La Corte emite fallo sobre decreto de expropiación

En el fallo, el máximo tribunal señala que el Ejecutivo no debe fijar los montos de indemnización cuando expropia tierras por interés social.

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La Corte Suprema de Justicia decidió por mayoría este fallo del 15 de julio pasado. La Corte Suprema de Justicia decidió por mayoría este fallo del 15 de julio pasado.
La Corte Suprema de Justicia decidió por mayoría este fallo del 15 de julio pasado. Archivo

El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) determinó que el Órgano Ejecutivo no es competente para fijar el monto de las indemnizaciones que se debe pagar a los afectados de expropiaciones de tierras en casos de interés social.

Un fallo del 15 de julio de 2015 declaró inconstitucional tres artículos del Decreto Ejecutivo No. 9 del 31 de enero de 1972, a raíz de una demanda que fue interpuesta en 2009 por un particular que heredó una propiedad de un familiar.

En este caso, el demandante señaló que el Estado fijó una indemnización de $10 mil 650 y de ese monto descontó mil 800 dólares en impuestos por expropiar una finca en Los Llanitos de San Carlos. El pago de la indemnización se dio en bonos agrarios y el terreno fue traspasado a la Comisión de Reforma Agraria.

Jerónimo Mejía, magistrado ponente del fallo, concluyó que, de acuerdo con la Constitución de 1946 –mediante la cual se reguló el decreto– el Ejecutivo tenía la potestad de expropiar y ocupar el terreno a través del Ministerio de Desarrollo Agropecuario.

No obstante, alegó que “el Ejecutivo no era competente para determinar el monto ni el modo en que debía pagarse la indemnización, por lo que tampoco se cumplió con el trámite legal para ello”.

En el fallo, al que este diario tuvo acceso, se establece que el monto de la indemnización debía ser fijado mediante acuerdo de los propietarios con el Estado o por los tribunales.

Mejía concluyó que ese decreto violó el artículo 32 de la Constitución y por esa razón se declaró inconstitucionales los artículos 4, 5 y 6 del citado decreto.

En su parte resolutiva, Mejía ordenó que el fallo sea notificado y publicado en Gaceta Oficial.

El entonces procurador de la Administración, Óscar Ceville, en su opinión enviada a la CSJ el 15 de diciembre de 2009, sugirió que se declarase la inconstitucionalidad de los tres artículos.

Ceville argumentó que al fijar el monto de la indemnización se violaron los artículos 19 y 32 de la Constitución de 1946, que actualmente están constituidos en los artículos 17 y 32 de la carta magna de 1972.

El fallo de Mejía fue apoyado por los magistrados Harley Mitchell, Abel Zamorano, Oydén Ortega, José Ayú Prado, Nelly Cedeño, Hernán De León, Harry Díaz y Efrén Tello. Mitchell y Zamorano emitieron votos razonados. Ortega dio un voto concurrente y Ayú Prado un voto explicativo.

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