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Corte declina denuncias contra exdiputados al Ministerio Público

El pasado 25 de julio, la Corte dispuso que sea el Ministerio Público el que investigue a los no reelectos que fueron denunciados por la Contraloría.

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Jorge Alberto Rosas, Athenas Athanasiadis y Aris De Icaza Jorge Alberto Rosas, Athenas Athanasiadis y Aris De Icaza
Jorge Alberto Rosas, Athenas Athanasiadis y Aris De Icaza Archivo

El pleno de la Corte Suprema de Justicia declinó al Ministerio Público (MP) la competencia de tres denuncias presentadas por el contralor general de la República, Federico Humbert, contra los exdiputados Athenas Athanasiadis, Aristides De Icaza y Jorge Alberto Rosas, por presuntas irregularidades en el manejo de planillas de la Asamblea Nacional (AN) asignadas a ellos.

La decisión –que hasta ahora se conoce– se produjo en la sesión del pleno del pasado 25 de julio. Los magistrados decidieron que todos los procesos contra diputados no reelectos que hubiesen sido admitidos o estuvieran pendientes serían enviados al MP.

En tres edictos colgados en la Secretaría General de la Corte se informa que el pleno se inhibe de conocer las denuncias presentadas por Humbert y que se declina al MP la tramitación de los expedientes.

Las denuncias presentadas contra Athanasiadis, De Icaza y Rosas habían quedado radicadas en el despacho del magistrado Abel Zamorano.

Como fundamento para declinar el proceso al MP, la Corte se basó en los artículos 487 y 488 del Código Penal.

El primero de ellos establece que “compete al pleno de la Corte Suprema de Justicia la investigación y juzgamiento de los actos delictivos y policivos, cuya comisión se atribuya a los diputados de la República, principales o suplentes”. El segundo señala los requisitos de admisión y deja claro que el pleno es el que decide si admite o no la denuncia.

Las denuncias

En el caso de Athanasiadis, exdiputada del circuito 4-5 (Dolega, Boquete, Gualaca), el contralor Humbert presentó el 22 de agosto de 2018 una denuncia por supuesto manejo irregular de contratos por servicio profesional (planilla 172). Según la denuncia, presuntamente tenía unos 15 empleados de la empresa familiar –Avícola Athenas– como beneficiarios de los contratos.

“La Asamblea Nacional violó la ‘Constitución’ y la ley al impedir la entrada a auditores de la Contraloría”.

Federico Humbert, contralor

Dos meses antes, el 29 de junio de 2018, Humbert presentó ante la Corte una denuncia contra el exdiputado de Cambio Democrático Aris De Icaza, según la cual este habría cambiado cheques en efectivo producto de una planilla y, después, el dinero habría sido depositado en una cuenta personal.

Luego, el 6 de septiembre de 2018, Humbert presentó otras dos denuncias ante la Corte contra De Icaza. Una de ellas está relacionada con la contratación de 10 personas en la planilla de la Asamblea asignadas al diputado, las cuales, a la vez, laboraban en una empresa privada. La tercera denuncia hace referencia a al menos seis cheques de las planillas asignadas al diputado chorrerano, que fueron girados a nombre de Ángel Rodríguez Quintero, quien aseguró nunca haber laborado en la Asamblea.

Con relación al exdiputado del Partido Panameñista Jorge Alberto Rosas, la denuncia señala que la Contraloría encontró que entre 8 y 10 empleados de la firma Rosas & Rosas eran beneficiarios de contratos por servicios profesionales (planilla 172).

El contralor presentó en su momento un total de 11 denuncias contra diputados de la AN, entre los que figuran Leandro Ávila, Felipe Vargas y Rubén De Léon, del PRD; Francisco Alemán, del Movimiento Liberal Repúblicano Nacionalista (Molirena), y Edwin Zúñiga y Marylín Vallarino, ambos de Cambio Democrático. Vargas y De León no se reeligieron. De León tiene ahora una credencial de diputado del Parlacen.

A la vez, presentó seis denuncias contra funcionarios de la AN que aparecen en las planillas, y de los que no se tiene clara la función que desempeñan.

El 13 de junio de 2019, la AN impidió a funcionarios de la Contraloría ingresar a sus instalaciones para que auditaran la planilla 080 (donde está el personal de confianza). De acuerdo con la Asamblea, el fallo de la Corte Suprema de Justicia que avala dicha diligencia no estaba en firme ni ejecutoriado.

La Corte también desestimó un amparo de garantías presentado contra la expresidenta de la AN Yanibel Ábrego por impedir la entrada de los auditores.

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