REFERENDO INDEPENDENTISTA

Cuenta atrás para Cataluña

Rajoy bajó el tono confrontacional y puso en manos de Puigdemont la decisión de acoger los llamados a la legalidad en un plazo de cinco días.

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El jefe del Gobierno español, Mariano Rajoy (Der.), es aplaudido por miembros de su partido tras emplazar al líder catalán, Carles Puigdemont, en una disertación ante el Congreso español. El jefe del Gobierno español, Mariano Rajoy (Der.), es aplaudido por miembros de su partido tras emplazar al líder catalán, Carles Puigdemont, en una disertación ante el Congreso español.
El jefe del Gobierno español, Mariano Rajoy (Der.), es aplaudido por miembros de su partido tras emplazar al líder catalán, Carles Puigdemont, en una disertación ante el Congreso español. Sergio Perez

Las reglas del juego por fin están claras. El presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, tiene exactamente cinco días para deshacer la ambigüedad semántica del contenido de su alegato político del pasado y aclarar si declaró o no la independencia de manera unilateral.

Con gesto adusto, el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, explicó en el pleno del Congreso, donde compareció ayer para debatir con los grupos parlamentarios las medidas para paliar la crisis, que el jefe de la Generalitat tiene hasta el próximo lunes 16 de octubre a las 10:00 a.m., para especificar si la independencia de Cataluña está proclamada o no. A ese plazo se le añadirán otros tres días —hasta el 19 de octubre— para que, en su caso, revoque la declaración.

Una pausa de reflexión que marcará el futuro de la mayor crisis de Estado que ha sufrido España en 40 años de democracia.

En una estrategia de quien sabe manejar los tiempos de la política, Rajoy transformó la dureza con la que ha afrontado la cuestión de Cataluña en los últimos días, en un gesto de prudencia y equilibrio que coloca frente al espejo a su alter ego Puigdemont. “Si Puidemont vuelve a la legalidad, se pondrá fin a esta época de incertidumbre y volverá al sosiego”, manifestó Rajoy, colocando la responsabilidad en el gobierno de Cataluña. “Puigdemont tiene también la oportunidad de atender al clamor que desde tantos ámbitos se le ha hecho llegar para recuperar la convivencia en Cataluña”, añadió.

Así, la única vía de escape posible es que la Generalitat abandone la decisión de declarar la independencia de Cataluña de manera unilateral. Si, por el contrario, Puigdemont continúa obcecado con su idea de separarse de España, la principal consecuencia será la activación del artículo 155 de la Constitución, una medida excepcional que también apoya el grupo de los socialistas y Ciudadanos.

De momento, el gobierno central ha puesto en marcha un precepto legal para forzar a las instituciones catalanas a respetar la Constitución. El pasado 16 de septiembre, el Ministerio de Hacienda tomó el control sobre las finanzas de la Comunidad Autónoma de Cataluña, para verificar que ni un euro de los impuestos de los contribuyentes se gastaba en la causa independentista.

Las tres grandes formaciones constitucionalistas españolas se pusieron de acuerdo para la invocación de este recurso legal, que en la práctica supone la anulación temporal de los poderes autonómicos y la convocatoria de elecciones en el corto plazo. Tal y como está escrito en la Constitución española, el Gobierno puede adoptar “las medidas necesarias” para “obligar” a una comunidad autónoma al “cumplimiento forzoso” de sus “obligaciones” que la Constitución u otras leyes le “imponen” o, si fuera el caso, la “protección” del “interés general”.

En los 39 años de vigencia de la Constitución nunca se ha aplicado el artículo 155. Según expertos constitucionalistas, la redacción del texto legal no es del todo unívoca y deja abierta la puerta a la incertidumbre sobre sus consecuencias prácticas.

Sin embargo, los principales actores políticos se muestran convencidos de que no tendrán que llegar a ese extremo y que el gobierno de Cataluña regresará a la senda de la legalidad antes del próximo 19 de octubre.

Otro de los cambios en el inmovilismo del gobierno central es que aceptó poner en marcha una comisión de estudio parlamentaria, cuyo objetivo es analizar el funcionamiento del reparto de competencias autonómicas. Esta comisión —que incluirá la comparecencia de protagonistas y expertos externos— durará seis meses, tras los que se abordará la reforma constitucional.

Quien se encuentra en la encrucijada ahora es Puigdemont, quien deberá limar asperezas con el ala más radical de su partido, que quedó decepcionada tras la intervención en el Parlamento. Sin embargo, según indicó el propio presidente del gobierno catalán en una entrevista con CNN, su gobierno estaría dispuesto a entablar un diálogo “sin condición previa” con las autoridades españolas. “Estamos en un punto donde lo más importante es que no hay condición previa para sentarse y hablar, aceptar que tenemos que hablar, tenemos que hablar en las condiciones adecuadas”, afirmó.

Y mientras la tensión política se rebaja, la economía lucha por subirse al tren de las alzas. El Ibex reaccionó con optimismo a la tregua que dio la crisis independentista y subió un 1.34%, aunque no fue suficiente para cerrar por encima de unos 10 mil 300 puntos.

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