73 ASAMBLEA DE LA SOCIEDAD INTERAMERICANA DE PRENSA

Crece cerco a la prensa crítica

El estado de la región no es halagüeño. La retórica Trump alienta los ataques a los periodistas, en Venezuela siguen cerrando medios críticos y en Colombia se reportan acciones legales que lesionan la libertad de expresión y prensa.

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Unos 250 ejecutivos de los medios de comunicación de las Américas se encuentran reunidos en Utah desde el pasado viernes. Unos 250 ejecutivos de los medios de comunicación de las Américas se encuentran reunidos en Utah desde el pasado viernes.
Unos 250 ejecutivos de los medios de comunicación de las Américas se encuentran reunidos en Utah desde el pasado viernes.

El panorama de la libertad de expresión e información en las Américas sigue mostrando signos de alarma, salvo contadas mejorías.

Restricción de acceso a información oficial, asesinatos, agresiones verbales y físicas, acciones judiciales contra periodistas y medios de comunicación siguen ensombreciendo el ejercicio de la profesión, como parte de una retórica oficial que rechaza la crítica. Al mismo tiempo, surgen amenazas como la formación de jurisprudencia que podría constituir un retroceso en estas libertades fundamentales.

A diferencia de años anteriores, el clima en Ecuador para el ejercicio de la profesión y la libertad de expresión ha mejorado, mientras que en Estados Unidos, antes poco señalado en estos informes, se acentúan las preocupaciones.

Lo anterior se desprende de los informes preliminares del primer semestre de 2017, de los países reunidos en la 73 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que tiene lugar en Utah, Estados Unidos.

En el caso de Cuba, el informe no se presentó, ya que Henry Constantín Ferreiro, director de la revista La Hora de Cuba, no pudo llegar a Utah, pues tiene una medida cautelar de impedimento de salida del país.

ESTADOS UNIDOS

De los informes presentados, destaca el de Estados Unidos, en el que se refiere que la fuerte retórica del presidente Donald Trump contra la prensa continúa, con el agravante de que ha intensificado sus agresiones verbales contra la credibilidad de organizaciones noticiosas prominentes, a las que se refiere como “noticias falsas”, término concebido para calificar historias inventadas.

El documento señala que los ataques parecen alentar que el Gobierno interfiera directamente con la libertad de prensa y con un efecto dominó. Aunque se reconoce que es difícil mostrar una correlación directa entre ataques verbales y físicos y amenazas a periodistas con las declaraciones del mandatario, el informe presenta una serie de ejemplos. “El gobernador de Texas Greg Abbott y el alcalde de Tampa Bob Buckhorn han bromeado acerca de disparar contra miembros de los medios”, dice.

Citando a dos organismos diferentes, se reporta la documentación de 29 agresiones físicas contra periodistas en lo que va de 2017, y la detención de 31 reporteros mientras realizaban su trabajo. Las agresiones incluyen a funcionarios e incluso a miembros del Congreso.

También se resalta que se han triplicado las investigaciones por filtraciones y que se revisan las pautas para que los fiscales federales muestren sus archivos.

Como dato alentador, se dice que la libertad de prensa está fuertemente protegida por la ley y la rama judicial del Gobierno constituye un freno a la capacidad de otras esferas para erosionarla.

MÉXICO

Este país que, de acuerdo con el informe anual de Reporteros sin Fronteras se sitúa en la tercera posición de naciones más peligrosas para la vida de los periodistas, destaca el asesinato de 10 profesionales este año (7 entre marzo y octubre).

Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, desde 2000 han sido asesinados 130 periodistas, 38 en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Además, se denuncia “un clima constante de agresiones, muchas de ellas cometidas por funcionarios”. De hecho, la organización Artículo 19 documentó 276 agresiones este año, un incremento de 23% con respecto al mismo período de 2016. Solo 10% de los casos tiene sentencia condenatoria; el resto no se investiga o queda en impunidad.

VENEZUELA

Como se denuncia desde hace varios años, en esta nación se reporta la continuidad del deterioro de la libertad de expresión y prensa. “Cualquier forma de expresión, incluyendo la simple protesta del ciudadano en la calle o el comentario del ama de casa en un automercado, es objeto de la represión más severa”, dice el informe.

