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Corte mantiene abierta pesquisa por tierras de Universidad de Panamá

La investigación se inició tras una auditoría de la Contraloría y que fue enviada al Ministerio Público.

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El pleno de la Corte avaló la prórroga de dos meses dada a la fiscalía. Archivo El pleno de la Corte avaló la prórroga de dos meses dada a la fiscalía. Archivo
El pleno de la Corte avaló la prórroga de dos meses dada a la fiscalía. Archivo

El pleno de la Corte Suprema de Justicia rechazó un amparo de garantías constitucionales presentado por el Parque Industrial y Corporativo del Sur contra un fallo del Primer Tribunal Superior de Justicia que concedió una prórroga de dos meses y mantuvo abierta la pesquisa por presunto peculado en el alquiler de 329 mil523 metros cuadrados de la Universidad de Panamá (UP).

El fallo, bajo la ponencia del magistrado José Ayú Prado y con fecha del pasado 12 de octubre, señala que la fiscalía presentó en tiempo oportuno la solicitud de prórroga y además que se trata de un caso complejo en el cual, hasta la fecha, no hay personas detenidas.

La Corte también detalla que la petición de prórroga para concluir la investigación fue hecha por la fiscalía antes de que venciera el término de cuatro meses para cerrar la indagación que adelante la Fiscalía Anticorrupción de Descarga.

El amparo fue presentado por la firma Morgan & Morgan, en representación del Parque Industrial y Corporativo del Sur, por considerar que la fiscalía se excedió en el tiempo de investigación y que no envió la vista fiscal en tiempo oportuno en violación a normas del debido proceso en perjuicio de su cliente.

La investigación se inició luego de que la Contraloría General de la República emitiera la auditoría No 032-190-2016-Desaag relacionada con el contrato de arrendamiento No 2006-72 de 14 de abril de 2007 y las adendas adicionales, celebrado entre la UP y el Parque Internacional del Sur para el arrendamiento de 329 mil 523 metros cuadrados.

En este informe la contraloría solicitó al Ministerio Público iniciar una investigación tras encontrar que en la ejecución del contrato se reflejó inobservancia a las disposiciones legales, reglamentarias y normativas que imperan en materia de contratación pública.

La Contraloría realizó otras auditorías relacionadas con el arrendamiento de tierras de la UP con el Consorcio Pacífico Atlántico S.A., en el que también se detectaron anomalías.

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