Políticas públicas

Crece el número de menores abusados en Panamá

Las autoridades del Mides y de la Senniaf reconocen que no tienen partidas exclusivas para darle tratamiento a los menores de edad que han sido víctimas de delitos sexuales.

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En enero y febrero de este año se reportaron 1,363 de denuncias por abuso sexual contra menores. En enero y febrero de este año se reportaron 1,363 de denuncias por abuso sexual contra menores.
En enero y febrero de este año se reportaron 1,363 de denuncias por abuso sexual contra menores.

Los recientes escándalos sobre abusos sexuales a menores de edad en Panamá ponen de relieve una realidad de la que la sociedad preferiría no hablar. ¿Son muchos los niños víctimas de abusos sexuales o los casos conocidos son aislados?

Cifras del Ministerio Público revelan que el problema sería más grave de lo que parece. En 2017 hubo 2 mil 218 casos en los que menores de edad fueron víctimas de algún delito sexual, entre ellos, violación, actos libidinosos y acoso. Esto da un promedio de, por lo menos, seis casos cada día. Del total, 2 mil 92 víctimas fueron niñas y 126 niños.

No se incluyen 27 casos que están en espera del informe del Instituto de Medicina Legal.

En los dos primeros meses de 2018, las autoridades confirman mil 363 casos.

En este escenario, resalta el hecho de que las instituciones encargadas de atender a las víctimas de estos delitos admiten que no existe un presupuesto exclusivo para esta tarea.

Falta presupuesto para atender a menores abusados

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Reformas al Código Penal Infografía - LP

El Gobierno no tiene un presupuesto exclusivo para la prevención, atención y erradicación de los delitos sexuales contra menores de edad.

Los titulares del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), Alcibiades Vásquez y Yazmín Cárdenas, respectivamente, confirmaron que actualmente esas entidades no disponen de recursos económicos específicos para darle tratamiento integral a aquellos menores que son abusados sexualmente.

Esto, a pesar de que las cifras indican que el problema no es aislado: 2 mil 218 casos registrados en 2017, según cifras preliminares del Ministerio Público (MP), sin contar que no todos los casos se reportan a las autoridades. En los dos primeros meses de 2018, se registraron mil 363 denuncias, apenas 855 menos que en todo 2017, lo que el MP atribuye a la campaña de sensibilización emprendida con la entrada en vigencia del sistema penal acusatorio en todo el país, instando a la población a denunciar los ilícitos.

Lo que se hace

Con respecto al Mides, Vásquez dijo que esta entidad destina anualmente $4 millones a organizaciones no gubernamentales que atienden a la población vulnerable, incluyendo a niños, adultos, jóvenes y a personas con discapacidad; y que otros $1.5 millones se utilizan para brindar ayuda a niños y niñas que han sido maltratados, previa evaluación social.

“No hay una partida para [ atender el] abuso sexual, sino una partida para asistencia social”, manifestó el ministro.

Vásquez aseguró que el Mides trabaja con un gabinete social que se enfoca en apoyar acciones de prevención, de manera integral. Entre ellas, dijo que el ministerio atiende 104 Centros de Atención Integral para la Primera Infancia que ofrecen servicios de cuidado, orientación y protección a una población de hasta cuatro años de edad.

Del lado de la Senniaf, Cárdenas precisó que anualmente asignan $700 mil para proyectos y programas destinados a la prevención, promoción y protección de los derechos de los niños, recursos que salen de su presupuesto, que asciende a $6.9 millones.

La funcionaria reconoció que no tienen un renglón específico para el tratamiento de abuso sexual a menores.

Lo anterior, pese a que la Senniaf tiene, según su sitio web, un programa de violencia sexual a través del cual brindan “atención integral y especializada tanto a las víctimas como a sus familiares, realizando articulación y coordinación entre las instituciones no gubernamentales y gubernamentales”. Señala, además, que el programa ofrece “seguimiento de casos para garantizar la restitución del derecho vulnerado”.

Para Corina Cano, abogada de familia, la raíz del problema está en que dentro de las políticas públicas de Panamá no se ha dado prioridad a la atención de los niños, niñas y adolescentes que sufren abuso sexual.

“No hay un renglón [para destinar recursos] al respecto y es importante que el Estado le brinde prioridad a esas políticas”, indicó.

Cano añadió que esas políticas deben estar destinadas a prevenir estos delitos y a brindar la atención psicoemocional que requieren los niños y sus familiares luego de una situación “tan lamentable” como esa, que los “afecta para toda la vida”.

Castigo y recuperación

A pesar de que su trabajo consiste en perseguir y castigar el delito, la fiscal de Descarga de Circuito y Familia, Katya Meléndez, reconoce que es importante la atención integral a los niños que son víctimas de abuso sexual.

“A veces nos enfocamos mucho en el tema de la sanción, que no digo que deja de ser importante, pero en estos tipos de casos tenemos que darle mucha más importancia al tema de la víctima. Primero, a no revictimizarla durante el proceso y segundo, a que esta pueda cumplir con un proceso de recuperación”, alegó.

Explicó que cuando en el Ministerio Público hablan de recuperación, siempre hacen una investigación que está enfocada en obtener una condena.

“Una vez termina el proceso, necesitamos, como Estado, desarrollar acciones articuladas con diferentes instituciones para poder contribuir o colaborar con la recuperación que esa víctima pueda tener, tales como ayuda psicológica, que puede darse a través de otras instituciones públicas”, añadió la fiscal.

Meléndez remarcó la importancia de atender a la víctima. Existen casos de mujeres adultas, advirtió, que fueron marcadas por el resto de su vida por una experiencia de abuso sexual.

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