PROCESO DEL ESTADO CONTRA DESARROLLO GOLF CORONADO S.A.

´Corte debió admitir amparos´

Los magistrados Harley Mitchel, Jerónimo Mejía, Oydén Ortega y Víctor Benavides opinaron que había suficientes pruebas para conocer las acciones.

Por existir suficientes evidencias sobre la supuesta violación al debido proceso, el derecho a la defensa y otras garantías fundamentales, el pleno de la Corte Suprema de Justicia debió admitir los amparos interpuestos por la empresa Desarrollo Golf Coronado S.A. contra los alcances por $3 millones 76 mil que le ordenó pagar al fisco la extinta Dirección General de Ingresos (DGI).

En ese criterio coincidieron los magistrados Harley Mitchell, Oydén Ortega, Jerónimo Mejía y Víctor Benavides, quienes salvaron sus votos en los fallos del pleno de la Corte que rechazaron dichos amparos en noviembre de 2012.

Con esas acciones, la empresa atacó las resoluciones 201-4978 y 201-4979, ambas dictadas por la extinta DGI el 20 de abril 2012, que, a su vez, negaron los recursos de reconsideración contra los alcances fiscales.

El pleno, mediante resoluciones 428-12 y 429-12 y con ponencia de Alejandro Moncada y el aval de Harry Díaz, Hernán de León, Luis Ramón Fábrega y Aníbal Salas o su suplente Gabriel Fernández, rechazó los amparos con el argumento de que la empresa incurrió en un error técnico al atacar las resoluciones 201-4978 y 201-4979, que como se dijo resolvieron las reconsideraciones y no los actos originarios que fijaron los alcances, contenido en las resoluciones 201-84 y 201-85 del 4 de enero de 2012.

Sin embargo, los magistrados coincidieron en que, aunque las resoluciones 201-4979 y 201-4978 negaron las reconsideraciones y mantuvieron en todas sus partes lo dispuesto en los actos originarios, también entraron a considerar otros aspectos y negaron la petición de los abogados de la empresa de interrogar a los peritos del fisco.

Por otra parte, para rechazar los amparos el pleno argumentó que la empresa incluyó entre los fundamentos de los amparos aspectos no contenidos en las resoluciones 201- 4978 y 201-4979.

El pleno citó la solicitud de repregunta a los peritos del fisco y al alegato de la empresa de que la DGI omitió trámites legales importantes al no remitir a la Corte una advertencia de inconstitucionalidad contra los parágrafos 2 y 3 del artículo 699 del Código Fiscal y el artículo 14 de la Ley 57 de 1978.

Mitchell, empero, opinó que la Corte debió determinar si la DGI vulneró o no dichos trámites.

“Frente a la potestad tributaria del Estado, debe existir un marcado interés en que no se incurra en la perturbación de un derecho fundamental, de allí que todo sistema tributario debe desarrollarse dentro del contexto de estos principios y normas constitucionales, que son la garantía de que derechos, como el de propiedad, no sean vulnerados en detrimento del contribuyente”, sentenció.

Por su parte, Ortega señaló que el acto impugnado “sí tiene la apariencia de vulnerar un derecho fundamental” y la Corte debió admitirlo.

“En este caso se está atacando por esta vía constitucional una situación producida dentro de un procedimiento administrativo sui géneris, por cuanto que en el mismo no existe la etapa de apelación y en el que el mismo funcionario que dictó la resolución originaria, dictó la confirmatoria. Además, estimo que lo que el accionante invocó fue la infracción del artículo 32 de la Constitución, por haberse impedido el derecho a la defensa, al no permitirse que pudiera preguntar a los peritos del fisco”, indicó.

“La admisión de la acción hubiese permitido al pleno adentrarse en conocer el planteamiento de la demandante, que advierte algunos aspectos que eran necesarios confrontarlos con el principio constitucional del debido proceso, ya que el debate se concentra en la omisión de trámites legales importantes, que pudieran conllevar a la posible violación del debido procesal legal en detrimento del contribuyente”, acotó Benavides.

En tanto, Mejía señaló que las afirmaciones de la empresa sobre la violación de sus derechos “justificaban que se admitieran los amparos, con el propósito de determinar que las mismas se encuentran acreditadas y, de ser ello así, si estas implican la violación al debido proceso por parte de la DGI”.

Explicó que, aunque la jurisprudencia señala que no proceden los amparos que atacan decisiones confirmatorias y no originales, el máximo tribunal también ha admitido, y en algunos casos concedido, amparos que, en principio, fueron propuestos contra actos confirmatorios cuando, por ejemplo, presentan a primera vista la potencialidad de vulnerar derechos fundamentales.

Mejía, Mitchell y Ortega también salvaron sus votos en la decisión del pleno que rechazó una advertencia de inconstitucionalidad presentada por los abogados de Desarrollo Golf Coronado contra los parágrafos 2 y 3 del artículo 699 del Código Fiscal y el artículo 14 de la Ley 57 de 1978.

Además, Mejía salvó su voto, y Mitchell y Ortega lo razonaron en otra acción similar.

Sobre estas últimas decisiones, los abogados de la empresa presentaron ante el pleno una solicitud para que se aclaren ambos fallos.

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