impresoras fiscales. consumidores, obligados a pedir factura.

La DGI y el anuncio imposible

Empresarios piden que se reduzcan las dimensiones de los carteles que tienen que poner para advertir a los consumidores de que deben exigir la factura.

Las normas que regulan la puesta en marcha de las impresoras fiscales son una caja de sorpresas.

Una de ellas es la obligación que tienen todos los comercios de poner un cartel en el que se indique a los consumidores que están obligados a pedir la factura de su compra, y las multas a las que se exponen de no hacerlo: en concreto, un dólar o el 7% del valor del producto no facturado.

De no poner el anuncio, el empresario puede ser sancionado con $100 la primera vez que sea detectado; la multa se incrementará $100 en cada ocasión adicional que se compruebe el incumplimiento, dice la norma.

Hasta ahí no sería nada más que una nueva imposición de la Dirección General de Ingresos (DGI) a los comercios.

El problema es que, según las dimensiones exigidas del cartel y el tamaño de las letras, se hace complicado que quepa todo el mensaje que se quiere transmitir.

La Ley 72 del 27 de septiembre de 2011, la misma en la que se estableció un calendario progresivo de implementación de las impresoras y la obligatoriedad de solicitar factura, dice literalmente: “En todo establecimiento de venta de bienes o servicios a los consumidores, los proveedores de dichos bienes y servicios deberán colocar anuncio de las sanciones antes mencionadas, en forma clara precisa y en lugar visible al público , en un letrero de dos por cuatro pies y con letras reflectivas de ocho centímetros como mínimo”.

Los empresarios no han tardado en advertir el error: “El tipo de letra es muy grande para que quepa en un letrero de esas dimensiones todo lo que tendría que indicarse. Hubo un error en el texto de la ley y eso lo está revisando la DGI”, apuntó Irving Halman, representante de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura.

Además, el cartel debe ser de tal dimensión que es poco práctico para muchos negocios, lo que que probablemente no disponen de espaciopara su colocación.

La DGI, por su parte, reconoció que deberá recomendar modificaciones a las especificaciones establecidas en la Ley 72, referentes al tamaño y contenido de estos avisos.

Funcionarios y empresarios han mantenido reuniones para abordar este tema. Una de las soluciones que se consideran sobre el particular es reducir las dimensiones de textos y letras, y definir claramente el mensaje que deben contener estos anuncios.

Aunque todavía se baraja qué mecanismo legal se aplicará, porque la medida figura en una ley de la República, en la DGI trabajan con varios modelos alternativos, todos considerablemente más pequeños.

Mientras tanto, algunos comercios han empezado a poner los carteles, pero las letras apenas tienen separación entre sí, haciendo difícil la lectura del mensaje.

Así que no piense que debe hacer una visita al oculista la próxima vez que vaya a la panadería. La miopía fue de la DGI.

Un camino lleno de tropiezos

Para poner en funcionamiento las impresoras fiscales, el Gobierno ha emitido seis normas.

Desde que se empezó a hablar de la instalación de estas máquinas en los comercios, hace más de un año, se ha modificado en varias ocasiones el calendario de su puesta en marcha; los negocios que deben o no instalar los equipos; los créditos fiscales que recibirán los comerciantes por comprar las máquinas. Todavía queda pendiente una reglamentación de la ley, así como la corrección de los anuncios que tienen que colocar los comercios para advertir a los consumidores de que tienen que exigir su factura.

El caso de las impresoras no es aislado. La reforma fiscal sufrió varios cambios antes de ser aprobada, y tributaristas reputados han advertido, incluso, de errores gramaticales en las leyes. Errores que pueden influir en su interpretación.

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