Dan ultimátum al Gobierno para que investigue venta de tierras

El ministro de Gobierno, José Ricardo Fábrega, dijo que no tiene facultad para definir la legitimidad de los títulos entregados en área protegida.

Un mes de plazo dio la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y Derechos del Pueblo Ngäbe Buglé y Campesino al Gobierno para que revise cómo se realizó la venta de más de 2 mil hectáreas de tierra en zonas protegidas o, de lo contrario, advierten de que tomarían acciones de presión.

El ultimátum lo dio el presidente de la Coordinadora, Rogelio Montezuma, quien indicó que las autoridades ya se habían comprometido a investigar cómo se vendieron las tierras en la región de Río Caña, distrito de Kusapín, como parte de los acuerdos de marzo de 2012 para poner fin a las manifestaciones indígenas.

El dirigente pidió a la comisión de alto nivel del Gobierno que rinda un informe del resultado de la investigación, ya que se tiene prevista la construcción de un desarrollo turístico que desconoce la comunidad.

Montezuma exigió a las autoridades tradicionales –caciques y presidentes de los congresos regional y local– que informen a través de un congreso, donde participen los moradores, cómo se realizaron las ventas y quiénes están detrás.

El ministro de Gobierno, José Ricardo Fábrega, dijo que “ni la comisión ni el ministerio tienen facultad para intervenir en el proceso que tiene que ver con titulación de tierras ni mucho menos definir la legitimidad o no de esos títulos”.

Mientras Montezuma emplaza al Gobierno, el presidente del Congreso Regional Ño-Kribo, Willy Jiménez, dijo ayer estar a favor del proyecto de Desarrollo Ecoturístico Cañaveral, del político costarricense Antonio Álvarez Desanti, pese a haberlo adversado hace poco.

“Nosotros queremos que se explote turísticamente la zona, por lo que desde el 12 de abril pasado se creó una comisión de desarrollo turístico regional”, expresó.

Jiménez indicó que los programas sociales que ha llevado el Gobierno a la comarca “no han sido de gran solución”.

En cuanto al informe que le solicitó el Congreso General comarcal para determinar la legalidad de las ventas, dijo que solo se han vendido “dos fincas” y en “las otras ocho se investiga si se llegó a concretar la venta”, porque tiene conocimiento de que ello quedó en mero ofrecimiento.

Dijo conocer los nombres de los indígenas involucrados, pero que no los revelaría para no entorpecer las investigaciones.

Un año antes de conocer los fallos favorables –julio de 2009–, Álvarez Desanti aseguró haber iniciado negociación con la abogada Evisilda Martínez para adquirir tierras comarcales, trato que concluyó en julio de 2010.

Por el momento, Martínez ha preferido no hablar del tema con este diario.

En tanto, el abogado, Rubén Darío Moreno aclaró ayer que desde 2010 no tiene relación profesional con el estadounidense Jason Harris, a quien le suscribió sociedades anónimas. Aseguró que a partir de ese año no ha vuelto a formar parte de sus sociedades.

Moreno dijo que Harris pagó por sus servicios profesionales y desde ese año no lo ve.

Álvarez Desanti dijo que supo de las tierras que compró por Jason Harris, quien contactó a uno de sus socios.

(Con información de Flor Bocharel y Sandra Rivera).

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