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Caso Rafael Guardia Jaén: cuentas, Porsche y mansión, en apelación

Entre los bienes aprehendidos  suman $8.8 millones en depósitos a plazo fijo, cuentas corrientes y transferencias al exterior; además de 13 apartamentos, un yate, y tres tarjetas de crédito por $30 mil.

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Rafael Guardia Jaén. Rafael Guardia Jaén.
Rafael Guardia Jaén. Archivo

Seis cuentas bancarias que sumarían en total $100 mil 94.75; así como la residencia de Costa del Este, valorada en $940 mil; dos apartamentos; dos galeras y tres vehículos, incluyendo un Porsche Cayenne, están entre los bienes que el juez decimoquinto penal, Leslie Loaiza, dispuso devolver a Rafael Guardia Jaén, exjefe del Programa de Ayuda Nacional (PAN), según una nota del Órgano Judicial.

Sin embargo, el Ministerio Público (MP) señaló que una de las cuentas que el juez devolvería al exfuncionario por $21 mil 782.58 tiene un depósito real de $3 millones.

Además, el MP reiteró que el Porsche Cayenne fue adquirido por Guardia Jaén cuando fungió como jefe del PAN entre 2012 y 2014, por lo que se oponen a esa devolución, además de la residencia en Costa del Este.

Entre los bienes aprehendidos suman $8.8 millones en depósitos a plazo fijo, cuentas corrientes y transferencias al exterior; además de 13 apartamentos, un yate, y tres tarjetas de crédito por $30 mil.

UN ACUERDO QUE DA PENA

Un acuerdo que da pena Expandir Imagen
Un acuerdo que da pena

El acuerdo de pena entre Rafael Guardia Jaén y el Ministerio Público, que pondría fin a todas las causas criminales en su contra, tuvo en la audiencia del 13 de diciembre un solo problema: el juez Leslie Loaiza malinterpretó la ley penal y el alcance del acuerdo.

LA LEGISLACIÓN

En el derecho penal existe una garantía fundamental denominada la “presunción de inocencia”. Esto significa que el Ministerio Público debe probar la culpabilidad de una persona para que haya una sanción penal. A esto último se le denomina la “carga de la prueba”.

En casi todos los delitos, la carga de la prueba la tiene el Ministerio Público o el agente de instrucción, excepto en las causas por enriquecimiento injustificado, que actualmente solo se le aplica a los servidores públicos, y a las de blanqueo de capitales. En estos dos delitos, el investigado debe probar el origen lícito de los bienes que posea o controle.

Para un funcionario, las pruebas utilizables no son las usuales. Desde la Ley 59 de 1999, se establece que varias categorías de funcionarios y los agentes de manejo, aquellos que administran fondos públicos, deben presentar una declaración patrimonial jurada ante un notario público que luego se entrega a la Contraloría General de la República, al tiempo de tomar posesión del cargo y posterior a la salida del mismo. Estas dos declaraciones juradas y las declaraciones de impuestos sobre la renta son las mejores pruebas que validan el origen lícito de los bienes propiedad del exfuncionario investigado.

Estos elementos de prueba le cierran cualquier oportunidad de evasión a aquellas personas que han sido servidores públicos. Si no hay una prueba de peculado, el exceso de bienes se puede considerar como enriquecimiento injustificado.

LOS COMUNICADOS

En el comunicado del Órgano Judicial fechado 13 de diciembre se dice que: “... tampoco se acreditó que fueran producto de blanqueo de capitales...”, refiriéndose a que el Ministerio Público tenía esa carga probatoria de determinar el origen ilícito de los bienes. Queda claro que esa interpretación de la ley no es correcta.

El principio de inversión de la carga probatoria es aplicable, según nuestro ordenamiento jurídico, a aquellas conductas que evidencian un aumento patrimonial, o que pretenden simular actividades que escondan el origen ilícito de ese incremento patrimonial.

El principio general se deriva del concepto de “enriquecimiento injustificado”. El artículo 351 del Código Penal dice en sus primeros párrafos lo siguiente: “El servidor público que, personalmente o por interpuesta persona, incremente indebidamente su patrimonio respecto a los ingresos legítimos obtenidos durante el ejercicio de su cargo y hasta cinco años después de haber cesado en el cargo, y cuya procedencia lícita no pueda justificar será sancionado con prisión de tres a seis años. La pena será de seis a doce años de prisión si lo injustificadamente obtenido supera la suma de cien mil balboas (B/.100,000.00)...”.

Según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, “justificar” significa: “Probar algo con razones convincentes, testigos o documentos”. Es decir, a quien le corresponde probar el origen lícito de sus bienes es al servidor público, no a los fiscales.

El artículo 254 del Código Penal que tipifica el delito de blanqueo de capitales establece que los delitos de peculado y enriquecimiento injustificado son precedentes para esta conducta criminal.

SECUELAS

Las consecuencias sistémicas de este “error de interpretación” del juez Loaiza son muy serias. Justo cuando los acuerdos de pena en los casos de corrupción de alto perfil se empezaban a convertir en la regla, derivados de la colaboración eficaz de participantes en las redes de corrupción, la decisión de Loaiza mancha este mecanismo jurídico, y genera dudas y cuestionamientos de la sociedad en general que deslegitima al sistema judicial.

Por otra parte, el acuerdo de pena establece una condena de 60 meses de prisión a cambio del cierre de todos los casos penales del señor Rafael Guardia Jaén. Es vital que el Ministerio Público entienda que debe explicar minuciosamente a la ciudadanía por qué se hizo este acuerdo tan favorable, y cuáles son los beneficios del mismo para el combate contra la gran corrupción.

Es muy conocida la historia de cómo en el Chicago dominado por la mafia, a principios del siglo pasado, se acuñó el término “lavado de dinero” para describir la manera en que el crimen organizado disimulaba sus exagerados ingresos. El mecanismo que sirvió para que importantes capos fueran enjuiciados fue utilizando el delito de “evasión fiscal”, una modalidad de enriquecimiento injustificado. El más grande capo de todos, Al Capone, no podía justificar su fortuna, sus falsas declaraciones de impuestos lo llevaron a la cárcel.

Un resultado similar en el funcionamiento de la justicia panameña todavía está por demostrarse. ¿Nuestra justicia será algún día capaz de condenar a un gran corrupto?

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