Crimen de pescadores, un homicidio culposo

Los hermanos Dagoberto y Rigoberto Pérez fueron acribillados a tiros por la Policía Nacional frente a las costas de Panamá Viejo, cuando regresaban de pescar.

Luego de casi tres años de investigación, el Segundo Tribunal remitió a la esfera municipal el caso contra policías por la muerte de los hermanos Dagoberto y Rigoberto Pérez, acribillados a tiros la noche del 25 de mayo de 2009 frente a las costas de Panamá Viejo, cuando viajaban hacia Playa Leona, en La Chorrera, tras una faena de pesca.

Fuentes del Palacio de Justicia, que confirmaron la decisión del tribunal, explicaron además que al declinar el proceso, la muerte de los jóvenes fue catalogada como de índole culposa; es decir, que según el tribunal, a pesar de que los dos hermanos fueron acribillados, no hubo intención (dolo) de quitarles la vida.

Todo ocurrió cuando los policías buscaban una lancha en la que supuestamente se transportaba un alijo de drogas y se toparon con la embarcación Niña Evia, donde iban los hermanos y los primos de estos, Domingo y Manuel Ábrego, y Alexis Aroliga.

En su versión inicial, los policías aseguraron que al verlos, los pescadores intentaron escapar y que por ello se les persiguió, pero cuando se les pidió que pararan, respondieron a tiros y se suscitó entonces el enfrentamiento.

Pero Domingo Ábrego, quien resultó herido, relató que los agentes no dieron la voz de alto y simplemente abrieron fuego contra ellos, que ni portaban armas ni transportaban drogas.

En el tiroteo, los hermanos Dagoberto, de 16 años, y Rigoberto, de 18, llevaron la peor parte y murieron en la ambulancia que los trasladaba hacia el hospital. Sus primos resultaron heridos y Aroliga quedó ileso.

El proceso

El Ministerio Público procesó por homicidio a los sargentos Agustín Reyna y Rafael Caicedo, y a los cabos Ron Rodríguez, Rodolfo Buigobo y Artemio Díaz.

En una primera inspección, la Fiscalía Auxiliar halló un arma de fuego dentro de la embarcación Niña Evia, pero luego se determinó que había sido “plantada”.

Durante el proceso, en mayo de 2010, los policías fueron indultados por el presidente, Ricardo Martinelli, acto que fue demandado ante la Corte Suprema.

Incluso, el procurador de la Administración, Óscar Ceville, opinó en el proceso que Martinelli “rebasó su facultad constitucional” al dar indultos a policías que eran investigados por homicidio y delitos comunes.

Sin embargo, hasta ahora la Corte no ha resuelto las cuatro demandas de inconstitucionalidad presentadas contra los indultos.

En el proceso, la abogada de la defensa, Janette Smith, también denunció por abuso de autoridad y extralimitación de funciones al fiscal Martínez, luego de que este declarara a los medios de comunicación sobre el caso. Smith argumentó que el fiscal violó la reserva de sumario y el derecho a la presunción de inocencia de los agentes.

La queja fue desestimada por la Sala Penal, que opinó que Smith no aportó pruebas válidas, pues las grabaciones y recortes de periódico con las declaraciones de Martínez no fueron autenticados.

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