UN AÑO DESPUÉS DE LAS PROTESTAS DE LA ETNIA NGÄBE BUGLÉ CONTRA LA MINERÍA

Crímenes siguen impunes

La cacica Silvia Carrera pidió al Gobierno cumplir con el pacto de San Lorenzo, suscrito el 7 de febrero de 2012.

Esta semana se cumple un año de la muerte de dos personas en las protestas protagonizadas por indígenas Ngäbe Buglé en Chiriquí y Veraguas contra la minería, y aunque testigos señalan a policías como autores de los crímenes, el Ministerio Público (MP) no ha dado aún con los responsables.

El indígena Jerónimo Rodríguez Tugri murió al recibir disparos de perdigones, el 5 de febrero de 2012, en las protestas en San Félix, mientras que un menor de 16 años cayó abatido dos días después en La Lomas.

Fuentes del MP confirmaron que, en efecto, la Fiscalía Primera Superior de Chiriquí, que investiga ambos casos, no ha acusado a nadie a pesar de los señalamientos contra policías.

Las mismas fuentes detallaron que pese a la ausencia de imputados, el Tribunal Superior de Chiriquí dio prórrogas a la fiscalía para seguir investigando.

Rechazo

Consultada sobre la situación, la cacica Ngäbe Buglé, Silvia Carrera, dijo que el retraso en ambos procesos confirma que ni el ministro de Gobierno, Jorge Ricardo Fábrega, ni el Gobierno como tal han cumplido con el acuerdo de castigar a los asesinos.

Carrera pidió al gobierno del presidente, Ricardo Martinelli, que cumpla con lo acordado en el pacto de San Lorenzo, suscrito el 7 de febrero de 2012.

Indicó que la ayuda médica a más de 60 heridos en las protestas nunca se dio. “Hemos solicitado que se investigue a los policías, nosotros no llevábamos armas”, insistió.

En tanto, el presidente de la Alianza Ciudadana pro Justicia, Carlos Lee, recordó que la sociedad civil ha insistido en que el MP sea más diligente en este caso. “La justicia debe caer sobre los responsables; el MP ha sido muy flexible”, opinó.

Precisó que la responsabilidad por las dos muertes apunta a la Policía, pero no se ha identificado a los culpables “sencillamente porque no se ha querido”.

En ese sentido, explicó que la policía sabe qué agentes estaban en los lugares de los disturbios y quiénes los supervisaban; las armas que usaron y si las dispararon.

Por su parte, Eduardo López, de la oficina de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, afirmó que en los sucesos hubo abuso de fuerza por parte de la Policía, y recordó que hasta la defensora, Patria Portugal, fue agredida por un oficial cuando intentaba mediar en el conflicto en David el 5 de febrero de 2012.

“La fiscalía tiene la responsabilidad de hacer su trabajo, cumplir con la ley, investigar y dar con los responsables”, indicó. “Estamos en desacuerdo con que no se utilicen los protocolos y métodos adecuados de uso de la fuerza policial en estas manifestaciones”, agregó.

En tanto, la organización Human Rights Everywhere expresó en un comunicado que lo grave es que “el patrón se repite en los diferentes casos de protestas reprimidas con uso excesivo de la fuerza por parte del Estado, unido a que no hay procesos judiciales serios”.

Precisó que la situación se reiterativa con las víctimas de Bocas del Toro, en 2010; con los menores quemados en el Centro de Cumplimiento de Tocumen, en 2011, y con las víctimas ngäbe buglé de 2012.

“La falta de independencia de la Procuraduría de la Nación y del Órgano Judicial se hace evidente en estos casos que involucran al Estado. La impunidad es una terrible noticia para el país, no solo para las familias de las víctimas sino para los movimientos sociales”, señaló la organización.

En Changuinola tampoco hay responsables presos

Las protestas campesinas contra la llamada ley chorizo, escenificadas de julio de 2010 en Changuinola, provincia de Bocas del Toro, también dejaron dos personas muertas y 716 heridas, y dos años y medio después de ocurridos los hechos tampoco hay responsables tras las rejas ni procesados.

De hecho, en fallos fechados el 27 y 31 de octubre de 2011, el Tribunal Superior de Chiriquí ordenó el archivo provisional de las sumarias que se seguían por la muerte de los trabajadores bananeros Virgilio Castillo y Antonio Smith.

Ambas sentencias estuvieron motivadas por el hecho de que el Ministerio Público no pudo identificar a los policías que dispararon, porque el humo de los gases lacrimógenos impedía la visibilidad.

Ambos fallos fueron apelados por los abogados de las familias, y la Sala Penal de la Corte no ha decidido aún.

Rubén Polanco

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