Delitos

Criminalidad femenina, vinculada con delitos de droga

El 77% de las mujeres detenidas por delitos contra la seguridad colectiva recibe pena de prisión frente al 66% de los hombres.

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Para las mujeres se da una serie de situaciones que las hacen ‘más vulnerables’ a estos delitos. Para las mujeres se da una serie de situaciones que las hacen ‘más vulnerables’ a estos delitos.
Para las mujeres se da una serie de situaciones que las hacen ‘más vulnerables’ a estos delitos. Archivo

Un alto porcentaje de las personas que se encuentran en las cárceles del país lo están a causa de una sanción penal que responde a un delito contra la seguridad colectiva relacionado con drogas.

Se estima que el 70% son mujeres frente a un 31% que representa a los hombres.

A esta conclusión llegó el estudio Personas privadas de libertad por delitos de drogas en Panamá: enfoque socio-jurídico del diferencial por género en la administración de la justicia penal, financiado por la Unión Europea en el marco del Proyecto de Seguridad con Panamá (Secopa) y ejecutado por la Oficina Regional de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) para el Ministerio de Gobierno.

La investigación, realizada entre los meses de septiembre del año 2016 y marzo de 2017, abarca 4 centros penales: Centro Femenino de Rehabilitación (Cefere), La Joya, Llano Marín y la Cárcel Pública de Santiago.

DIFERENCIAS POR GÉNERO

El informe señala, por ejemplo, que los delitos contra la seguridad colectiva constituyen la cuarta infracción en incidencia dentro del conjunto de detenciones del país, luego de los delitos contra el orden jurídico, contra la vida y la integridad personal y contra el patrimonio.

Según el documento, la transgresión más común ligada a la droga, tanto para hombres como mujeres, es la “posesión agravada de drogas”, que representa el 50% del total de los casos. Respecto a las sanciones, el estudio comprobó que por el delito de compraventa de drogas se sanciona en el 100% de los casos con pena de prisión; tráfico, un 95% y posesión, un 62%.

El documento también revela que hay diferencias por sexo en las sanciones. El 77% de las mujeres detenidas por delitos contra la seguridad colectiva recibe pena de prisión frente al 66% de los hombres.

El estudio hace especial hincapié en que para las mujeres se da una serie de situaciones que las hacen “más vulnerables” a estos delitos, tales como: historias de vidas marcadas por el abandono de los estudios, el embarazo adolescente, la violencia de género y las uniones precoces.

CONTEXTO SOCIAL Y ECONÓMICO

Un análisis del origen de las personas privadas de libertad por delitos de droga muestra que provienen mayoritariamente de barrios en los que las drogas “son normales”. Se trata de lugares donde operan bandas delictivas vinculadas al narcotráfico, y donde los delitos de droga suponen una oportunidad accesible para conseguir ingresos económicos.

El informe asegura que, en general, son contextos en los que la marginación social, la desigualdad y la discriminación racial y de género propician las actividades delincuenciales.

La investigación destaca la recurrente vinculación de los delitos de las mujeres con actividades desarrolladas por sus parejas o maridos; con complicidad, participación (voluntaria o involuntaria) e incluso desconocimiento de ellas mismas.

El documento dice también que los delitos relacionados con droga son “altamente penalizados en la legislación penal de drogas en Panamá”. Tanto es así que, por ejemplo, el tráfico internacional, el traspaso de drogas a la cárcel o la venta de drogas, aun siendo delitos no violentos, alcanzan penas que en situación agravada podrían ser similares a las establecidas para los delitos de homicidio, feminicidio y muerte por encargo.

Más de la mitad de las personas privadas de libertad por delitos de droga, según el estudio, cumple condenas que van de los 80 a los 109 meses de prisión.

Las últimas reformas al Código Penal en materia de delitos relacionados con drogas, realizadas en 2012, demuestran cómo las condenas van en aumento.

Para la asociación ilícita, por ejemplo, entre 2007 y 2010 la condena era de 2 a 4 años; mientras que para el año 2012 la pena aumentó entre 8 y 12 años de prisión.

RECOMENDACIONES

Una de las recomendaciones que sugiere el informe es encaminar políticas de seguridad nacional en materia de drogas hacia la desarticulación de las altas esferas de las redes del narcotráfico, y no a la criminalización de los eslabones más débiles de esta cadena. Sugiere aumentar la prevención y hacer una reforma a la legislación penal panameña que responda al principio de igualdad con equidad y que incluya atenuantes de género.

IMPACTO EN LA SOCIEDAD

Sobre el tema, la ministra de Gobierno, María Luisa Romero, manifestó que el “flagelo de las drogas impacta de manera directa en la sociedad, tanto en la salud pública como en la seguridad ciudadana”.

“El Estado panameño enfrenta grandes retos en torno al abordaje de la delincuencia organizada, el microtráfico y el consumo de sustancias adictivas”, añadió Romero.

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