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Crecimiento pone en riesgo el Parque Forestal Los Andes No.2

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Estudios del Sinaproc y la UTP advierten la vulnerabilidad del área. Estudios del Sinaproc y la UTP advierten la vulnerabilidad del área.
Estudios del Sinaproc y la UTP advierten la vulnerabilidad del área. Gabriel Rodríguez

La presión urbana es una amenaza para el Parque Forestal Los Andes No. 2, ubicado en el distrito de San Miguelito. Por un lado, los asentamientos informales y por el otro, las torres de edificios que se erigen alrededor, dejan en evidencia que el área verde comienza a perder terreno. La situación se registra, pese a una sentencia de la Corte Suprema de Justicia del año 2002, que prohíbe la construcción de viviendas dentro del área verde del parque forestal, pues representa un ‘grave peligro’ para la seguridad de sus potenciales moradores.

PRESIÓN URBANA ES UNA AMENAZA PARA PARQUE FORESTAL 

La existencia del Parque Forestal Los Andes No. 2, ubicado en el corregimiento Omar Torrijos Herrera, distrito de San Miguelito, provincia de Panamá, se ve amenazada por asentamientos informales y por los nuevos proyectos inmobiliarios que se erigen en los alrededores de la comunidad de Condado del Rey.

Este espacio verde, de unas 40 hectáreas aproximadamente, fue creado mediante un acuerdo municipal en 1979. Hoy, residentes y organizaciones ambientales señalan que con los años ha ido perdiendo terreno.

Salvador Carrera, dirigente de la Asociación Ecológica de Los Andes No. 2, subrayó que en la última década la presión urbana ha impactado el sitio.

Carrera usó como ejemplo los asentamientos que fueron levantados alrededor del parque forestal en los últimos lustros, con permiso de las autoridades del Municipio de San Miguelito. También mencionó la instalación de líneas de alta tensión y los movimientos de tierra hacia las comunidades de Limajo y Condado del Rey, para dar paso a la construcción de nuevas torres de edificios.

“Nosotros hemos ido a varias instancias [a denunciarlo]”, indicó.

De hecho, la Asociación Ecológica de Los Andes No. 2 presentó una querella para que se declare en desacato a varias autoridades del Municipio de San Miguelito, por el incumplimiento de una sentencia del 20 de marzo de 2002 que fue dictada por la Salta Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

La sentencia prohíbe la construcción de viviendas dentro del área verde del parque forestal, debido a que representa un “grave peligro” para la seguridad de sus potenciales moradores, así como para aquellas personas que habiten los alrededores de este espacio. Esto, porque se trata de una finca inclinada, propensa a deslizamientos de tierra.

Como parte de ese proceso legal que interpuso la Asociación Ecológica, el procurador de la Administración, Rigoberto González, emitió su opinión sobre el tema el pasado 19 de julio de 2017.

En los alrededores del parque forestal se ubican asentamientos informales, así como nuevos proyectos inmobiliarios. Expandir Imagen
En los alrededores del parque forestal se ubican asentamientos informales, así como nuevos proyectos inmobiliarios. LA PRENSA/Gabriel Rodríguez

Según González, si bien es cierto que han pasado más de 10 años de la sentencia de la Sala Tercera, existe documentación “evidente” que acredita que no se ha cumplido a cabalidad con las disposiciones de la sentencia, y que no existe traslado de títulos de propiedad por parte del Estado a quienes habitan los linderos del parque en la comunidad denominada Villa Esperanza.

“Sí existe el riesgo de una tragedia, ya que hay personas que habitan en la comunidad de Villa Esperanza, lo cual ha sido un riesgo reconocido por los querellados”, sostiene el procurador.

Incluso, González menciona en su escrito que hay estudios realizados por la Universidad de Panamá, la Universidad Tecnológica de Panamá y el Sistema Nacional de Protección Civil que dan certeza de la “vulnerabilidad del área”.

“Por todo lo expuesto, esta Procuraduría solicita respetuosamente a los honorables magistrados que sirvan declarar probada la querella por desacato”, concluye el informe del procurador.

Por su parte, Eric De Gracia, representante de la Asociación de Residentes de Condado del Rey y comunidades vecinas, indicó que en reiteradas ocasiones han mostrado su malestar por los daños que se están causando en la zona de amortiguamiento del parque forestal.

“Esto no solo afecta a los moradores de Los Andes No. 2, sino también a Condado del Rey y sus alrededores”, aseguró.

De Gracia se refirió al papel “valioso” que juegan los cerros y laderas verdes que componen el parque. “Cada vez que llueve, estas montañas, junto a su flora, contienen y regulan el agua que debe bajar hacia nuestras comunidades, pero si son taladas y erosionadas no podrán cumplir con esa función”, advirtió.

A raíz de las quejas de los residentes de este sector, los municipios de Panamá y San Miguelito aprobaron este año suspender la aprobación de nuevos permisos de construcción mientras se realizan estudios hidrológicos (corrientes de agua) y del suelo en Condado del Rey.

No obstante, varias construcciones que ya contaban con permiso de obras, antes de que se emitieran estos acuerdos municipales, continúan su desarrollo en el lugar.

PARQUE SIN DELIMITAR

Al respecto, el ingeniero municipal de San Miguelito, Ricardo Sánchez, manifestó que el inconveniente que existe es que el acuerdo que creó el parque hace 38 años, no estableció sus límites.

Para solucionar este problema, Sánchez propuso al Consejo Municipal de ese distrito comenzar a partir del mes de enero a delimitar las fronteras del parque. “Este tema ya lo estamos conversando con el Ministerio de Ambiente para que nos colabore”, dijo.

Sobre los asentamientos en el lugar, el funcionario explicó que muchas de esas viviendas estaban allí antes de la decisión emitida por la Sala Tercera en 2002, y que se trata de un tema legal que se debe abordar con “mayor profundidad” por las familias que habitan la zona.

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