobre este particular que: “no se evidencian documentos que justifiquen lo pactado”.

A petición de la Fiscalía General de Cuentas, la Contraloría complementó su auditoría y cuantificó lo que, a su juicio, son los daños de los contratos de alquileres universitarios. Expandir Imagen
A petición de la Fiscalía General de Cuentas, la Contraloría complementó su auditoría y cuantificó lo que, a su juicio, son los daños de los contratos de alquileres universitarios.

En ese primer informe de Parque Sur, la Contraloría detalló que se “evidencia que la UP celebró un contrato de arrendamiento, cuando la naturaleza del mismo corresponde a una concesión administrativa, ya que a través del objeto del contrato y las adendas se permitió que la arrendataria constituyese el título de dominio sobre terrenos de la Universidad”.

Por ello, para el exdirector de Contrataciones Públicas Alexis Zuleta, la Contraloría fue conservadora en cuantificar la lesión. “Imagínese 8 millones calculando el alquiler. ¿Y si fuera una concesión? Debieron dejar constancia en alguna nota de que si se hubiera hecho un contrato de concesión, lo más probable es que las regalías hubieran sido mayores por el potencial que tiene el negocio”, reclamó Zuleta, quien demandó la nulidad del contrato ante la Corte Suprema de Justicia.

POSIBLES  RESPONSABLES

García de Paredes, Archibold y Hanono. Expandir Imagen
García de Paredes, Archibold y Hanono. LA PRENSA/Archivo

Por este probable perjuicio al patrimonio estatal, el informe de Contraloría cita como posibles responsables al exrector Gustavo García de Paredes, el entonces director de Asesoría Jurídica Vicente Archibold y al representante de Parque Sur, Salomón Hanono Wiznitzer.

Según el informe, García de Paredes, por haber firmado el referido contrato, es responsable “ por conceder superficies adicionales a la arrendataria, sin considerar la actualización de los avalúos respectivos; pactó el reembolso a la empresa de hasta un 70% de la inversión por mejoras en el área arrendada, aplicando el 50% de descuento en el canon de arrendamiento; concedió periodos de gracia y 20 años adicionales de vigencia del contrato, que no eran viables, y permitió que la arrendataria constituyese títulos de dominio sobre terrenos que pertenecen a dicho centro de estudios, contraviniendo las disposiciones legales que establece la Ley 22 de Contrataciones Públicas”.

Consultado García de Paredes sobre este informe, repitió que este contrato fue producto de una licitación que cumplió con los requisitos y avalúos y que fue refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas. “Lo que digan es un invento y está fuera de lo que realmente sucedió, se cumplió siempre con la ley”, afirmó.

A su turno, Archibold dijo “quiero ver cuáles son los señalamientos específicos que me hace la Contraloría para poder contestar”. Pero se quejó de que la Contraloría no lo citó para dar su versión y que la Fiscalía General de Cuentas no le permite copiar el expediente.

Hanono, presidente de Parque Sur, es señalado por el informe como posible responsable de la lesión, porque sus “pagos no estaban acorde a los precios del mercado; por lo tanto, debe responder por el total del perjuicio económico causado al Estado”. Hanono no contestó las llamadas, correos ni recados con su secretaria, tal como lo ha venido haciendo desde 2016, cuando La Prensa investigaba el patrimonio de la UP, luego auditado por la Contraloría.

UNIVERSIDAD RECLAMARÁ

El actual rector, Eduardo Flores, aseguró que no esperarán el fallo de la Corte Suprema sobre la nulidad del contrato y que procederá a cobrar lo adeudado. Es dinero que falta en la UP para equipar laboratorios y otras necesidades, justificó.

“Exigiremos que nos paguen... Y tendremos que evaluar si sigue siendo rentable seguir alquilando. Los terrenos los podríamos usar para la Facultad de Ciencias Agropecuarias”, adelantó. No obstante, las empresas arrendatarias han hecho inversiones en esas tierras.

Flores aseguró que ha ayudado a la Contraloría en sus informes al facilitarle la documentación de la UP, institución que aún no ha cobrado ninguno de los contratos de alquiler, cuyos posibles daños han sido cuantificados, como es el caso del Consorcio Pacífico Atlántico, liderado por el empresario Herman Bern Pittí, Jonathan Bettsack Maduro y Alejandro Hanono W. (hermano de Salomón) y de la Corporación Westminster, también de los hermanos Hanono Wiznitzer, porque esperan el fallo del Tribunal de Cuentas.

Flores agregó que le han notificado a Parque Sur que debe renegociar el contrato, pero que está a la espera del pronunciamiento de la autoridad. “No era correcto renegociar un contrato no beneficioso y que además está en investigación”, acotó.

La relevancia de un fallo

Múltiples intereses hay en  juego frente al  futuro fallo de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, tras  la demanda de nulidad del contrato de arrendamiento de tierras universitarias a la empresa  Parque Sur, y la objeción de 14 de sus cláusulas, debido a la similitud de este contrato con otros dos concedidos por la Universidad de Panamá en terrenos universitarios ubicados en Tocumen. 

Sus consecuencias afectarían el patrimonio de la Universidad de Panamá –posiblemente perjudicado por un total de $18 millones, de acuerdo con auditorías de la Contraloría­ así como a  Parque Industrial y Corporativo Sur y sus  arrendatarios.

Además, Parque Industrial y Corporativo Sur está autorizado para emitir bonos corporativos hasta por $50 millones y, a la fecha, emitió   $4.9 millones con vencimiento a 25 años, a una tasa de interés del 12%. Desde septiembre pasado, Prima Sociedad de Inversión Inmobiliaria S.A., cuyo presidente es Salomón Hanono W. (el mismo de Parque Sur), adquirió el 100% de los bonos corporativos emitidos por Parque Sur.

La Superintendencia del Mercado de Valores informó que “debe darle seguimiento continuo al caso”. En agosto pasado, le solicitó a Prima que divulgara la información referente a la demanda admitida por la Corte y  publicada por La Prensa. La autoridad agregó que estará en comunicación permanente con el emisor para que divulgue pertinentemente la evolución de la situación. “Que garantice la transparencia debida al mercado y al público inversionista, de manera que estén debida y oportunamente informados, con información relevante para la toma de decisiones”, añadió.

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