DERECHOS HUMANOS

Critican papel de la Defensoría del Pueblo

El ‘ombudsman’, Alfredo Castillero Hoyos, plantea que se requieren más recursos, mientras la sociedad civil pide mayor presencia de la entidad.

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Esta entidad tiene 12 oficinas distribuidas en todo el país, a través de las cuales recibe anualmente más de mil 400 denuncias. Esta entidad tiene 12 oficinas distribuidas en todo el país, a través de las cuales recibe anualmente más de mil 400 denuncias.
Esta entidad tiene 12 oficinas distribuidas en todo el país, a través de las cuales recibe anualmente más de mil 400 denuncias. LA PRENSA/Luis García

Dentro de la Defensoría del Pueblo señalan que existen condiciones “precarias” que limitan su funcionamiento en defensa de los derechos humanos, mientras que miembros de la sociedad civil organizada apuntan a que es una institución “ausente” de la vida nacional.

El defensor del Pueblo, Alfredo Castillero Hoyos, subrayó que el presupuesto actual resulta “insuficiente” para atender todas las responsabilidades y compromisos que tiene la institución en la vigilancia y cumplimiento de los derechos humanos.

En una visita efectuada en la sede central de la institución, ubicada en Plaza Ágora, vía Simón Bolívar (Transístmica), se observó que en algunas áreas hay filtraciones, paredes rajadas, goteras en los techos y los funcionarios trabajan entre cajas de archivos en espera de que se hagan las separaciones de departamento que se necesitan.

Castillero Hoyos informó que se ha negociado con el administrador del lugar para que se puedan hacer algunas mejoras, pero estimó que esta situación no es la ideal, pues la institución debería tener su propia sede.

Otras de las necesidades de la Defensoría es la contratación de, al menos, 40 personas especializadas en el manejo de temas de derechos humanos, así como el cambio de los servidores que sustentan tanto la página web como todo el sistema digital para la recepción de las quejas y su seguimiento.

El ombudsman precisó que desde 2006, cuando fueron instalados estos sistemas, nunca han recibido mantenimiento, por lo que “urge” que sean renovados o se corre el riesgo de perder toda la memoria de la entidad, creada en 1997.

Para este año, la Defensoría solicitó un presupuesto de 7 millones de dólares, sin embargo, solo le aprobaron 5 millones de dólares.

Ante este escenario, Castillero Hoyos adelantó que ya se prepara para presentar este mes una solicitud de crédito extraordinario en el Ministerio de Economía y Finanzas, que permita hacerle frente a los compromisos financieros de la entidad que ascienden a 5 millones de dólares.

SIN PRESENCIA

Para los representantes de la sociedad civil organizada, la Defensoría del Pueblo debe pelear por más que un presupuesto y aunque reconocen que hay carencias en la institución, señalan que estas van mucho más allá que los fondos económicos.

Magaly Castillo, presidenta de la Red de Derechos Humanos de Panamá, consideró que es cierto que la institución tiene varias limitaciones, además de muchos problemas, pero que estos no son solo presupuestarios, sino que también tienen que ver con cómo hacen para rescatar la “credibilidad” de la institución.

Desde su punto de vista, la Defensoría del Pueblo es una entidad que “perdió su esencia” y toca hacer un trabajo para reordenarla y fortalecerla. Añadió que esta tarea no solo se hace con dinero, sino también a través de alianzas con organizaciones de derechos humanos del país y que para ello solo se requiere voluntad.

Annette Planells, del Movimiento Independiente (Movin), manifestó que la Defensoría es una entidad muy importante para la defensa de los derechos humanos, pero ha estado “ausente de la vida nacional” desde hace muchos años.

A su juicio “el defensor actual no ha logrado todavía recuperar la imagen que tenía la institución en sus inicios y hasta que no se sienta cuál es el valor de la institución, difícilmente va obtener recursos”.

Por su parte, María Chávez, presidenta de la Red Ciudadana Urbana, añadió que este tipo de oficinas son cosméticas, solo para decir que en el país hay defensa de los derechos.

“Sentimos que instituciones como la Defensoría del Pueblo y otras no están jugando su rol como garantes de los derechos humanos, y es un tema que se debe revaluar como Estado”, concluyó.

NO HAY INTERÉS

Javier Mitil, defensor adjunto desde junio de 2011 hasta abril de 2016, dijo que la poca asignación de fondos a esa entidad es una situación “recurrente”.

Consideró que a los gobiernos no les interesa el tema de los derechos humanos, porque a quien ocupe el cargo de defensor le corresponde supervisar el trabajo de los funcionarios y llamar la atención a aquellos que violen las normas.

Mientras que el diputado Leandro Ávila, miembro de la comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, señaló que esta situación “no cambiará” si el Órgano Ejecutivo no entiende que este es un ente independiente que requiere tener el presupuesto para enfrentar arbitrariedades que ocurren contra la población.

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