Investigación

Corrupción atiza peleas en Gobierno de Bolivia

El analista boliviano Carlos Cordero afirmó que la ‘gestión ineficiente’ de Evo Morales está causando malestar en la población.

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El presidente boliviano aspira a la reelección a pesar de que en 2016 fue rechazada mediante un referéndum. Archivo El presidente boliviano aspira a la reelección a pesar de que en 2016 fue rechazada mediante un referéndum. Archivo
El presidente boliviano aspira a la reelección a pesar de que en 2016 fue rechazada mediante un referéndum. Archivo

Que la oposición acuse al Gobierno es algo habitual en Bolivia, pero que un ministro lance sospechas sobre otros altos funcionarios era impensable hasta ahora, en los 11 años de Evo Morales en el poder.

El presidente de la poderosa petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Guillermo Achá, advirtió que no renunciará a menos que se lo pida Morales, luego de que el ministro de Justicia, Héctor Arce, lo conminó a someterse a una investigación por presuntas irregularidades en un contrato para la compra de tres perforadoras, por un monto de $148 millones, que aún no se ha concretado.

“Mientras no tenga otras instrucciones de las autoridades de Estado seguiré en mis funciones”, respondió Achá, a quien el ministro también responsabilizó“por cualquier juicio o arbitraje” que pueda entablar la italiana Drillmec.

Según la investigación de la Unidad de Transparencia de YPFB, el contrato con Drillmec estuvo plagado de irregularidades, los taladros tendrían sobreprecio y la compañía habría pagado un viaje a Estados Unidos a funcionarios petroleros.

“Las observaciones de falta de transparencia y supuesto sobreprecio dañan a Drillmec y afectan la imagen del Estado italiano”, que es accionista de la empresa, dijo la compañía en un comunicado.

Achá admitió haber ordenado la compra, pero dijo que no participó en el “proceso de contratación”. Su despacho suspendió a 15 funcionarios, entre ellos al vicepresidente de Contrataciones.

“No es posible que Achá deslinde responsabilidades solo por no haber firmado el contrato, cuando él admite que conocía del proceso. Esa es la prueba de que la justicia no se aplica por igual para todos”, expresó otro de los denunciantes, el senador Óscar Ortiz, del partido opositor Unidad Nacional.

Morales salió al paso de las acusaciones cruzadas y en rueda de prensa, el pasado viernes, manifestó que “la oposición se agarra de un tema” para desprestigiar su gestión, y que en el caso de los taladros “es el Gobierno el que está investigando”, tras detectar “procedimientos sospechosos”.

Desde que el gobernante nacionalizó los hidrocarburos en 2006, la petrolera estatal protagonizó sonados escándalos de corrupción. Su presidente en 2009, Santos Ramírez, fue destituido y enjuiciado tras el asesinato de un empresario que había retirado del banco casi medio millón de dólares para pagar sobornos, tras adjudicarse un millonario contrato en YPFB. Ramírez fue condenado a 12 años de cárcel.

Pero el mayor escándalo fue el desfalco de al menos $10 millones destinados a indígenas y campesinos pobres, caso en el que están involucrados dirigentes del gobernante Movimiento al Socialismo y autoridades. Tras dos años de investigación todavía no hay sentencia. Otro caso, por tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, implicó a una exnovia de Morales; no hay altos funcionarios investigados, sino administrativos de bajo rango.

“Hay tres justicias en Bolivia: una para perseguir a opositores, otra para chantajear a ciudadanos y otra para proteger al poder”, denunció el senador Ortiz.

Investigaciones del analista privado Diego Ayo indican que en una década el Gobierno invirtió unos 27 mil millones de dólares en proyectos públicos, 87% de los cuales adjudicó en forma directa, sin licitación.

Opositores y analistas sospechan que las pugnas internas son reflejo de los obstáculos para continuar en el poder que enfrenta Morales, quien pese a haber perdido un referendo que le hubiera permitido postularse a un cuarto mandato en 2019, ha insinuado que insistirá en reelegirse.

“Estamos viendo un fenómeno nuevo. A la corrupción se suma la gestión ineficiente y eso está aumentando el malestar y rechazo en la población”, aseguró el analista Carlos Cordero.

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