EL CASO DE LOS INDULTOS DEL EXPRESIDENTE MARTINELLI

Decisión afecta el modo de enjuiciar a los diputados

De acuerdo con el fallo aprobado por el pleno el pasado martes 30 de enero, la admisión de una denuncia o querella contra un diputado por parte de esa instancia tiene los mismos efectos jurídicos que una imputación.

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(De Izq. a Der.) Los magistrados Ángela Russo, Cecilio Cedalise, Jerónimo Mejía, Hernán De León, Wilfredo Sáenz, Oydén Ortega, Harry Díaz y Secundino Mendieta, durante la audiencia del pasado martes 30 de enero. (De Izq. a Der.) Los magistrados Ángela Russo, Cecilio Cedalise, Jerónimo Mejía, Hernán De León, Wilfredo Sáenz, Oydén Ortega, Harry Díaz y Secundino Mendieta, durante la audiencia del pasado martes 30 de enero.
(De Izq. a Der.) Los magistrados Ángela Russo, Cecilio Cedalise, Jerónimo Mejía, Hernán De León, Wilfredo Sáenz, Oydén Ortega, Harry Díaz y Secundino Mendieta, durante la audiencia del pasado martes 30 de enero. Luis García

Después de dos días de audiencia para discutir la apelación sobre la prescripción del caso de los indultos que se sigue al expresidente y actual diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) Ricardo Martinelli –el martes 30 de enero de 2018–, cinco de los nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia decidieron que el caso no había prescrito.

Según la decisión, el rompimiento del periodo de prescripción “ se concretó con la resolución de fecha 2 de julio de 2015, cuando se admitió la causa penal compulsada por el Ministerio Público (…)”. Es decir, la admisión de una denuncia o querella contra un diputado por parte del pleno de la Corte tiene los mismos efectos jurídicos que una imputación.

Para entender el alcance de esta decisión, es importante recordar el surgimiento del procedimiento especial para el juzgamiento de los diputados.

Cuando el procurador general de la Nación José Antonio Sossa (1994-2004) investigó el caso del Centro Multimodal, Industrial y de Servicios (Cemis), la clase política quedó sacudida ante la vulnerabilidad que tenían los entonces legisladores (actualmente diputados) frente a una investigación penal desarrollada por el Ministerio Público (MP).

La fórmula constitucional que existía hasta el final del gobierno de Mireya Moscoso (1999-2004) establecía que el procurador general investigaba a los legisladores y la CSJ los juzgaba. Para evitarse nuevos traumas similares, los legisladores se aprobaron una reforma constitucional en el año 2004 que remitía totalmente el proceso, es decir, la investigación y el enjuiciamiento, a la Corte, dejando por fuera al Ministerio Público de estas tareas.

Aparentemente, algunos diputados consideraban que este mecanismo era insuficiente para la protección de sus intereses. Así, los diputados, en tiempo de Ricardo Martinelli (2009-2014), aprobaron la Ley 55 de 2012 y desarrollaron un triple blindaje para reforzar su protección frente a cualquier pesquisa por delitos cometidos durante el término de sus funciones.

El primer blindaje consiste en el establecimiento del requisito de prueba idónea (artículo 488 Código Procesal Penal) para la admisión de una denuncia o querella contra los diputados, y que la propia Corte ha ido redefiniendo para excluir pruebas tales como declaraciones juradas y certificaciones oficiales, que fueron presentadas por el jurista Ernesto Cedeño en sus denuncias contra los actuales diputados.

El segundo blindaje es el que exige una supermayoría, de seis de los nueve magistrados de la Corte, según lo establece el artículo 495 del Código Procesal Penal, para condenar a un diputado.

El tercer blindaje y que le ha causado mayor confusión a la propia Corte es el de las formalidades del proceso de juzgamiento de un diputado de la Asamblea Nacional o del Parlacen.

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Para entender este blindaje hay que tener claro que el procedimiento normal establecido por el Código Procesal Penal parte de una “imputación”, es decir, la individualización procesal del investigado por parte del MP o del agente de instrucción. Efectuada la audiencia de imputación, se realizaría la investigación que compilaría evidencias e indicios suficientes para realizar una “acusación”. Realizada la audiencia de acusación, solo había un destino: el del juicio del acusado, salvo que este efectúe un acuerdo de pena.

Estos principios generales fueron cambiados por la Ley 55 de 2012, para que, en el caso de los diputados, no hubiese imputación, sino que tuviese que convocarse una audiencia de acusación.

En el caso de los pinchazos, así lo llevó adelante el magistrado Harry Díaz, siguiendo la regla del artículo 492 del Código Procesal Penal. Sin embargo, la propia Corte ha actuado de forma diferente en los casos del diputado Mario Lázarus y en el del diputado suplente Boris Edgardo Moreno, cuando utilizó el modelo de procedimiento común para iniciar el proceso contra los mencionados diputados, con una audiencia de imputación.

El dilema jurídico de esta incertidumbre procesal es sumamente serio.

Con la decisión cinco a cuatro del pasado martes 30 de enero, el pleno de la Corte determinó finalmente que la admisión de una denuncia o querella contra un diputado produce los efectos de una imputación. De esta forma, el pleno saneó y homologó el procedimiento para el juzgamiento de los diputados.

Ahora falta constatar que la Corte Suprema cumpla con su propia decisión y actúe coherentemente en este sentido. Si así lo hace, habrá caído un blindaje.

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