Opinión

Contrapuntos sobre el principio de especialidad

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Fernando Gómez Arbeláez

Un principio  común a los dos instrumentos más importantes en materia de extradición entre Panamá y Estados Unidos concierne a la especialidad del sustento judicial de la solicitud de extradición.

Desarrollado bajo la práctica del derecho internacional convencional y del consuetudinario, para que un particular sea extraditado es condición necesaria  que llegue a ser juzgado y sentenciado, considerando, de forma exclusiva, solo el  delito o delitos que motivaron la extradición.

La bilateral Convención de Extradición de 1904, al igual que la multilateral Convención sobre Extradición,  de 1933, contienen disposiciones (artículos 8 y 17 (a), respectivamente) que obligan de manera expresa a Panamá y a Estados Unidos a no acusar, enjuiciar o sancionar al extraditado por delitos diferentes a los contenidos en la solicitud, a menos   que este manifieste su consentimiento “prestado libre y  públicamente”.

Una vez entregada la persona extraditada, ¿quién le protegerá este derecho  si en el país requirente, a pesar de lo anterior, es juzgada también por otros delitos?  En el caso de Estados Unidos, su práctica  hacia países requirentes no cumplidores de este principio es irregular, si se toma en cuenta la independencia constitucional reconocida por el Departamento de Estado a la esfera judicial de cada país.

¿Podría entonces el extraditado presentar algún recurso en su defensa?  Cabe esperar  la posición de  la Corte Suprema de Justicia, que es el tribunal con competencia sobre diputados nacionales y del Parlacen –como es Ricardo Martinelli– acerca de la pluralidad de procesos pendientes en contra del  expresidente, de los cuales apenas uno, por cuatro delitos, aparece listado en la solicitud panameña a Estados Unidos.

El problema judicial, quizá sin precedentes, sería que semejante defensa debería ser presentada ante la propia Corte.  En tal evento, siendo la eventual decisión de la Corte la de juzgar a Martinelli en Panamá por todos los procesos aún abiertos, esta difícilmente prosperaría.

El autor es Abogado especialista en Derecho Internacional

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Alonso E. Illueca

El principio de especialidad es una de las características principales del derecho aplicable a los procesos de extradición.

Este principio consiste en que el Estado requirente puede solo juzgar a un “individuo extraditado” por las ofensas por las cuales su extradición fue autorizada por el Estado requerido.

Dicho principio fue concebido como una salvaguarda contra procesos judiciales con matices políticos y por violaciones a otras normas sustantivas de  procesos de extradición, como los principios de doble incriminación y de no ser juzgado dos veces por el mismo crimen.

El principio de especialidad está codificado en la mayoría de los tratados de extradición. En el caso del Tratado de Extradición entre Panamá y  Estados Unidos (1904), dicho principio está consagrado, con ciertas particularidades, en el artículo VIII: Ninguna persona entregada por una de las partes contratantes a la otra, podrá, sin el consentimiento prestado por ella libre y públicamente, ser acusada, enjuiciada o castigada por otro crimen o delito cometido antes de su extradición que aquel por el cual ha sido entregada, hasta tanto no haya tenido la oportunidad para regresar al país de que ha sido extraída. Es decir, que el Tratado, además de consagrar el principio de especialidad, establece dos excepciones al mismo: la renuncia expresa de la persona extraditada y la renuncia tácita (permanecer en el país luego de concluido el proceso o haber cumplido la pena). En este sentido, es necesario recordar que nuestro Código Procesal Penal establece (artículo 516) que los procesos de extradición están regulados por los Tratados aplicables (norma principal) y, en su defecto, por las disposiciones de dicho Código (norma subsidiaria). Solo es menester acudir al Código Procesal Penal para esclarecer el plazo de la renuncia tácita. En este sentido, el artículo 548.2 del Código aclara que luego de haber sido puesto en libertad por el delito por el cual fue extraditado, el individuo tiene 30 días para salir de Panamá. Si no lo hace, se entiende que ha renunciado tácitamente al principio de especialidad.

El autor es  Abogado y profesor de Derecho Internacional

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