El texto detalla el cierre de plantas televisoras y radiodifusoras y el bloqueo de la plataforma digital del diario Tal Cual durante horas. También se denuncia la apertura de un proceso disciplinario contra Venevisión y Televén por “no dar cobertura a la elección” de los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente el pasado 30 de julio; y que se sacó de la programación por cable las señales de cuatro canales internacionales de noticias, porque “su línea editorial no se ajustaba a los requerimientos del ‘socialismo del siglo XXI”.

El presidente Nicolás Maduro acusó de “conspiradores” y “golpistas” a los mismos canales por transmitir la declaración de un grupo de expresidentes latinoamericanos que denuncian la crisis política del país.

El informe también advierte que persisten numerosas agresiones físicas a trabajadores de la prensa por policías y militares; así como detenciones y sometimientos ante la justicia militar.

Se destaca el caso de la ley contra el odio y la intolerancia que promueve la constituyente.

COLOMBIA

En este país preocupa un aumento en los ataques contra la prensa, que pasaron de 216 a 237, siendo la amenaza la agresión más frecuente, con 102 casos (el doble con respecto a 2010), según la Fundación para la Libertad de Prensa.

Entre los ataques sobresale el del expresidente Álvaro Uribe contra el columnista Daniel Samper Ospina desde Twitter, donde lo acusó de “ser un violador de niños”. Una acción de tutela fue resuelta a favor de Samper y Uribe fue obligado a retractarse públicamente, pero apeló.

También se alerta que, en función de una acción de tutela fallada a favor de un ciudadano, la Corte Constitucional ordenó al Ministerio de Telecomunicaciones establecer una regulación nacional, “con miras a lograr la protección de los derechos de los usuarios de internet, especialmente en lo que tiene que ver con publicaciones abusivas, difamatorias (...)”, cuando estos derechos son de tipo constitucional.

“La Corte Constitucional dictó un nuevo pronunciamiento regresivo en cuanto a libertad de expresión (...) en junio de 2017 sostuvo que los medios de comunicación deben actualizar todas las noticias que publiquen en línea cuando surja nueva información relevante (...)”, denuncian.

GUATEMALA

En Guatemala se informa sobre la falta de cumplimiento de la promesa del presidente Jimmy Morales, en julio de 2016, de dar seguimiento al Programa de Protección de Periodistas, y se señala que las agresiones a estos continúan, sobre todo en el interior del país.

Se destacan los “ataques desde nets centers y cuentas anónimas de redes sociales en contra de periodistas y los ataques cibernéticos a sitios web de comunicación” durante el semestre. Aseguran que los periodistas que cubren la Presidencia y el Congreso han sido objeto de ataques por producir informaciones críticas.

En un periodo marcado por las críticas a Morales, debido a sus cuestionamientos contra la Comisión Internacional contra la Corrupción en Guatemala y su intento de expulsar al jefe de ese organismo, Iván Velásquez, también se menciona que la agenda de trabajo del mandatario solo es compartida con medios “aliados”.

ECUADOR

La nota positiva del análisis se produce por el cambio en la Presidencia de Ecuador. “El presidente [Lenín] Moreno, en un hábito inusual al gobierno anterior, se acercó a los medios, a los que pidió denunciar la corrupción”, dice el informe.

Se menciona que cuando Moreno asumió el cargo, aseguró a los medios que “no puede haber diálogo sin libertad de expresión” y que decidió“refrescar” líneas en la administración de los medios públicos –que habían fungido como una maquinaria de propaganda–, motivándolos a que sean críticos e independientes.

Se informa que la Unión Nacional de Periodistas envió una carta a Moreno y a la Asamblea Nacional, en la que se pidió eliminar el derecho a la comunicación como un servicio público; revisar el sistema procesal que rige para juzgar y sancionar a periodistas y medios; expulsar y depurar figuras jurídicas controversiales y ambiguas, y eliminar la Superintendencia de la Comunicación, creada en la gestión del expresidente Rafael Correa.

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