donaciones de los diputados

Critican al contralor por auditoría de Asamblea Nacional

La ciudadanía exige a la Contraloría que cumpla su rol y entregue una auditoría que revele qué diputados se quedaron con el dinero de las donaciones.

Asamblea negó informe de donativos

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Federico Humbert no dio explicaciones. Federico Humbert no dio explicaciones.
Federico Humbert no dio explicaciones. Archivo

Organizaciones de la sociedad civil organizada, así como una diputada, cuestionan el papel de la Contraloría General de la República en la investigación que realiza la entidad sobre las donaciones que por unos $15 millones hizo la Asamblea Nacional.

Las críticas se basan en las casi inexistentes revelaciones que arroja una auditoría –en etapa de borrador– sobre el uso final dado a las cuantiosas donaciones que hizo la Asamblea por gestión de los diputados.

Transparencia Internacional –capítulo de Panamá– Juntos Decidimos y la diputada Ana Matilde Gómez son algunos de los que insistieron en que es necesario llegar al fondo, es decir, determinar si el dinero donado llegó a sus destinatarios finales, y no solo debe concentrarse en las fallas de los procesos administrativos usados para otorgarlas.

El informe, pese a que es muy vago, revela cuánto dinero gestionaron los diputados, ya que descubre los códigos secretos que estos utilizaron para esconder sus identidades al momento de realizar las donaciones, que en gran parte no llegaron a sus beneficiarios.

CUMPLIR SUS FUNCIONES

La Contraloría General de la República (CGR) ha preferido guardar silencio. No ha explicado por qué ordenó revisar únicamente los procesos administrativos de las donaciones y contratos por servicios profesionales de la Asamblea Nacional. Tampoco la razón por la que no ha auditado el uso final dado a unos 15 millones de dólares que repartieron los diputados a particulares en supuestas donaciones.

Este medio contactó ayer nuevamente –mediante llamadas, correos y mensajes– al contralor, Federico Humbert, y a su Dirección de Relaciones Públicas, pero no hubo respuesta.

La Prensa publicó ayer el borrador de una auditoría efectuada por la CGR, incluyendo una tabla dinámica en la que se muestran las donaciones gestionadas por diputados con sus respectivos códigos secretos y los nombres y cédulas de los beneficiarios, así como la fecha y hora en la que se cambiaron los cheques y en qué bancos.

Para esta labor, el contralor encomendó la tarea a la Dirección de Auditoría Interna, la única dirección de auditoría de la CGR que, según el Manual de Organización de la institución, no ve el manejo de fondos externos a la Contraloría.

Múltiples voces repudiaron el tipo de auditoría que ordenó Humbert, que ya lleva unos 10 meses practicándola. Este informe sería pieza fundamental para que el Ministerio Público investigue a asistentes que responden a los diputados, y que ofrecían estas ayudas y luego se quedaban con el 95% del cheque de la donación o de los contratos temporales de trabajo.

Con una auditoría prolija se acabaría con el “morbo” y se podría procesar al diputado que cometió peculado, dijo Gómez.

La Corte Suprema de Justicia desestimó investigar a los diputados por falta de la llamada “prueba idónea”.

Para la diputada de libre postulación Ana Matilde Gómez, la auditoría se “quedó corta y es insuficiente”, puesto que lo que se quiere saber es el destino final de los fondos públicos.

Con una auditoría prolija se acabaría con el “morbo” y se podría procesar al diputado que cometió peculado, dijo Gómez, quien también aparece en el listado de las donaciones entregadas por los diputados.

Gómez aclaró que, en su caso, el dinero sí fue a su destino final. Una de estas donaciones –explicó– fue al reconocido músico panameño Danilo Pérez para apoyar el Panamá Jazz Festival, donación que está documentada, afirmó.

