escándalo que implica a diputados

Controlaría envía auditorías del caso FIS a Procuraduría

Simulación de entrega de equipos y alimentos, fundaciones y empresas de papel, fueron algunas de las irregularidades encontradas.

La Contraloría General de la República informó que –tras un año y nueve meses– terminó 27 auditorías por el escándalo del supuesto manejo irregular de bienes en el Fondo de Inversión Social (FIS), en el que se vincula a algunos diputados.

De acuerdo con la Contraloría, las auditorías que arrojaron “perjuicio económico” fueron remitidas a las instancias correspondientes para su investigación, en este caso, la Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público y el Tribunal de Cuentas. Sin embargo, no dio detalles del monto total de la lesión patrimonial que encontró.

La firma privada López Consultores determinó, después de su auditoría, que un grupo de diputados hacía donaciones a diversos grupos y comunidades a través de fundaciones creadas por ellos y por medio de empresas “de papel”. Pero la entrega de los recursos y alimentos “era simulada” y los equipos (o dinero) retornaban a ellos.

La lesión, de acuerdo con López Consultores, se estimó en 12 millones de dólares y comprendía el período de los presidentes Mireya Moscoso (1999-2004) y Martín Torrijos (2004-2009).

Una investigación de este diario publicada en enero de 2010 dejó al descubierto el entramado jurídico que establecieron algunos diputados y personas particulares para desviar recursos destinados para ayuda social a las comunidades.

Entre los que figuran en el supuesto desvío de fondos están José Muñoz, Héctor Aparicio, Dalia Bernal, Abraham Martínez, Carlos Afú, todos de Cambio Democrático; José Luis Varela y Alcibiades Vásquez, del panameñismo; Leandro Ávila, Juan Carlos Arosemena y Yassir Purcait, del Partido Revolucionario Democrático. Todos en su momento rechazaron los señalamientos y criticaron la auditoría.

SIETE AUDITORÍAS MÁS

La contralora, Gioconda de Bianchini, aún mantiene en proceso otras siete auditorías del FIS. Cuatro de ellas corresponden específicamente al Programa de Asistencia Social (Proas).

De acuerdo con la auditoría externa de López Consultores, de junio a noviembre de 2009 se determinó una serie de irregularidades en que actuales diputados y exdiputados estaban vinculados, ya que a través de Proas canalizaban las ayudas de tipo social, así como las obras comunitarias.

Contraloría, que comenzó el proceso en enero de 2010, informó que en las auditorías del Proas están pendientes “otros muestreos que ampliamos de proyectos de asistencia social y económica”.

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