ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Cuestionan los fallos tardíos sobre los EIA

En los últimos años, la Sala Tercera de lo Contencioso de la CSJ ha invalidado varios estudios por considerar que causan graves daños al ambiente.

Procesan a ciudadanos por delito ambiental

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Invalidación tardía de EIA Invalidación tardía de EIA
Invalidación tardía de EIA

E l procurador de la Administración, Rigoberto González, está consciente de que durante los últimos años su despacho se ha topado con varios proyectos que, pese a haber sido aprobados por las autoridades, presentan anomalías en sus estudios de impacto ambiental (EIA) y en permisos para su ejecución.

Por ello, González ordenó recopilar cuántos casos de ese tipo ha evaluado la Procuraduría de la Administración en los tres años que lleva de gestión para enviar ese informe al Ministerio de Ambiente.

“Uno no debe limitarse a una simple formalidad de verificar si se cumplieron algunos pasos. Uno tiene que ser más celoso con estos proyectos. Las entidades deben tener técnicos que no se limiten a estar en un despacho, sino ir al lugar para evitar que uno o tres años después la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declare nulos los estudios ambientales”, manifestó el alto funcionario.

Durante los últimos años, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la CSJ ha invalidado varios estudios de impacto ambiental (EIA) por considerar que podrían causar “graves” daños a los recursos naturales o por contener información falsa.

Lo cuestionable es que algunos de esos fallos llegaron tarde, como el del P.H. Scala, ubicado en El Carmen, corregimiento de Bella Vista. La decisión se tomó cuando los desarrolladores del edificio solo esperaban el permiso de ocupación del Municipio de Panamá, lo que motivó el disgusto de los residentes de la comunidad que se oponían al proyecto.

INVALIDACIÓN TARDÍA DE EIA

Con los estudios de impacto ambiental (EIA) nacen los nuevos proyectos o desarrollos y, muchas veces, también los daños ecológicos y conflictos urbanos en las ciudades, si estos no cumplen con lo establecido en la normativa vigente.

Se trata de un documento que describe las características de una acción humana y proporciona antecedentes fundados para la predicción, identificación e interpretación de los impactos ambientales. Además, describe las medidas para evitar, reducir, corregir, compensar y controlar los impactos adversos significativos del proyecto propuesto.

Este es el concepto que plantea la Ley 41 de 1 de julio de 1998, por la cual se dicta la Ley General de Ambiente de la República de Panamá, que impulsó en su momento la Autoridad Nacional del Ambiente, hoy Ministerio de Ambiente (Miambiente).

Sin embargo, el propósito fiscalizador de los EIA pareciera no estar cumpliéndose. En los últimos años, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la CSJ ha invalidado varios de estos estudios aprobados por Miambiente, por considerar que los proyectos que se planteaban causarían daños ecológicos o contenían información falsa.

En su decisión más reciente –publicada en Gaceta Oficial la segunda semana del presente mes–, la Sala Tercera anuló el EIA categoría II avalado en 2014 para desarrollar un parque eólico conocido como Quijada del Diablo, en Chiriquí, debido a que la obra causaría “daños” a la Reserva Forestal Fortuna.

En este caso, la decisión judicial surgió antes de que el proyecto hubiese comenzado o estuviera terminado, lo que permite detener cualquier posible impacto a la naturaleza o al ser humano. Sin embargo, hay casos en los que el fallo que señala las anomalías, surge cuando la obra está prácticamente lista.

Un ejemplo de esto se dio con el EIA aprobado por Miambiente para la construcción del edificio P.H. Scala en la comunidad de El Carmen, corregimiento de Bella Vista. Allí, la Sala Tercera invalidó en 2016 el estudio porque se “obviaron” los resultados de la consulta ciudadana. Además, se mencionó que los responsables del proyecto debían iniciar los trámites de un nuevo estudio ambiental, debido a que el aprobado era de 2009 y, por tanto, había caducado.

El dilema aquí fue que la decisión judicial llegó cuando el edificio solo tenía pendiente el permiso de ocupación del Municipio de Panamá, lo que motivó el disgusto de residentes de la comunidad.

Para Susana Serracín, activista de la Alianza para la Conservación y el Desarrollo, esto revela que técnicamente Miambiente está“débil”. “Se está pasando por alto los aspectos técnicos y científicos que deben considerarse a la hora de aprobar un EIA”, expresó.

La ambientalista manifestó que como sociedad civil organizada no tienen otra opción que acudir al Órgano Judicial para frenar los “exabruptos”. Destaca que esto permite que los fallos generen jurisprudencia aplicable a otros casos.

