Corcione recurre a la Sala Penal

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La defensa de Nicolás Corcione Pérez Balladares presentó nuevos recursos, esta vez ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. La defensa de Nicolás Corcione Pérez Balladares presentó nuevos recursos, esta vez ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
La defensa de Nicolás Corcione Pérez Balladares presentó nuevos recursos, esta vez ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

El empresario Nicolás Corcione Pérez Balladares insiste en evitar ser indagado por el Ministerio Público, que lo investiga por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales relacionado con cuentas del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Alejandro Moncada Luna.

Su abogado, Roberto Moreno, presentó una solicitud ante la Sala Penal de la Corte, para que esta decida si su cliente, como directivo de la Autoridad del Canal de Panamá, califica dentro de las competencias de esa instancia y conozca del proceso que se sigue en su contra.

El magistrado Jerónimo Mejía fue designado ponente del recurso, luego de que su colega Harry Díaz se declarara impedido, debido a que es vecino del procesado en un residencial de la ciudad capital.

Corcione cambia estrategia

La defensa de Nicolás Corcione Pérez Balladares cambió de estrategia en su objetivo para que el empresario no sea indagado por el Ministerio Público y su caso se ventile en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), bajo el argumento de que él es miembro de la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

Corcione Pérez Balladares es requerido por el fiscal contra la Delincuencia Organizada, Nahaniel Murgas, para que rinda declaración indagatoria como parte de un proceso por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales relacionado con cuentas del exmagistrado de la CSJ Alejandro Moncada Luna

Roberto Moreno, abogado del empresario, desistió del incidente de controversia que interpuso el 6 de este mes ante el Juzgado Decimosexto Penal, y solicitó a la Sala Penal de la CSJ que decida si su cliente califica dentro de las competencias que señala el numeral 1 del artículo 40 del Código Procesal Penal, que dice: “la Sala Penal tendrá competencia para conocer de los procesos penales que se sigan contra los embajadores, los cónsules, los viceministros de Estado, los magistrados de los tribunales superiores, el defensor del Pueblo, los fiscales superiores, el director y subdirector de la Policía Nacional, los directores y gerentes de entidades autónomas y semiautónomas y quienes desempeñen cualquier otro cargo con mando y jurisdicción en todo el territorio de la República o en dos o más provincias que no formen parte de un mismo distrito judicial”.

Una fuente de la CSJ confirmó la solicitud que elevó la defensa de Corcione Pérez Balladares ante la Sala Penal, integrada por los magistrados Harry Díaz, José Ayú Prado y Jerónimo Mejía.

Se conoció que el magistrado Díaz fue designado como ponente del recurso, pero este se declaró impedido, ya que es vecino de Corcione Pérez Balladares en un residencial en la ciudad capital.

En reemplazo de Díaz, el ponente será el magistrado Mejía, quien, según la fuente, deberá realizar una audiencia de control judicial la próxima semana para resolver el recurso.

Otras fuentes de la CSJ confirmaron que en esa corporación hay posiciones encontradas en relación a si el proceso que se le sigue a Corcione Pérez Balladares es competencia de la Sala Penal.

La exmagistrada de la CSJ Esmeralda de Troitiño opinó que, como directivo de la ACP, Corcione Pérez Balladares no aplica para que la Sala Penal tenga alguna competencia en la investigación que le sigue el Ministerio Público.

Según de Troitiño, solo el presidente de la junta directiva está investido de una autoridad y no los directivos de una entidad.

En carta dirigida el 16 de agosto pasado al presidente de la junta directiva de la ACP, Roberto Roy, Corcione Pérez Balladares le comunicó su decisión de abstenerse temporalmente de tomar decisiones en dicha instancia y prometió que se presentaría personalmente ante las autoridades para cooperar con la investigación, entregar pruebas y rendir su testimonio.

Hasta la fecha, sin embargo, no lo ha cumplido.

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