Federico Humbert, contralor. Expandir Imagen
Federico Humbert, contralor. LA PRENSA/Archivo

“Lo que realmente interesa es descubrir cuáles de esas donaciones fueron falsas, cuántos de esos dineros usaron testaferros, una persona, empresa pantalla o una necesidad ficticia para que el dinero volviera a manos del propio diputado, eso es lo que a la gente le preocupa y ahí es donde está el delito”, enfatizó Gómez.

A su juicio, el problema es el uso del dinero y no las donaciones, que están sustentadas en una partida aprobada por el Ministerio de Economía y Finanzas y firmadas por el funcionario de la Contraloría. Gómez solicitó aclarar que la responsabilidad de la administración de la Asamblea está en su junta directiva y no en los 71 diputados.

A su vez, la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana –capítulo panameño de Transparencia Internacional– calificó el hecho como “inexplicable”.

“Sin el trabajo de los entes de control y fiscalización, como lo es la CGR, es imposible ganar la batalla contra la impunidad y la corrupción. Al llegar al cargo, el contralor nos pidió paciencia debido a la enorme cantidad de procesos en marcha, pero es evidente que el tiempo de la paciencia ya pasó”, opinó Lina Vega, presidenta del organismo.

En diciembre pasado, Transparencia Internacional le envió una carta al contralor respecto a las auditorías de las donaciones de la Asamblea. “Sin ellas, es imposible que avancen las investigaciones. Lamentablemente, ni respondió ni envió las auditorías al Ministerio Público”, acotó Vega.

“Es injustificable que casi un año después de haber anunciado el inicio de las auditorías en la Asamblea, la CGR no haya tenido el compromiso de realizar la labor que el país demanda”, sobre todo en momentos de disgusto generalizado por los innumerables actos de corrupción, sostuvo Freddy Pittí, de Juntos Decidimos.

El contralor se “ha burlado del pueblo” al incumplir su rol fiscalizador. “Parece que se ha dedicado a dilatar, encubrir a los diputados corruptos” y “está obstaculizando la justicia”, por lo que debería renunciar, opinó el dirigente.

Para el abogado constitucionalista Miguel Antonio Bernal, “eso no se puede llamar siquiera auditoría, es una práctica que ha venido implementando el señor contralor para evadir las funciones de su cargo y tenemos que exigir que cumpla su deber”, subrayó.

El Movimiento Independiente (Movin) sostuvo que la Contraloría tiene la obligación de entregar la auditoría completa lo más pronto posible y con ella determinar la responsabilidad de los procesos administrativos y revelar los diputados “que se hayan aprovechado de los contratos y donaciones para fines distintos a los que fueron originalmente destinados, como reveló la investigación de La Prensa”, dijo su presidenta, Annette Planells.

Descargue aquí dos cuadros dinámicos en Excel con datos como fecha, hora y minuto exacto en el que los cheques fueron  cambiados,  los bancos y sucursales donde se hicieron efectivos, los códigos que identifican al diputado gestor, entre otros detalles. 

Asamblea negó informe de donativos

El borrador de la auditoría realizada por la Contraloría –que consistió en verificar los procesos y no el destino final del dinero– confirmó lo que este medio había revelado: la existencia de códigos secretos para identificar las donaciones de los diputados. La Prensa le solicitó a la Asamblea –en octubre 2016– entregar los documentos que sustentaron las donaciones y que detallara qué diputados habían gestionado las ayudas.

Sin embargo, la respuesta de la presidenta del Legislativo, Yanibel Ábrego, fue que “las donaciones o subsidios no eran gestionadas ni autorizadas por los honorables diputados, por lo que ese detalle no existe”.

El expresidente Rubén De León, a su turno, tampoco entregó la documentación. La Corte Suprema de Justicia concedió a La Prensa un habeas data por este tema, pero la Asamblea ha ignorado el fallo. En otra ocasión, en sentencia de octubre pasado, la CSJ concedió un habeas data sobre información del personal contratado por la Asamblea, pero la información no fue suministrada y en su lugar se entregó un resumen que no responde al pedido.

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