OTROS CASOS

La lista de EIA frenados por la CSJ por irregularidades es más larga. Otro ocasión emblemática fue el estudio categoría II, para el desarrollo de un teleférico en el corregimiento de Ancón, anulado en 2011.

También está el que proponía la construcción de una planta de molienda de clinker, almacenamiento y expendio de cemento en Veracruz, el cual fue cancelado en 2016; así como el estudio para el desarrollo turístico en el Parque Bastimentos, en Bocas del Toro, conocido como Red Frog, en 2008. En todos estos casos la Sala Tercera detectó alguna falta en el EIA.

En 2017, el pleno de la Corte admitió un amparo de garantías que presentó el Centro de Incidencia Ambiental contra el EIA del proyecto Vertikal, un oleoducto que llevaría combustible al Aeropuerto Internacional de Tocumen, a través del área protegida Humedal Bahía de Panamá.

A diferencia de Miambiente, para los ambientalistas esa actividad es incompatible con la reserva natural.

La CSJ no es la única que se ha pronunciado. En los casos más recientes, el procurador de la administración, Rigoberto González, ha coincidido con los magistrados en que hay riesgo de daños al ambiente.

El año pasado, González hizo un llamado de atención a Miambiente al señalar que sus resoluciones y el EIA debían buscar la conservación de los recursos naturales del país y el bien común.

La postura del procurador se produjo cuando se discutía una posible concesión para un proyecto turístico en el refugio de vida silvestre Isla de Cañas, en Los Santos. González afirmó que los intereses colectivos están por encima de los particulares.

Según Harley Mitchell hijo, exdirector de Asesoría Legal de la desaparecida Autoridad Nacional del Ambiente, muchos de los EIA carecen de “metodología científica”, para conocer los verdaderos impactos sobre el ambiente. “El texto del estudio dice una cosa y se ejecuta otra. Un estudio puede parecer positivo, pero cuando se contrasta con la realidad, no corresponde, y eso es un delito”, aseguró.

EL DEBATE

Miambiente trabaja actualmente una propuesta para mejorar el proceso de evaluación de los EIA.

Una de las organizaciones que ha estado pendiente de este tema es la Red Ciudadana Urbana de Panamá, la cual ha planteado que los criterios para evaluar los EIA deben establecerse mejor.

Por ejemplo, pidieron que los estudios de edificios y otras estructuras que se construyan en el área urbana y que tengan más de dos pisos, obligatoriamente sean de categoría II, ya que algunas veces pasan como categoría I. También consideran que todo EIA debe pasar por consulta pública, la cual debe ser “vinculante”, porque son los ciudadanos que residen en el área de influencia del proyecto los que sentirán directamente sus efectos.

Esta petición se da porque, según los afectados, pese a que hay oposición ciudadana a algunas obras, esto no es tomado en cuenta.

Al respecto, Emilio Sempris, ministro de Ambiente, indicó que el nuevo documento que preparan sobre evaluación ambiental está en etapa de “edición final”.

“Panamá será el primer país de América Latina y el Caribe en integrar la evaluación y fiscalización ambiental en un solo trámite en línea”, dijo el funcionario, quien confía en que con eso los ciudadanos podrán estar más enterados de los EIA que llegan a la entidad.

De acuerdo con Sempris, el Panamá de hoy no es el país de 1998, cuando se estableció por ley la evaluación y fiscalización ambiental.

“En esta administración realizamos evaluaciones integrales y fiscalizaciones con drones, y coordinamos con las instituciones competentes y sociedad civil por medio de las consultas públicas”, adujo Sempris.

Procesan a ciudadanos por delito ambiental

Por  incumplimiento de lo establecido en un estudio de impacto ambiental   (EIA), un juez  de garantías formuló cargos  a tres  personas por delito contra el ambiente y el ordenamiento territorial  en la provincia de Darién.

Así lo informó el Ministerio Público a través de un comunicado, que detalla que  el 21 de diciembre de 2017 se efectuó una audiencia de  fase  intermedia  por los delitos mencionados.

Este caso tuvo su origen  el  23  de febrero de 2017, cuando los  promotores  del Plan Integral de Manejo Forestal Sostenible de la comunidad  de Mortí,  en la provincia de Darién, incumplieron  el EIA,  auditorías ambientales, programas de adecuación  y manejo ambiental, planes de manejo  forestal  e  inventarios forestales  aprobados  mediante la resolución  DINEORA-IA-235-2011,   de 29  marzo de 2011.  

En la audiencia, el Ministerio Público estuvo representado  por  el fiscal  Norberto Espinosa  Corpas, de la Fiscalía  de Investigación  y Seguimiento de Causas de Darién, mientras que el tribunal  de garantías  fue presidido por el juez de garantías  Dámaso Moreno   Solís.

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