Fondos públicos

Corte Suprema de Justicia salvaría a Yanibel Ábrego de desacato

Un proyecto de fallo del pleno de la Corte revocaría la decisión del ponente, que declaraba probado el desacato contra la presidenta del Legislativo, Yanibel Ábrego, por negarse a proporcionar información sobre el uso de fondos públicos.

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Yanibel Ábrego preside la Asamblea Nacional desde el 1 de julio de 2017. Archivo Yanibel Ábrego preside la Asamblea Nacional desde el 1 de julio de 2017. Archivo
Yanibel Ábrego preside la Asamblea Nacional desde el 1 de julio de 2017. Archivo

El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) discute un nuevo proyecto de fallo en el que declara no probado un incidente de desacato contra la presidenta de la Asamblea Nacional (AN), Yanibel Ábrego, por no suministrar información solicitada en octubre de 2017, a través de un habeas data, promovido por el diario La Prensa, sobre las planillas manejadas por los diputados para donaciones y contratos por servicios profesionales.

Fuentes de la CSJ informaron que el proyecto original, cuya ponencia estuvo a cargo del magistrado suplente Luis Mario Carrasco, declaraba probado el incidente contra Ábrego.

Durante una discusión en el pleno, el proyecto de fallo de Carrasco solo fue apoyado por el magistrado Harry Díaz, mientras que los magistrados Abel Zamorano, Ángela Russo, José Ayú Prado, Secundino Mendieta, Cecilio Cedalise y Luis Ramón Fábrega se opusieron.

Tras esa decisión, corresponderá ahora al ponente redactar un nuevo proyecto de fallo con las observaciones realizadas por la mayoría de los magistrados.

El incidente de desacato fue presentado por la firma de abogados Galindo, Arias & López, en representación de la periodista Mary Triny Zea y de Editorial por la Democracia, luego de que Ábrego se negara a entregar la información señalada, a pesar de que la Corte había acogido favorablemente un recurso de habeas data.

En la admisión del habeas data, el magistrado Carrasco ordenó a la Asamblea Nacional entregar la información que había solicitado el diario sobre el personal contratado por servicios profesionales en la Asamblea, con el detalle del nombre, funciones, cargos y montos individuales y globales.

Ábrego mandó un resumen en el que se indica que entre julio de 2014 y marzo de 2017 se contrató a 17 mil 874 ciudadanos y que una persona pudo haber sido contratada en más de una ocasión.

Sin embargo, no especificó lo solicitado: nombre, cédula y cargo de los contratados; montos individuales y globales.

Según la presidenta de la Asamblea, el fallo no le ordena procesar la información, y, a pesar de que se solicitó la información como la tuviera, no la entregó.

Ábrego no cumplió, a pesar del llamado de atención que le hizo la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) para que cumpla la Ley de Transparencia (Ley 6 de 2002) y publique la información del personal contratado por servicios profesionales en la web.

Las solicitudes de información fueron inicialmente presentadas al diputado Rubén De León, cuando ocupaba la Presidencia de la Asamblea Nacional.

En su momento, De León contestó parcialmente la solicitud de información sobre las donaciones, que también fue solicitada a través de un habeas data, pero ignoró lo concerniente a los contratos por servicios profesionales.

Las observaciones

Entre las observaciones efectuadas por los magistrados que se oponen a que se declare probado el incidente de desacato figura que el recurso de habeas data fue dirigido inicialmente contra el expresidente de la Asamblea Rubén De León, y no contra la actual presidenta del Órgano Legislativo, Yanibel Ábrego, a pesar de que esta tampoco cumplió con lo que le ordenó la Corte a través del habeas data admitido.

También se plantea que la Asamblea Nacional ofreció entregar copias de los contratos y que ello no implica incurrir en desacato.

El 26 de abril de 2018, la Asamblea publicó en su sitio web información parcial de la planilla 080 –usada por los diputados para contratar personal– y en julio pasado prometió actualizarla y divulgar toda la información, pero luego no lo hizo. Por esto, la Antai abrió un proceso administrativo sancionatorio contra Ábrego.

Una investigación de este diario reveló que entre 2014 y 2017 la Asamblea gestionó más de $80 millones en donaciones y contratos por servicios profesionales. Buena parte de las donaciones no llegó a sus beneficiarios reales y gran parte de los contratos eran ficticios, por tanto, no fueron trabajados.

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