Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Debaten libre asociación

En una audiencia en Washington, organizaciones exponen las restricciones que se les impone en Panamá.

Las organizaciones no gubernamentales (ONG) que quieren operar en Panamá, se enfrentan a un proceso de reconocimiento legal “ambiguo”, “poco claro” y “desconocido” para muchos.

Así fue expuesto en la audiencia temática sobre las restricciones a la libertad de asociación que ayer se llevó a cabo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que funciona en las oficinas de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington.

En la audiencia se trataron los casos de Panamá y otros cuatro países de la región: Nicaragua, Bolivia, Perú y Ecuador. Por Panamá participó Karla Pínder, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia.

La exponente señaló que en Panamá se exige que las ONG presenten documentos constitutivos, estatutos, junta directiva, lista de miembros, domicilio y plan de trabajo por los próximos cinco años ante el Ministerio de Gobierno.

“La información requerida es redundante y excesiva e impone cargas difíciles de cumplir y de alto costo económico”, señaló Pínder.

Los permisos son otorgados de manera discrecional y así mismo pueden ser revocados, ya que no existe un procedimiento establecido para ello.

´Trabas y controles´

En su último informe sobre la situación de los defensores de derechos humanos en las Américas, divulgado este mes, la CIDH reconoce que algunos Estados imponen trabas y controles arbitrarios y abusivos a la constitución y funcionamiento de organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos, las cuales pueden encontrarse en la legislación o en la práctica de las autoridades administrativas.

El informe destaca que algunos Estados han limitado la participación de las organizaciones, dado que exigen requisitos similares a los de conformación de los partidos políticos, “como la exclusiva participación de nacionales o la recepción de recursos financieros de fuentes exclusivamente nacionales”.

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