Corte dilata investigación por ´apagón´ de celulares

Después de cinco meses de que dirigentes obreros interpusieran una denuncia contra el ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, y otros dos funcionarios por la interrupción de las comunicaciones en las protestas de indígenas ngäbe buglé contra la minería, el expediente fue repartido el pasado miércoles en la secretaría general de la Corte Suprema.

Fuentes del Palacio de Justicia dijeron que le correspondió al magistrado Víctor Benavides conocer del caso.

En la denuncia, presentada en el Ministerio Público el 14 de febrero, se acusa a Mulino, al entonces director de la Policía Gustavo Pérez y a la jefa de la Autoridad de los Servicios Públicos, Zelmar Rodríguez, por delitos contra la administración pública y la libertad.

El escrito fue enviado a la Corte, porque los acusados son servidores con jurisdicción nacional. En los disturbios de aquel día, el Gobierno ordenó suspender las comunicaciones telefónicas en el área del conflicto.

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