DESARROLLO. FALTA DEFINIR UN ORDENAMIENTO TERRITORIAL planificado.

Costo del olvido ambiental

Hay estudios referentes a los costos económicos y sociales que le representarían al país no incluir al ambiente en los planes de desarrollo.

La ciudadanía y las autoridades poco toman en cuenta los costos que genera a la población y al país la pérdida causada, por ejemplo, por un río contaminado.

Y es que repercute en los costos de potabilización del agua, la desaparición de un recurso de recreo familiar, la compra de agua embotellada, puesto que se pone fin a un atractivo turístico, a un recurso hídrico y a la actividad pesquera que podría proveer.

Los referentes para conocer sobre pérdidas económicas actuales o proyecciones a futuro relacionadas con los recursos naturales como fuentes de bienestar humano y económico son pocos. Pero los que hay, aportan una valiosa información.

Un estudio reciente, que integra varias consultorías dentro de un proyecto del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma), podría ser ilustrador. El documento Valor económico del Parque Nacional Volcán Barú, entre otros datos revela que esta área protegida aporta más de $548 millones anuales en recursos, en un tiempo proyectado a 100 años.

Según Alida Spadafora, directora ejecutiva de la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (Ancon), los datos de la consultoría del economista ambiental Felipe Carazo señalan que es precisamente el recurso hídrico de la zona el más valorado: 521 millones de dólares.

Otro dato que ofrece la consultoría, aún pendiente de darse a conocer en una publicación por parte del Pnuma, es que se estima que de no protegerse el ecosistema de esta zona, el costo acumulado sería de más de $1 billón 164 millones en concepto de inversión sustitutiva.

Daños en el tiempo

Según George Hanily, director de Gestión Verde, y con 20 años de experiencia en desarrollo sostenible y conservación ambiental, dos ejemplos claros de actividades que afectan al ambiente y que se dan a lo largo del país son la minería y, a cierta distancia, el desarrollo hidroeléctrico sin la debida planificación.

La minería contamina el ambiente, acaba con recursos alimentarios y provoca un sinnúmero de enfermedades. Mientras, las hidroeléctricas, al desplazar a la población, abren el bosque a actividades de cacería y tala que hacen peligrar los recursos de las áreas protegidas.

En el caso de las pérdidas por devastación de los manglares, se observa un impacto directo en la pesca, pues son el hábitat de desarrollo de peces y demás recursos del mar. Otro impacto es la desaparición de esta barrera natural que evita que el mar penetre tierra adentro y el efecto purificador que tienen los manglares al filtrar contaminantes que pudieran llegar hasta los humedales. “Si se quitan, es como quitar los riñones del cuerpo”, ilustra Hanily.

Para Rosabel Miró, de la Sociedad Audubon de Panamá, la devastación de los manglares además contribuye a causar mayores daños por inundaciones en las áreas residenciales aledañas, pues los manglares ayudan a absorber las aguas de grandes lluvias o desbordes de ríos.

Spadafora menciona como actividades de cuidado para la preservación de los humedales, las expansiones portuarias y turísticas de gran envergadura.

Hanily señala que el tema del ordenamiento territorial es esencial encaminarlo “de una forma que responda a una visión de país”. “Hay que decidir, ¿queremos ser una potencia minera?, ¿una potencia energética? o ¿queremos apostar al turismo?

Hay que tomar decisiones, o vivir con las consecuencias de la improvisación, y lo que dicta el mejor postor”, lo cual hace la diferencia entre el crecimiento y el desarrollo de un país, acota.

Falta más acción ciudadana

Preocupa la falta de cumplimiento de las leyes vigentes y su aplicación en el tema de delitos ambientales, según George Hanily, director de Gestión Verde.

“Falta que los ciudadanos tomen acciones”, señala.

El especialista explica que son delitos la tala de árboles, la cacería ilegal, o talar en manglar sin autorización. Recalca que la ley, más allá de la autoridad ambiental, faculta a los ciudadanos a acudir a la corregiduría o a la policía para hacer la denuncia formal con fotos y testimonios.

Al respecto Harley Mitchel, consultor legal ambiental, dice que el título 13 del Código Penal muestra cuatro capítulos sobre delitos contra los recursos naturales, la vida silvestre, el ordenamiento territorial y animales domésticos. Un quinto capítulo se refiere al castigo a empresas que delinquen contra el ambiente, con multas de hasta de $100 millones.

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